¿Cómo pasar de la defensa tardía a la ofensiva en esta vulnerabilidad climática?
Cada cierto tiempo, el Perú se enfrenta al mismo examen y lo vuelve a jalar. El rival se llama El Niño y, según los pronósticos, viene más fuerte que el anterior. Con la influencia adicional de la dana Aníbal, el sur ya lo está sintiendo: pescadores afectados en el lado peruano del Titicaca, turismo golpeado en el Valle Sagrado y Machu Picchu, la carretera cortada entre Atico y Ocoña en Arequipa, y también en Moquegua. En Lima, el problema tiene otro nombre: el desagüe. En San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Chorrillos, buena parte de los daños a viviendas y colegios no vino directamente de la lluvia, sino del colapso del sistema de alcantarillado, que simplemente no está diseñado para recibir esa cantidad de agua.
Lo más grave no es el fenómeno climático en sí. El Perú y Ecuador son, junto con otros países de la región, los más expuestos del mundo a este tipo de eventos, así que convivir con El Niño no debería sorprendernos. Lo grave es una debilidad que se repite desde hace muchas décadas: sabemos responder a la emergencia, pero no sabemos prevenir. Nos agarra, una vez más, con una incapacidad institucional para anticiparnos.
La ironía es que la plata sí ha existido. Desde 2010, el Ministerio de Economía maneja un programa presupuestal multisectorial —el PPR 068— pensado justamente para reducir la vulnerabilidad del país frente a desastres. Pero los informes de seguimiento de la Defensoría del Pueblo muestran, año tras año, una ejecución pobre. Y el problema no es solo cuánto se gasta, sino qué tan bien: existe una dirección dedicada a la calidad del gasto, pero todavía no hay indicadores objetivos para medirla en desastres. Un reciente reportaje de Ojo Público calculó más de 220 millones de soles en perjuicio económico solo en Lima.
El partido se está acabando. Estamos llegando a los descuentos y vamos perdiendo 4 a 0. Ya no podemos enfrentarnos a la derrota con la estrategia que hubiéramos querido. Las jugadas inteligentes —infraestructura verde en las cabeceras de cuenca, ordenamiento territorial, reubicación planificada de viviendas— ya no alcanzan para este año. Lo único que queda es ser pragmáticos: invertir lo que se pueda, en el poco tiempo que resta antes de las lluvias intensas, en descolmatación de ríos y en la infraestructura «gris» de siempre, la de cemento y fierro. No es la solución que hubiéramos elegido con más tiempo, pero es la que tenemos a la mano. Quizás en el sur andino se pueda implementar mejores respuestas de corto plazo ante lo que sería una aguda sequía similar a la de 1997-1998.
Pero reducir todo a la ubicación de las viviendas es un error, y también una forma cómoda de mirar para otro lado. La vulnerabilidad no depende solo de vivir cerca de un cauce o una quebrada, sino de una capa social y económica previa: pobreza, ingresos inestables, inseguridad alimentaria, desnutrición infantil. Esa es la vulnerabilidad estructural que empuja a miles de familias a ocupar espacios de riesgo, no porque quieran, sino porque no tienen otra opción. Por eso, comentarios como el del ministro de Economía —que «un poquito de lluvia no hace mal»— resultan desafortunados y, francamente, dramáticos: minimizan un riesgo que para muchas familias ya es una amenaza a su vivienda, su salud y su sustento.
Lo que viene en las próximas semanas exige dos velocidades a la vez. Una, urgente, para salvar lo que se pueda de este Niño con las herramientas que ya tenemos: descolmatación, infraestructura gris, coordinación entre niveles de gobierno, preparación ante las sequías en el altiplano andino. Y otra, de largo plazo, que empieza el día después de que pase la emergencia: construir, por fin, una gestión territorial inteligente, con infraestructura verde y planificación urbana, que reduzca la vulnerabilidad estructural antes de que llegue el próximo examen. Porque, tal como vamos, ya sabemos cómo termina el partido si seguimos jugando solo a la defensiva.
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