El proceso de Kafka se queda chico en el Perú
Imagínese usted como el mejor estudiante de Economía de su promoción en una prestigiosa universidad peruana, con el logro de un doctorado en una universidad de prestigio mundial. Regresa al Perú en momentos de reconstrucción nacional y acepta trabajar para el Estado. Claro, es un Estado aún pequeño, que está todavía sentando las bases de nuevas maneras. Para atraer al talento peruano hacia el servicio público, incluye normas que le aseguran que, si lo enjuician —como se hacía antes con cualquier funcionario público—, el mismo Estado se hará cargo de la cuenta de su defensa.
Usted cumple con sus obligaciones, poniendo esfuerzo y dedicación en la mejora de la infraestructura, para lo cual aplica criterios técnicos y su mejor juicio.
Pero usted no sabía —y, si lo sospechaba, no tenía ninguna prueba o certeza— que en otros niveles del Gobierno se transaban las obras y las coimas.
Pasan los años, explotan los escándalos y usted se ve envuelto en una investigación fiscal. El Estado tiene que averiguar quién cometió delitos, dictar penas y recuperar el dinero malhabido por mal llamados funcionarios: algunos, designados; otros, elegidos por el pueblo.
Como usted actuó bien, de acuerdo a la ley, con la certeza de nunca haber acordado o cometido acto criminal alguno, confía en que saldrá del proceso rápidamente. Que ese costo de la defensa legal que le prometió el Estado alcanzará y que no tendrá que recurrir a sus ahorros, sus ingresos o su patrimonio para lograr la mejor defensa posible. Según sus criterios de rectitud, decir la verdad será suficiente y el término de la investigación preparatoria —tres años— será todo el tiempo que necesitará invertir en esa pesadilla.
Pues resulta que no: la fiscalía lo pasa a condición de “imputado” en la siguiente fase (investigación preparatoria) y el juez que acompaña los actos de la fiscalía le carga con todo lo que esta pide. Por ejemplo, el juez acepta que le embarguen los bienes, y ¡zas!, sus bienes están embargados (sé de casos en los que ni siquiera notifican al embargado). No importa que varios testigos del mismo caso hayan indicado que usted actuó correctamente (y no solo eso, sino que sus acciones ponían trabas a las iniciativas de la empresa corrupta). Lo mismo señalan otros imputados que ahora se han convertido en colaboradores eficaces (porque sí admiten delitos): que usted no tuvo absolutamente nada que ver en el delito.
A usted no solo le han embargado sus bienes, sino que ahora tiene que generar ingresos para seguir pagando a abogados, así como a peritos que den cuenta de que su patrimonio está perfectamente explicado. Usted piensa que con el siguiente escrito ante el juez ya saldrá de este sinsentido, pero no, el juez sigue llevando el amén a los pedidos de la fiscalía.
Con lo cual usted pasa a juicio oral. No existe un ápice de prueba que lo involucre en el delito siquiera de lejos, pero todos los jueces que pudieron acabar con el absurdo lo reforzaron. Usted piensa: ahora sí; son jueces que, como dictarán sentencia, tendrán que leer y valorar las pruebas que están a mi favor.
No, vuelve a estar equivocado: el colegiado de tres jueces encuentra que “como usted tiene tanta experiencia, debió darse cuenta”. Yo había entendido que un proceso penal no era cuestión de darse cuenta sino de contar con pruebas que, sin dudas, sostengan que usted es un delincuente. En el caso que relato hoy, todos los testigos e imputados han afirmado que no tuvo rol alguno en el delito.
Falta un detalle: aquel que representa a la empresa corrupta afirma que otro personaje en el proceso sí recibió coima y que usted no. Fiscales y jueces toman como verdadera una parte de la declaración —la del otro delincuente coimero— pero no aquella parte que lo exonera.
Palabras más, palabras menos, lo que acabo de compartir describe el caso de Alberto Pascó-Font. ¿Hasta cuándo?
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