Cuando un gobierno actúa en función de componendas y no de nuestras urgencias, es hora de unirse en un frente
Isabel Jurado es estudiante de la Maestría en Políticas Públicas en Harvard Kennedy School y actualmente presidenta de la Asociación de Estudiantes Peruanos en Harvard (HAPS). Especialista en inversiones de impacto con un enfoque en mercados emergentes. Previamente, trabajó en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú, donde contribuyó a impulsar iniciativas de inclusión e innovación financiera.
Hay momentos en la historia de un país que revelan con claridad sus mayores fracturas, y el Perú vive uno de ellos. Mientras una ola de incendios forestales se propagaba en más de 20 de las 25 regiones del país, el gobierno decidía exceder el protocolo oficial al otorgar un duelo nacional de tres días por el fallecimiento de Alberto Fujimori, un expresidente que fue condenado por actos de corrupción y delitos contra la humanidad. Aunque los incendios comenzaron a ser reportados desde el 9 de septiembre, el gobierno decidió esperar hasta el 15 de septiembre, un día después del entierro de Fujimori, para pronunciarse públicamente sobre la situación, dando cuenta de sus acciones en respuesta a la crisis ambiental. Esta demora inexplicable en la respuesta gubernamental evidencia una desconexión total entre las necesidades urgentes de la nación y las prioridades políticas de quienes están en el poder. Solo un país que ha corrompido su institucionalidad hasta límites insospechados puede tolerar que su gobierno esté enfocado en rendirle honores extendidos a un expresidente condenado mientras su territorio se incendia y sus ciudadanos mueren con él.
La diferencia en la respuesta del gobierno frente a cada una de estas dos situaciones —las flamas forestales y el fallecimiento del expresidente— es solo una de las tantas muestras de la fragilidad institucional en la que convivimos los peruanos. Lejos de estar enfocados en implementar políticas públicas como la atención inmediata de emergencias y la protección de recursos naturales, nuestras autoridades optan por decisiones que responden a intereses políticos coyunturales. El gobierno de Dina Boluarte, necesitado del soporte político del partido Fuerza Popular para mantenerse en el poder, ha optado por congraciarse con este grupo político declarando un duelo nacional extendido, olvidando las épocas en que ella misma llamó a Alberto el presidente más corrupto y a su hija, Keiko, la encarnación de la dictadura de su padre. Esta situación refleja cómo nuestras instituciones, en lugar de ser el pilar que sostiene el bienestar del país, se han convertido en herramientas flexibles al servicio de agendas particulares.
La realidad se vuelve aún más alarmante cuando examinamos que las decisiones legislativas recientes no solo responden a intereses privados, sino que además van en contra del bien común y hasta favorecen actividades ilegales. Un ejemplo claro es la Ley 31973, aprobada por el Congreso peruano en diciembre de 2023, que desregula las principales barreras legales contra la deforestación y crea un régimen que favorece la explotación desmedida de los bosques. Aquella ley suspendió la zonificación forestal, una herramienta clave de gobernanza ambiental, dejando al Estado sin capacidad de acción. Esta desregulación del sector forestal, promovida por el Congreso, beneficia directamente a los taladores y madereros ilegales, y demuestra así una vez más cómo se utilizan las instituciones para facilitar actividades que destruyen los recursos naturales del país.
No es la primera vez que este Congreso aprueba leyes que van en contra del interés nacional o que debilitan la acción de la justicia. Frente a nuestros ojos hemos visto desfilar la contrarreforma de Sunedu, el nombramiento de maestros desaprobados, la prescripción de delitos de lesa humanidad, el requerimiento de que las diligencias fiscales se realicen en presencia del investigado, entre otras. El silencio cómplice del Poder Ejecutivo frente a este desmantelamiento institucional no es casualidad. El duelo nacional de tres días por la muerte de Alberto Fujimori tampoco lo es. Estas acciones no son aisladas, son el intento de perpetuar un modelo político en el que el poder se utiliza para exclusivo beneficio de quien lo ostenta.
En este contexto, más que nunca, no debemos olvidar que el Perú necesita construir con urgencia un frente democrático dispuesto a asumir la defensa irrestricta del interés público en las próximas elecciones. Un frente democrático que tenga como principios centrales la recuperación de la institucionalidad, el respeto por el Estado de derecho y el compromiso inquebrantable con la transparencia y la justicia. El discurso dicotómico de las derechas y las izquierdas queda absolutamente obsoleto en un país donde quienes llegan al poder tienen como única consigna el desmantelamiento sistemático de las instituciones y la erosión de la democracia. Más allá de posturas ideológicas, la meta es luchar por la preservación de un Estado que funcione, que sea capaz de proteger los derechos de sus ciudadanos y que garantice mínimos de estabilidad, seguridad y justicia para todos. Tal vez, en un futuro cercano, nuestro sistema político esté a la altura de un debate de propuestas, pero hoy no: el fuego real y figurativo nos consume. La política no puede seguir siendo un juego de alianzas y cálculos mientras el Perú se incendia.
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