El desarrollo genuino combina PBI, oportunidades y confianza
Durante décadas, los economistas hemos concebido al Estado desde una perspectiva fundamentalmente tecnocrática. Esta mirada, aunque rigurosa en su análisis, ha mostrado límites importantes que vale la pena examinar.
En los años noventa, la discusión sobre el rol del Estado se articulaba con claridad casi matemática. El Informe sobre el desarrollo mundial 1997 del Banco Mundial planteaba el debate en términos de los teoremas fundamentales del bienestar: el primero, enfocado en eficiencia; el segundo, en equidad. Desde esta óptica, las intervenciones estatales se clasificaban en mínimas, moderadas o dinámicas.
Las funciones mínimas eran aquellas capaces de hacer surgir mercados: protección de derechos de propiedad, seguridad, política macroeconómica, protección de salud pública y defensa de fronteras. En materia de equidad, el Estado debía limitarse a la atención de desastres naturales y el alivio de la pobreza. Y aquí cabe una distinción crucial: aliviar la pobreza significa evitar que la gente muera de hambre; superarla implica que las personas desarrollen poder de agencia y puedan participar en mercados laborales. La diferencia no es menor.
La lógica era impecable: adaptar lo que el Estado podía hacer a las capacidades reales de sus funcionarios, e ir ampliando gradualmente esas capacidades y, luego, las funciones.
Veinte años después, el mismo Banco Mundial publicó un nuevo informe sobre desarrollo mundial que, manteniendo el énfasis en el rol del Estado, incorporaba una dimensión fundamental: la gobernanza, entendida como esas maneras de ponernos de acuerdo alrededor de las funciones que se habían establecido dos décadas antes.
¿Por qué este giro? Porque los tecnócratas llegábamos a decir «hay que hacer esto; es lo eficiente», pero resultaba que lo eficiente no era necesariamente lo deseado por las personas. Había pérdidas muy intensas que generaban rechazos muy fuertes y hacían inviables políticas que, en teoría, iban a aumentar el PBI.
Esta evolución nos llevó a comprender que el desarrollo no puede entenderse única y exclusivamente alrededor de que la torta crezca, de que crezca el PBI. También importa que las personas se sientan mejor y que tengamos mejores oportunidades y mayor poder de agencia. Mayor capacidad de vivir la vida que consideramos valiosa, al mejor estilo de Amartya Sen, premio nobel de economía.
Si como economistas estamos preocupados por las instituciones, las reglas y las organizaciones que tienen que hacerlas cumplir, tenemos que estar preocupados también por la calidad de vida de las personas. Las mejoras en el PBI que pueden derivarse de mayor seguridad o del combate a economías ilegales tendrán un efecto directo en la capacidad de las personas de tomar decisiones y de ejercer esa democracia, esa manera de ponerse de acuerdo sin violencia para la provisión de bienes de consumo colectivo.
Pensemos en ejemplos concretos: si no tenemos un buen transporte público, si cada vez que nuestros familiares se enferman tenemos que organizar una colecta, hipotecar o vender la casa, si tenemos miedo cada vez que nuestros hijos viajan en transporte público porque no sabemos en qué momento puede ocurrir una tragedia, con esos miedos no hay forma de tener una democracia fuerte.
Los tecnócratas hemos aprendido, quizás demasiado lentamente, que la eficiencia técnica sin legitimidad social se sostiene en cimientos de arena. Que el Estado no solo debe ser capaz, sino también debe responder a las necesidades y aspiraciones reales de las personas. Que el crecimiento económico es condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo. Y que, al final del día, las instituciones más sólidas son aquellas que permiten a las personas vivir sin miedo y con dignidad.
Esta no es una concesión del rigor técnico, sino su evolución natural: un Estado verdaderamente eficiente es aquel que sirve para que las personas puedan desarrollar sus capacidades y ejercer su agencia. Solo así podremos implementar políticas sostenibles y construir una democracia genuina.
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