Las elecciones siempre revelan el gran problema estructural del Perú
La primera vez que se votó en el Perú fue durante el proceso de las Cortes de Cádiz. Entre 1810 y 1814 se realizaron una serie de elecciones a representantes al parlamento imperial, ideadas por quienes ocuparon el espacio que dejó la captura de Fernando VII por parte de Napoleón. La revolución que significó entonces la noción de que los votos de todos los hombres —que no fueran siervos o esclavos— fueran iguales, fue inmensa. Sobre todo, porque las autoridades de la península le dieron el derecho al sufragio en igualdad de condiciones a todos los descendientes de españoles y americanos, con lo cual incluso podían votar los indígenas. Quienes quedaron formalmente excluidos fueron los descendientes de africanos, con la excepción de aquellos que probaran que habían servido a la corona.
Se votaba no solo para elegir los diputados en Cádiz, sino también para las autoridades municipales y, como muestran los excelentes trabajos de Marissa Bazán y Margaret Najarro, esto levantó revuelo más de una vez en el virreinato peruano. En algunas localidades peruanas, la minoría de vecinos “españoles” pidió suspender el voto debido al posible triunfo de un alcalde indígena y el temor a sus posibles venganzas. En Cusco debieron ser suspendidas las elecciones en febrero de 1813 porque “una multitud de ciudadanos de todas las clases, la mayor parte de los que se llamaban de la plebe” se hizo presente, “levantándose aun los indios de la Plaza”.
Vemos, entonces, que la voluntad de desconocer el voto de algunos peruanos es tan antigua como nuestra experiencia votando. Es sorprendente —o quizás no tanto— que 215 años más tarde, para algunos en el Perú esa voluntad de anular el voto de quienes no consideran sus iguales no haya desaparecido, ni menguado. Lo que vivimos en la primera vuelta del pasado 12 de abril ha sido una repetición de lo vivido en los procesos del 2021 y, en menor medida, del 2016, cuando las acusaciones de fraude fueron utilizadas para buscar cambiar resultados electorales incomodos.
Los gritos destemplados de los sectores más recalcitrantes de la derecha han llegado al punto de hacer llamados a un “golpe militar democrático”, un oxímoron cínico, pues no existe forma de que un quiebre del sistema constitucional pueda ser democrático. Esto nos recuerda a los oscuros momentos del siglo XX en que se llamaba a los militares a tomar el control cada vez que se consideraba que el sistema no seguía favoreciendo a los de siempre. Un gran ejemplo es el de 1962, cuando las fuerzas armadas impidieron la elección del aprista Víctor Raúl Haya de la Torre y dieron un golpe de Estado para llamar a unas nuevas elecciones.
Pero el mundo ya no está en una situación en que se pueda aceptar que los militares tomen el mando de un país en América Latina. Lo que vemos, más bien, es el debilitamiento de las instituciones democráticas, y una forma de contribuir a ello es el cuestionamiento de la legitimidad de las elecciones. En este momento, en Perú ya hay quienes consideran que todo el proceso ha sido manchado por las irregularidades y viciado por un fraude, y que no puede ser respetado. Nada de esto es nuevo, ni en el Perú, ni en el mundo. Basta con que a un mal perdedor no le gusten los resultados para que acuse a las autoridades de trampa. El riesgo para la democracia es que ese mal perdedor tenga la capacidad de convencer a muchos y de deslegitimar el proceso entero.
Un paso menos, pero no necesariamente muy distante, es ejercido por quienes descalifican a los que votan de una manera con la que no están de acuerdo. Insultar al adversario político se ha vuelto parte del sistema democrático, pero desautorizar a quien tiene una opinión diferente es un paso que va mucho más allá, porque nadie conoce realmente qué puede motivar a otro a votar de la manera en que lo hace. Todos los electores parten de una lógica determinada, y entender cómo funciona, o qué es lo que puede motivar a alguien a elegir a uno o a otro, es una parte importante de la democracia.
Pero, ¿qué es lo que hace tan difícil en Perú entender estas diferentes maneras de ver la elección? Los análisis de las últimas semanas tras revisar los datos con mucha atención nos muestran que el problema del Perú sigue siendo la desigualdad, así como la dificultad de algunos de considerar que los otros tienen el mismo derecho y que, por tanto, son sus iguales.
El 30 de abril, el portal Wayka.pe difundió una imagen con la información del World Inequality Database de 2022 que muestra que el Perú sería el país más desigual del mundo si consideramos que ese año el 0.1 % de la población obtuvo el 21.64 % de los ingresos del país. (Pueden ver la imagen de su página de Facebook aquí).
Sea o no exacto ese primer y deshonroso primer puesto, ser parte de ese ránking explica gran parte del problema estructural al que se enfrenta el Perú y que se exacerba en cada elección. Quienes forman parte de la minoría afortunada están acostumbrados a que todo lo que quieren se pueda comprar; a que todos sus problemas —o una gran porción de ellos— tenga un precio y una solución. En los casos donde se percibe la ausencia del Estado, sea en infraestructura, salud o seguridad, las élites se encierran con sus recursos en espacios cada vez más pequeños, protegidos y exclusivos. Hace mucho tiempo que abandonaron el uso de los servicios públicos, si es que alguna vez los utilizaron.
Sin embargo, a la hora de las elecciones, ese control se hace mucho más tenue y difícil, ya que el voto masivo no es tan fácil de comprar o adquirir. Las elecciones, pues, son ese espacio que revelan tanto las inmensas brechas entre peruanos, como las dificultades de que consigamos un cambio real como nación.
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