La expansión del fuero militar amenaza la justicia y los derechos humanos
Paul Montjoy (Chiclayo, Perú) es abogado, investigador y escritor. Actualmente cursa un doctorado en Literatura Hispánica en la Universidad de Rutgers.
Cada vez que un ciudadano muere a manos de un policía o un militar, la primera pregunta debería ser: ¿quién investigará lo ocurrido? La reciente ley aprobada por el Congreso peruano cambia parte de esa respuesta. Al ampliar la intervención del fuero militar-policial en hechos cometidos por policías y miembros de las fuerzas armadas durante el ejercicio de sus funciones, dificulta que presuntas violaciones de derechos humanos sean investigadas y sancionadas por jueces civiles independientes. Aunque esta práctica no suponga por sí sola una inmunidad automática ni elimine en todos los casos la competencia de la justicia ordinaria, sí reduce los controles frente a posibles abusos estatales.
En ese sentido, sí allana el camino para que la flamante presidenta electa, Keiko Fujimori, gobierne con menos controles frente a posibles abusos estatales. Esto, que es la antesala de lo que se vendrá en el próximo gobierno, no supone ninguna novedad. Como es ampliamente conocido, el fujimorismo 2.0 —es decir, aquel que se fraguó después del régimen— ha realizado una implacable labor acaparando instituciones (Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Ministerio Público), destituyendo o sancionando enemigos políticos y poniendo al sistema democrático contra las cuerdas.
El cambio de generación no ha alterado la relación del fujimorismo con los derechos humanos. Keiko Fujimori mencionó durante su campaña que el Perú debería retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de los pocos espacios de protección de derechos en contra de la arbitrariedad del Estado; ha sostenido con sus votos e influencia en sus aliados políticos al gobierno de Dina Boluarte, que asesinó a cerca de 50 personas, incluyendo menores de edad; ha aprobado una serie de leyes que prescriben los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002 (es decir, los cometidos durante el gobierno de su padre) que atentan directamente contra los tratados internacionales firmados por el Perú en materia de derechos humanos; ha aprobado reformas a la Constitución de contrabando, cambios ad hoc en las normas electorales y leyes que entorpecen la investigación criminal; y ahora, por si fuera poco, ha dado impunidad para que los policías y militares puedan cometer crímenes sin ser juzgados por la justicia ordinaria.
Basta observar la historia de los abusos de las fuerzas armadas para saber que lo aprobado pone en peligro al ciudadano común. Nuestras fuerzas armadas tienen un largo historial de abusos y violaciones de los derechos humanos. Desde la mitad del siglo pasado, hemos sido testigos de una serie de masacres a civiles por parte de militares: desde Huanta hasta los muertos de Boluarte, pasando por Putis, Accomarca, Barrios Altos y La Cantuta, estas últimas en el contexto de la lucha contra los grupos terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA. En este mismo año se dio a conocer la noticia de los cinco jóvenes acribillados a balazos por militares en Colcabamba, también el asesinato de un joven de 17 años en una comisaría en Manchay y, por si fuera poco, ha vuelto a salir una historia ya conocida: los abusos físicos a cadetes en las escuelas militares. Es decir, existe una cultura militar y policial enraizada (que es mucho más antigua que el fujimorismo) que tiene que ser reformada si queremos ser un país democrático en serio. En una democracia seria, todos los ciudadanos, sin importar su ideología ni condición social, tienen acceso igualitario a la justicia. Todos tenemos derecho a tener un juicio justo y probar nuestra inocencia. Nadie, ni siquiera las fuerzas armadas, tiene derecho a matar.
Trasladar al fuero militar-policial casos de abusos cometidos por policías y militares en ejercicio de sus funciones restringe el acceso de las víctimas a una justicia independiente y puede entorpecer la sanción efectiva de violaciones de derechos humanos. Una de las mayores dificultades para juzgar a policías y militares que cometen crímenes siempre ha sido el pacto de silencio; es decir, el encubrimiento entre ellos. Dejar la justicia a los fueros militares es fortalecer ese pacto y, por lo tanto, restringirle el acceso a la justicia efectiva a los civiles que son víctimas de abuso policial. Esto supone una violación al debido proceso. Además, a lo largo de la historia del Perú, quienes más han sido víctimas de los abusos policiales y militares han sido los ciudadanos de las clases bajas que muchas veces no tienen los medios para defenderse.
Keiko Fujimori fue consultada hace poco acerca de la controversial ley y respondió defendiendo a los cuerpos policiales (justo en la misma semana del asesinato en Manchay). ¿Acaso quien pierde a su hijo, a su hermano o a su padre por un abuso policial o militar no tiene derecho a tener un juicio justo y ser reparado en lo posible? ¿Cómo se construye una democracia cuando en la práctica se avala el abuso policial y militar?
El triunfo electoral de la señora Fujimori por menos de un punto porcentual, después de tres derrotas consecutivas, debiera suponer la apertura del nuevo gobierno a alianzas políticas y técnicas más allá de Fuerza Popular, pero, conociendo el inexistente talante democrático de la señora Fujimori, me atrevo a decir que tratará de gobernar en solitario y de imponer su plan de gobierno a pesar del enorme rechazo que este genera teniendo en cuenta los resultados de la primera vuelta.
El Congreso ha allanado el terreno para que la señora Fujimori viole derechos humanos con toda impunidad. Las alarmas están encendidas: el marco legal que se ha construido desde el parlamento prefigura un gobierno que puede ser tan autoritario como el Alberto Fujimori. La diferencia es que el padre necesitó un golpe de Estado para acaparar las instituciones, mientras que su hija las ha acaparado corroyendo lentamente el sistema. El padre recibió una férrea oposición de la comunidad internacional, mientras la hija accede al poder en un contexto más complaciente, donde la extrema derecha internacional está en el poder y no fiscalizará los actos del nuevo gobierno, al mismo tiempo que gran parte de los medios de comunicación nacionales seguirán comportándose como oficialistas.
Ojalá me equivoque.
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