Más pistas sobre la reconciliación que aún procesamos en América Latina
La vista del lago Atitlán desde el poblado de San Lucas Tolimán en las primeras horas de la mañana transmite una serenidad especial, podríamos decir mágica. El Atitlán es un lago al suroeste de Guatemala, rodeado por tres volcanes y doce pueblitos, lo cual compone un paisaje cautivador. Durante mis breves días en este hermano país había ido apreciando la diversidad natural, cultural y lingüística del país, pero esa mañana mi atención regresaba una y otra vez a lo que había conocido días antes en Ciudad de Guatemala, a unas cuatro horas en carro; particularmente a las historias de violencia, desplazamiento y memoria que continúan atravesando su historia reciente.
Uno de esos lugares había sido la Casa de la Memoria Kaji Tulam, una pequeña casona en el centro histórico que ofrece una exhibición desde los conocimientos de los pueblos mayas hasta las dictaduras y el conflicto armado interno. También visité la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, donde se preservan materiales vinculados al proyecto de memoria histórica REMHI y miles de testimonios recopilados para el reporte Guatemala: Nunca Más, un equivalente del informe final de la CVR en Perú. Recuerdo especialmente los impactantes murales del archivo arzobispal, que acompañan visualmente un espacio ya cargado de historias, documentos y ausencias.
Desde Perú, conocemos poco de esta historia. Las cifras, sin embargo, ayudan a entender la magnitud de lo ocurrido. El conflicto guatemalteco se extendió durante 36 años y terminó formalmente con los Acuerdos de Paz de 1996. Alrededor de 200 mil personas murieron o desaparecieron, y más de un millón y medio fueron desplazadas; el 83 % de las víctimas identificadas pertenecía a pueblos mayas. El informe REMHI estimó cerca de un millón de desplazados internos y unos 400.000 exiliados. Detrás de esas cantidades hubo pueblos abandonados, familias separadas, personas que nunca regresaron y comunidades obligadas a reconstruir sus vidas lejos de sus territorios.
Los Acuerdos de Paz en Guatemala abrieron entonces otra etapa, atravesada por preguntas sobre cómo convivir con las consecuencias de más de tres décadas de violencia. Incluyeron compromisos relacionados con las poblaciones desplazadas, los derechos de los pueblos indígenas y el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos. La Ley de Reconciliación Nacional de 1996 concedió también amnistía para determinadas conductas vinculadas al conflicto, aunque excluyó delitos como genocidio, tortura y desaparición forzada. El final de una guerra no resuelve por sí mismo qué hacer con las desapariciones, las responsabilidades pendientes o las memorias de quienes sobrevivieron.
Al visitar Santiago Atitlán, otro poblado cerca del mencionado lago, también pude escuchar a lideresas indígenas hablar sobre experiencias de violencia y sobre las formas en que sus comunidades continuaron preservando sus lenguas, conocimientos y prácticas culturales. La presencia de las culturas mayas aún se percibe en las lenguas, textiles, mercados y las relaciones con el territorio, pero después de conocer mejor la historia reciente del país esa continuidad adquirió para mí otra dimensión y me dio más alcances para entender la dura resistencia que ha requerido el mantener comunidad y cultura a pesar de la violencia y el desplazamiento.
Desde Estados Unidos, lugar donde resido, Guatemala se lee desde su migración. En 2023 vivían allí cerca de 1.3 millones de personas nacidas en Guatemala, y si se considera también a quienes se identifican como de origen guatemalteco, la diáspora superaba los 2.3 millones. Durante la pandemia, las caravanas centroamericanas hicieron especialmente visible una crisis vinculada a pobreza, desplazamientos, desastres naturales y problemas sociales que los acuerdos de paz no pudieron resolver. Mirar esos movimientos únicamente como episodios fronterizos deja fuera una historia mucho más larga.
Mientras aprendía sobre todo ello, una frase de Eduardo Galeano regresaba constantemente a mi cabeza. Al referirse a las madres de Plaza de Mayo en Argentina, escribió que se habían negado a olvidar “en los tiempos de la amnesia obligatoria”. Esto me hizo eco al recorrer espacios de memoria en Guatemala sin pensar en las distintas maneras en que nuestras sociedades han intentado administrar pasados complejos. La Casa de la Memoria y los otros espacios existen, precisamente, porque esta necesita ser conservada y transmitida.
Aunque la historia reciente de Guatemala se siente entrelazada con la de Perú, entiendo que los contextos de ambos países comparten ciertas diferencias. En el Perú, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) estimó alrededor de 69.280 muertos o desaparecidos durante la violencia y el terrorismo entre 1980 y 2000, y encontró que el 75 % de las víctimas fatales tenía al quechua u otra lengua indígena como lengua materna. En Guatemala, la proporción de víctimas mayas evidencia también el impacto desproporcionado que la violencia tuvo sobre poblaciones indígenas y rurales. Los actores y circunstancias fueron diferentes, pero en ambos casos esa dimensión resulta central para comprender lo ocurrido.
También me sorprendió el tener que admitir cuán poco conocemos los peruanos sobre Guatemala. Por ejemplo, Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz 1992 y una de las figuras indígenas latinoamericanas más reconocidas internacionalmente, suele leerse desde el Perú con cierta distancia. Y pensando en eventos relativamente recientes, recordaba que en agosto de 2025 el gobierno peruano promulgó una ley de amnistía para determinados miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía y los comités de autodefensa involucrados en hechos ocurridos entre 1980 y 2000, una medida cuestionada por organismos de derechos humanos. Durante su promulgación, Dina Boluarte habló de la necesidad de “voltear la página”. Y ahora, mientras transcurre el gobierno de Keiko Fujimori, hay un deseo de censurar y desacreditar espacios como el Lugar de Memoria (LUM).
En suma, conocer la experiencia guatemalteca me hizo pensar en cuánto necesitamos aprender de otros procesos de América Latina para comprender mejor nuestras propias disputas por la memoria. En el Perú, preservar esa memoria sigue siendo indispensable, porque más allá de lo que digan los políticos de turno, la reconciliación no se construye dejando atrás una historia difícil, sino afrontándola.
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