¿Por qué Perú, Argentina y Guatemala son países clave en memoria y violencia futura?
Esta semana tuve la oportunidad de asistir en Indiana, Estados Unidos, a la presentación del libro El Choque de la rendición de cuentas (traducción libre de Accountability Shock: Why Transitional Justice Prevents Criminal Wars in New Democracies) de Guilermo Trejo, Lucía Tiscornia y Juan Albarracín, que acaba de publicar Cambridge University Press. El subtítulo es clave, porque nos explica por qué la justicia transicional podría prevenir guerras criminales en las nuevas democracias.
Los autores, investigadores de Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame, han llegado a esta conclusión después de un exhaustivo estudio comparativo en América Latina tanto en procesos de regreso a la democracia, así como en el énfasis que se le puso a la justicia transicional con respecto a la violencia política.
Trejo, Tiscornia y Albarracín establecen tres comparaciones: la primera se enfoca en por qué la aplicación de la justicia transicional en Perú hizo que, a diferencia de México, la contrainsurgencia no se transformara en una guerra de drogas. La segunda analiza cómo la aplicación de la justicia transicional en Argentina evitó que se desataran guerras criminales en los barrios marginales, como sí sucedió en Brasil. Y la tercera estudia cómo la aplicación de la justicia transicional en Guatemala permitió el desarrollo alternativo a las políticas de mano dura que se han impuesto en El Salvador.
A pesar de que sus procesos de justicia no han sido perfectos, los tres países presentaron informes de comisiones de la verdad. El Nunca Más de Argentina sigue siendo un referente en la región, a pesar de que muchos de los crímenes que ahora se contemplan, como los de violación sexual, no se mencionan. En el caso peruano, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación estableció un testimonio oficial sobre lo sucedido, a pesar de que en este momento algunos lo pongan en duda. Mientras que en Guatemala se hicieron dos informes: el REHMI, llevado a cabo por la Iglesia católica, y la Memoria del Silencio, realizada por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, entidad organizada con base en los acuerdos de paz.
En los tres casos se dieron también juicios que marcaron precedentes, como el juicio a las juntas de 1985 en la Argentina, y los juicios en Perú a Alberto Fujimori, a Vladimiro Montesinos y a muchos de los perpetradores de violencia por parte del Estado. En el Perú se juzgaron, además, a todos los cabecillas senderistas y del MRTA, no una sino dos veces, ya que los juicios con tribunales sin rostro realizados en tiempos de Fujimori se volvieron a hacer y todos los acusados se encontraron, una vez más, culpables. En Guatemala los juicios tardaron en llegar, pero se hicieron sin contemplaciones, a pesar de que la condena al general Ríos Mont por genocidio fuera anulada por un detalle técnico.
En estos tres países —aunque con dificultades, demoras, idas y venidas, como fue el caso de las amnistías en los años 90 a los perpetradores en el caso argentino—, la justicia ha seguido actuando y los juicios no solo se volvieron a abrir a partir de 2003, sino que muchos de los delitos que antes no estuvieron contemplados sí lo fueron en un segundo momento. Además, en Argentina, Perú y Guatemala existen museos de la memoria, y no solamente los creados por el Estado, sino también los que se han hecho en los mismos lugares de tortura y por las asociaciones de víctimas.
Los autores encuentran que ese mismo nivel de rendición de cuentas no existió ni en México, ni en Brasil, ni en El Salvador. Si bien este último país tuvo una comisión de la verdad, esta no pudo llevar ninguno de los casos a juicio y todos los testimonios que se dieron en su momento se guardaron en una bóveda que se mantiene sellada en Suecia. Cinco días después de entregado el informe se dio una ley de amnistía —declarada inconstitucional en 2018— y el avance de la justicia ha sido escaso desde entonces.
En Brasil se creó la Comisión Nacional de la Verdad en 2011 y su informe fue emitido en 2014, pero bajo el claro mandato de que se trataba de un órgano de investigación no judicial, que ni juzga ni castiga delitos. Más de quince años después del fin de la dictadura brasileña, este espacio no llegó realmente a lidiar con los abusos cometidos en el pasado. En un país donde la dictadura duró más de veinte años, no existen lugares para la memoria comparables a los de Argentina, Perú o Guatemala, y solo en los últimos años el cine se ha convertido en el espacio privilegiado para explorar el horror que allí se vivió.
El caso de México es, sin duda, el más complejo: su retorno a la democracia plena parecía haber sido el más sencillo, ya que el PRI dejó el poder en el año 2000 por elecciones y todo indicaba un futuro apacible, a diferencia del Perú, que en ese momento también hacía su transición. Sorprendió a los investigadores que en México se abandonara todo intento de iniciar un proceso de justicia transicional —no hubo una comisión de la verdad, no se llevaron a cabo juicios, no se construyeron museos sobre ese pasado— y que esto haya coincidido con una posterior espiral de violencia.
En suma, los autores consideran que el “choque de rendición de cuentas” explicaría por qué algunos países enfrentan menos violencia que otros, pero también dejan en claro que la “inoculación de la vacuna” que representa enfrentar el pasado tiene una validez limitada. Que si se ataca la justicia con leyes de amnistía, se destruyen los museos y se dejan de tomar en cuenta los abusos que se sucedieron por acción del Estado, se puede caer en una espiral de violencia.
Algo de esto parece estar sucediendo en el Perú. Un motivo más para defender la memoria.
¡No desenchufes la licuadora! Suscríbete y ayúdanos a seguir haciendo Jugo.pe
