Apagar un incendio siempre va a dejar víctimas inconformes
La búsqueda de soluciones a la crisis política en el Perú continúa esta semana y no se vislumbra un desenlace. En grueso, la calle exige la salida de la presidenta Boluarte, mientras que ella misma le pide al Congreso que se adelanten las elecciones, ya no para el 2024, sino para el 2023. El desgaste es cada vez mayor y la intransigencia del Congreso no deja de sorprender: en la noche del viernes 27 la moción del adelanto de elecciones fue derrotada, se opusieron la ultraderecha y la ultraizquierda. Faltaron unos 42 votos, los 45 que se consiguieron estuvieron muy lejos de ganar.
Se intentará una vez más mañana, lunes 30, y veremos si quienes tienen la voluntad de encontrar una solución desde el Legislativo muestran una mayor capacidad de convencer a los otros miembros del hemiciclo. Parece difícil. ¿Qué queda? Siempre está la alternativa de la renuncia de la presidenta, que forzaría la mano del Legislativo para llamar a elecciones en seis meses. Pero esta opción no carece de riesgos: ¿serán capaces los parlamentarios de ponerse de acuerdo sobre quién debe encargarse de la presidencia interina? ¿Se abrirá la posibilidad a más caos o a más autoritarismo? De momento, todas son opciones posibles.
Claramente, nos encontramos ante un impasse en medio de una situación explosiva. Las manifestaciones no cesan, el ejército ha sido enviado a Puno, la policía comienza el proceso de desbloquear las carreteras, se ha dado permiso para que los efectivos no vistan siempre de uniforme, y poco hace pensar que la situación está controlada, como dice la presidenta. La lectura que hacen algunos legisladores es sorprendente, parecen creer que pueden seguir en sus curules con menos del 10 % de la aprobación ciudadana.
En los últimos seis años, el enfrentamiento entre el poder Ejecutivo y el Legislativo ha llegado al punto de desencadenar la actual ingobernabilidad extrema. El Perú tiene un sistema híbrido que no es plenamente presidencial, pero que tampoco es de verdad parlamentario. Cuando el Legislativo estaba en manos del mismo partido que el Ejecutivo, o si este lograba formar una coalición para gobernar, las costuras en el sistema no eran tan evidentes. Fujimori no tuvo nunca problemas; su partido dominaba los dos poderes y cuando dejó de hacerlo se dedicó a comprar congresistas, razón por la cual se terminó por desmoronar su mandato. Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala lograron organizar coaliciones para gobernar porque no les faltaban tantos legisladores para obtener los consensos mínimos y el sistema resistió.
Pero lo que vimos tras la elección de Kuczynski en 2016 fue que el Legislativo, controlado por el fujimorismo, decidió tomar su propio rumbo y ejercer el poder con las consecuencias por todos conocidas. Fue ese el momento en que comenzamos a transitar esta espiral descendente en la que nos encontramos, aparentemente sin posibilidad de escape. Las elecciones de 2021, si bien no le dieron la primacía absoluta a un partido en el Congreso como en 2016, dejaron al presidente Castillo sin apoyo en el Legislativo y ahora vemos cómo tampoco contribuyen a que se encuentre una solución.
En parte, la crisis se debe a la imposibilidad del sistema de permitir un balance entre los poderes que nos lleve a la gobernabilidad y, en gran medida, ello se debe al sistema político en sí y este es uno de los motivos que lleva a que uno de los grandes reclamos de momento sea el cambio constitucional. El gran problema que tenemos es que no hay un consenso real sobre cuál es el mejor camino para llegar a un cambio que permita que nuestro sistema sea más representativo y que permita la gobernabilidad.
Si bien creo que es un error pensar que el cambio de las leyes puede cambiar a la sociedad, no me parece que este sea motivo suficiente para rechazar de plano el cambio constitucional. Queda claro que el sistema que tenemos no está funcionando. El desempeño del país en los últimos seis años es la mayor prueba de ello. El fetichismo de la defensa de la Constitución no debe cegarnos ante la realidad de que, de momento, tenemos un problema grave en lo que se refiere a la representación. El miedo a que la Constitución resultante de un proceso de consulta pueda ser peor en algún tema que nos resulte importante no debe ser suficiente para que nos opongamos a lo que, a todas luces, parece ser el proceso que de momento necesita el país.
Cómo llegar a ello no es sencillo. De momento, con los ánimos tan caldeados, con casi 60 peruanas y peruanos muertos, toda nuestra energía y empeño deben dirigirse a buscar una solución al impasse. Por ahora, esta parece ser el adelanto de elecciones, pues la poca legitimidad de nuestros representantes se reduce con cada negativa que tienen al cambio que se viene y que se necesita.
La historia peruana está llena de cambios constitucionales, de elecciones fuera de momento, de violencia y de arbitrariedad. Esperemos que se pueda encontrar una salida a la crisis que no incluya más muertes, ni más falta de representación. Cada vez me parece más evidente que el primer paso a la salida se encuentra en las urnas.
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POR EL MOMENTO LO PRIMORDIAL ES LA RENUNCIA DE LA ASESINA DINA Y OTAROLA PSICÓPATA, LUEGO VOLVER A LA CONSTITUCION DEL 79, ELECCIONES GENERALES