Un concepto importante que la comisión de reformas económicas debe tomar en cuenta
Hace un par de semanas, el gobierno peruano nos sorprendió con una noticia importante: la designación de comisionados para hacer propuestas de reformas en materia económica. No será ni la primera ni la última vez que un gobierno, sea entrante o a mitad de su periodo, busque el apoyo ad honorem de expertos nacionales para realizar recomendaciones sobre alternativas de políticas públicas. Por fortuna, los designados son profesionales de primera, con amplia experiencia en los temas que les han encargado: laboral, inclusión financiera, gestión pública o tributación.
Para que estas comisiones funcionen es importante darles un plazo —cuanto más corto, mejor— y una secretaría técnica rentada para poder producir los estudios y la documentación de respaldo de las propuestas de la manera más sólida posible.
Deseando que, luego de diez años de idas y vueltas, las decisiones tomadas por estas comisiones sean incisivas, bien sustentadas y mejor ejecutadas para salir del ritmo de crecimiento económico raquítico que vivimos, me permito apuntar hacia un tema que considero crucial.
Si bien para efectos del análisis de las causas de los problemas y de las posibles soluciones resulta muy razonable separar los cuatro terrenos señalados —laboral, inclusión financiera, gestión pública y tributación—, tenemos que verlos como problemas de raíz entrelazada. Me explicaré mejor con un ejemplo de fácil comprensión para cualquiera de mi generación. Quien emplea a personas que cuidan de sus padres, tiene que inscribirlas en el Seguro Social y en el sistema de pensiones. Para ello, tiene que escribir un contrato y subirlo al sistema debidamente firmado. Luego, uno como empleador tiene que estar inscrito en la SUNAT para poder hacer los pagos mensuales. Si la persona cuidadora decidió aportar a la AFP, uno debe estar inscrito como empleador para poder hacer los pagos mensualmente también. Hasta donde sé, ninguno de los sistemas a los que aquí me refiero están pensados para personas naturales que contratan a una sola enfermera, o a dos, máximo. Todo está pensado para un PRICO (principal contribuyente).
Planteado así el tema, pareciera que la formalidad es un asunto de costos de transacción: requiere un esfuerzo no menor contar con todos los respaldos que acrediten que he obrado bien y que nadie debería amenazarme con multas cuando las entidades responsables no encuentran una determinada constancia.
Pero existen trabajos de investigación —precisamente, uno de Miguel Jaramillo, hoy comisionado— que muestran que es la entrada al ecosistema formal el principal factor a considerar para la toma de decisiones, y no el mero costo de inscripción o de registro.
Porque si no estás en el ecosistema formal, no tienes los papeles necesarios para acceder a los mercados de servicios financieros formales y se dificulta que tu negocio crezca, que alcance economías de escala, y así genere los excedentes para poder financiar los costos de transacción de la formalidad y la pertenencia a ese ecosistema.
Y al estar excluido del ecosistema de la formalidad, la única manera de que un ciudadano aporte al bien común a través de los impuestos será con impuestos indirectos que, a su vez, pueden enfrentar mucha resistencia porque se los considera injustos.
Así, el reto de mis colegas comisionados es cómo lograr propuestas integradoras para que cada persona en el Perú sienta, en su respectivo ciclo vital, que puede alcanzar sus aspiraciones de vida.
Un objetivo nada menor.
Les deseo a mis colegas la mejor de las suertes.
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