¿De qué depende realmente el acceso universal a las telecomunicaciones?
Con la ola privatizadora de los 90, el sector de telecomunicaciones en el Perú fue el único entre los sectores de infraestructura, como son los de agua potable o energía eléctrica, que quedó enteramente en manos privadas. Esa decisión dejó un gran reto de diseño regulatorio: ¿qué mecanismo debía ser utilizado para que el acceso a los servicios de telecomunicaciones esté disponible para todas y todos?
El desafío puede ser entendido en los siguientes términos: los operadores privados hacen negocio sirviendo a quienes pueden pagar y logran una ganancia legítima con la diferencia entre precio y costo. En una economía en crecimiento y llena de personas que aumentan sus ingresos año a año, el operador privado mantiene los incentivos para brindar servicios de calidad, mejorarlos y ampliar la oferta a esas personas que poco a poco mejoran su calidad de vida y están en condiciones de pagar. Las autoridades, sea el ministerio o el regulador, supervisan que el servicio se brinde de acuerdo a las condiciones establecidas en los contratos y en el marco general de las leyes vigentes.
Pero, ¿qué pasa cuando el costo de operación es muy alto? Tal es el caso, por ejemplo, de los centros poblados en la selva amazónica. Ofrecer servicios de telecomunicaciones a todos y cada uno de ellos era muy caro en los 90 y lo sigue siendo, aun con los avances en tecnologías de satélites de baja órbita (LEO por el acrónimo en inglés).
La otra cara de la medalla es la asequibilidad, o la capacidad de pago de las personas: ¿qué pasa si la gran mayoría de personas no puede pagar el precio regulado?
El reto regulatorio de los 90 fue abordado por los países que adoptaron las reformas económicas de esa década a través de varios instrumentos. En el caso del Perú, se incluyó 2.000 centros poblados en las obligaciones de expansión de Telefónica. Asimismo, se constituyó el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL) que recibe hasta ahora el 1 % de la facturación bruta de las empresas. Este diseño aseguró recursos para expandir la oferta costosa.
El FITEL fue originalmente administrado por el regulador OSIPTEL, y se concentró en ampliar la oferta de teléfonos públicos en áreas rurales —recordemos, eran los 90—. En 2006, el Congreso aprobó la ley que convirtió al FITEL en una entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Este cambio coincidió con la revolución de los teléfonos móviles. En 2008 hicimos un estudio sobre la expansión en las áreas rurales que fue titulado “Todos tienen celular”, porque daba cuenta de ello. Sea que tuvieran o no luz eléctrica, o señal en su centro poblado, los habitantes del campo sí tenían el dispositivo, sea subiendo a la punta del cerro para captar señal o cargando la batería cuando iban a la ciudad.
¿Fue por los recursos del FITEL que “todos tienen celular”? Pues, no. Fue por la competencia entre empresas para ampliar la cobertura de los servicios con diversas innovaciones, siendo la más apreciada la del prepago. Las autoridades también pusieron de su parte: en 2015 se promulgó la Ley de Portabilidad Numérica: si uno cambiaba de operador, no tenía que cambiar de número.
Esta es, pues, una larga historia que es necesaria recordar para entender mejor mi jugo licuado el pasado 28 de setiembre sobre un sector importante de peruanos desconectado de internet: las políticas que hemos implementado en el Perú para universalizar los servicios de telecomunicaciones han estado orientadas a la oferta y ninguna de ellas a la demanda. De otro modo, es muy difícil entender el hecho de que, a pesar de vivir en zonas urbanas con cobertura, peruanos y peruanas con empleos precarios o con bajos ingresos, continúen sin acceso a internet, que es ahora el servicio de telecomunicaciones por excelencia.
Si el FITEL tiene el mandato de expandir el servicio a áreas de preferente interés social, pues la manera de llegar a las zonas urbanas donde están los desconectados es con políticas de demanda. Treinta años después, ya lo deberíamos tener claro.
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Es muy simple las instituciones del estado funcionan de manera regular a mal. Los reguladores empezaron a funcionar medianamente cunado fueron creados, de ahí en adelante su trabajo es pésimo. Hablar de las telecomunicaciones en nuestro país es tan crítico ya que la pandemia nos desnudo al tener tener internet de mala calidad y sin cubrir el resto de las regiones.