Ante la posible emergencia por El Niño, ¿será sensato cambiar autoridades como siempre?
La última alerta del ENFEN, la autoridad técnica que monitorea el fenómeno El Niño, calcula una probabilidad superior al 80 % de que este año el Perú enfrente un evento extraordinario. Quienes guardamos memoria de 1983 —yo recién terminaba la universidad y empezaba a trabajar, y vi cómo nos descontaban 10 % del sueldo en bonos para financiar la reconstrucción— sabemos de qué se trata. Pero el recuerdo más vívido para la mayoría es el de 1997-1998: la infraestructura del norte quedó destruida y una sequía severa azotó el sur.
El Banco Central ya puso números al riesgo: una pérdida esperada de dos puntos de crecimiento del PBI y entre 4.000 y 8.000 millones de dólares en daños concentrados en pesca y agricultura. En Piura, La Libertad, Lambayeque, Lima e Ica, decenas de distritos están en riesgo muy alto de inundación, con casi 1.400 establecimientos de salud y educativos expuestos solo en la costa norte.
Frente a un riesgo tan conocido y tan bien medido, uno esperaría una respuesta contundente de nuestras autoridades. No la hay. El presupuesto que los gobiernos locales y regionales tienen asignado para reducir vulnerabilidad y atender emergencias muestra niveles de ejecución que dan vergüenza: Tumbes, con 87 % sin gastar; La Libertad y Áncash, no muy lejos. Aclaro que no juzgo si esas obras específicas tenían sentido, sino que había dinero para prevenir efectos catastróficos ante la emergencia que se avecina y que, siendo generosos, apenas se tocó. Me han informado que hay ciertas autoridades que opinan que mientras sea una probabilidad, no habría por qué iniciar obras. Quiero pensar que se trata de un rumor malintencionado.
Aquí conviene pensar como economistas, aunque el término asuste: todo gasto no ejecutado tiene un costo de oportunidad. Con esos mismos recursos asignados a prevenir emergencias, hubiéramos podido aliviar la pobreza de 1.6 millones de personas, o construir y operar diez colegios de alto rendimiento. No es que falte plata: es que sobra en el papel y no llega a la gente.
Por otro lado, de las 31 obras de prevención planificadas tras El Niño costero de 2017, solo seis tienen un avance mayor al 80 %; catorce están prácticamente paralizadas. De 87 proyectos a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, apenas 28 superan ese mismo umbral. Casi diez años después de la última tragedia, seguimos sin terminar de construir lo que ya sabíamos que había que construir y eso, que el nombre de la Autoridad responsable —Reconstrucción con Cambios— auguraba, por lo menos en la declaración, hacer cambios en la formas de concretar las obras pero, como siempre, “el camino del infierno está sembrado de buenas intenciones”.
A esto se le suma una complicación adicional: el 1° de enero, en plena posible emergencia, asumirán funciones las nuevas autoridades regionales y locales que se elegirán el 4 de octubre. Ese día, quien lidera hoy la respuesta ante desastres en cada región y en cada distrito dejará el cargo y otro lo reemplazará. No puedo evitar imaginar la siguiente figura: en medio de una emergencia aérea, alguien tendría que avisar que, a partir de ahora, el piloto del avión será otro. ¿Cómo se transmite, en esas condiciones, el conocimiento acumulado, los avances, los contactos, los protocolos? Hasta donde sé, ninguna autoridad está pensando hoy en ese cambio. Me pregunto si no convendría postergar la transición de autoridades locales y regionales hasta el 31 de marzo.
Lo urgente, entonces, no es solo prepararnos para la lluvia. Es armar ya un comando de acción rápida, fortalecer la alerta temprana —hoy contamos con tecnología satelital que no existía en 1970, cuando el aluvión sepultó Yungay en el departamento de Ancash— y decidir cuanto antes cómo se manejará el cambio de mando en plena emergencia. Sabemos qué hacer. La pregunta, como hace casi diez años, sigue siendo si lo vamos a hacer a tiempo.
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