Un estudio confirma que el éxito de la inversión privada está ligado a la inversión pública
¿Puede una empresa agroalimentaria reducir la pobreza más eficazmente que una política pública? Hoy existe mayor evidencia para responder mejor a esa pregunta, gracias a una investigación realizada a la cadena productiva de la empresa agroindustrial peruana Danper —medida junto con BID Invest— y a un estudio propio sobre la localización de la agroindustria en el Perú entre 1993 y 2017. Son dos estudios que apuntan a lo mismo, aunque desde distintos ángulos.
En el estudio sobre la localización de la agroindustria que hice junto a Álvaro Hopkins, analizamos por qué las empresas que transforman productos agrícolas, pecuarios o pesqueros se localizan donde se localizan, y qué efecto tiene esa decisión sobre la pobreza monetaria distrital. Usando el padrón de SUNAT y los censos de 1993 a 2017, encontramos que solo 222 de 1.749 distritos tuvieron alguna presencia agroindustrial en ese periodo; en 145 surgió como novedad. Donde la agroindustria apareció, el efecto fue considerable: entre 6 y 8 puntos porcentuales de reducción adicional en la pobreza monetaria, incluso tomando en consideración —“controlando”, dirían mis colegas economistas— las condiciones iniciales de cada distrito. El efecto es más robusto cuando la agroindustria demanda insumos primarios locales —fruta, hortaliza, legumbre— que cuando procesa insumos importados o manufacturados, porque solo en el primer caso se generan eslabonamientos hacia atrás con la agricultura de la zona.
La empresa Danper ejerce, precisamente, ese tipo de agroindustria: alcachofa, espárrago, mango y palta comprados a productores de Virú, Majes, Chepén y Piura. Su medición con BID Invest —el Índice de Pobreza Multidimensional de Alkire y Foster aplicado a 380 agricultores de su cadena— ofrece la contraparte microeconómica de lo que mi estudio observaba solo a nivel distrital. El 25 % de esos agricultores vive en pobreza multidimensional, muy por debajo del 37 % nacional y del 77 % de las zonas rurales de sierra y costa. La empresa lo explica por dos vías que se suman: selecciona proveedores con más capital humano que el promedio rural y les ofrece mercado internacional, financiamiento y asistencia técnica sin costo. Es el mecanismo de eslabonamiento hacia atrás que mi investigación detectaba estadísticamente, ahora con nombre, apellido y doce indicadores.
Pero conviene no leer estos datos como una historia de éxito redonda. Las brechas que persisten entre los agricultores de Danper —42 % sin conexión al desagüe, 30 % sin acceso efectivo a la salud, 28 % sin secundaria completa, 35 % de hogares con desempleo entre los miembros no proveedores— son, casi todas, de infraestructura pública o de calidad de la mano de obra: exactamente las variables que mi estudio con Hopkins identificaba como determinantes de dónde se instala —o no— la agroindustria. Una empresa puede financiar un centro de salud propio, pero no puede tender una red de saneamiento distrital, ni construir una carretera. Y las mujeres —que solo son un 29 % de los proveedores— enfrentan 9 puntos porcentuales más de probabilidad de pobreza que los hombres, explicada por su menor logro educativo: 39 % de ellas no terminó secundaria, frente a 23 % de ellos. Un problema de política educativa, no de responsabilidad corporativa.
¿Qué hacer, entonces, con la conclusión de que la agroindustria reduce la pobreza? Tomarla en serio como argumento de política industrial agroalimentaria, pero no dejarla como anécdota de reputación empresarial. Mi estudio señala que las economías de aglomeración y el acceso a mercado explican dónde prospera la agroindustria; Danper muestra qué hace esa empresa, ya instalada, con la población que la rodea. Ninguna de las dos cosas ocurre por generación espontánea del mercado: la primera requiere ordenamiento territorial y conectividad; la segunda, un modelo deliberadamente diseñado para compartir valor. Si el Estado quiere replicar en los 1.527 distritos sin agroindustria lo que ocurrió en los 145 que sí la tuvieron, el punto de partida no es más subsidio a la empresa, sino la misma infraestructura básica —agua, desagüe, educación secundaria— cuya ausencia sigue determinando, con la misma fuerza estadística de hace treinta años, quién sale de la pobreza y quién no.
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