Repasemos principios básicos antes de la gran marcha nacional de mañana
Hace un par de años escribí un artículo con siete ideas que deberían ser sentido común cuando hablamos del derecho a la protesta. Hoy, ante la inminente gran marcha nacional del 15 de octubre, quisiera ampliarlas y profundizarlas.
Debe quedarnos claro que la protesta no es una amenaza a la democracia, sino una expresión de ella. En contextos de tensión política, cuando los ánimos se polarizan y las instituciones parecen sordas, la calle se convierte en un espacio legítimo de reclamo ciudadano. Por eso, más que tolerarla, corresponde protegerla: garantizar que toda persona pueda expresar su desacuerdo sin miedo y sin violencia.
Estas son diez ideas para pensar —y defender— el derecho a la protesta.
1. La protesta es una forma de participación política. La democracia no se agota en las urnas. Protestar es una manera de ejercer ciudadanía y exigir que la legitimidad de las autoridades no sea solo de origen, sino también en el ejercicio del cargo. Salir a la calle es una expresión de libertad política. En cada protesta hay una reafirmación del derecho a ser parte activa de la vida pública, especialmente en contextos como el nuestro, donde el sistema parece cerrado a cualquier cambio.
2. Protestar es un derecho, no una actividad ilegal. Los ciudadanos pueden movilizarse en las calles sin necesidad de permiso y elegir libremente dónde, cuándo, cómo y por qué marchan. En un Estado de derecho, el punto de partida nunca puede ser tratar al manifestante como sospechoso; el punto de partida es reconocerlo como titular de derechos, aun cuando sus demandas incomoden al poder.
3. En democracia se respeta la protesta ajena. La discrepancia es legítima: podemos criticar una marcha, debatir sus consignas u organizar otra con ideas opuestas. Lo que no cabe es intentar silenciar al otro porque sus reclamos nos desagradan. La democracia no consiste en que “ganen” mis razones, sino en que todos tengamos la misma anchura de calle para expresarlas sin miedo.
4. La pluralidad es inherente a la protesta. Las marchas son espacios abiertos donde confluyen ideas y reclamos a veces contradictorios. Por ejemplo, en una marcha contra el gobierno pueden participar simultáneamente quienes defienden la Constitución y quienes piden una asamblea constituyente. Esa mezcla no diluye la agenda principal. Pretender una pureza imposible —“solo valen los que reclaman esto y de esta manera”— es desconocer la naturaleza misma de la acción colectiva. Una ciudadanía madura acepta la complejidad sin descalificar el conjunto por la conducta o el eslogan de algunos.
5. El derecho de protesta no es absoluto y la violencia es un delito. Como todo derecho, una marcha tiene límites claros. Golpear, destruir o agredir no es “expresión” de ese derecho, son delitos que deben ser investigados y sancionados. Precisar este límite, lejos de deslegitimar la protesta, la protege: marca una línea ética y jurídica que separa el reclamo legítimo de la coacción, y evita que se confunda el desorden de unos con la voz de todos.
6. La sanción es individual, no colectiva. El principio es sencillo y crucial: la responsabilidad penal se atribuye a personas, no a grupos. Si alguien roba una tienda o agrede a un policía durante una movilización, responde esa persona; no “los manifestantes”, ni “la marcha”, ni quienes pasaban a su lado. La imputación colectiva —culpar al conjunto por lo que hizo un individuo— es un atajo autoritario que criminaliza la disidencia y erosiona garantías básicas.
7. El uso de la fuerza debe ser proporcional. La fuerza pública existe para proteger derechos, no para suspenderlos. Por eso su empleo es siempre excepcional, gradual y proporcional al riesgo. En el Perú no existe pena de muerte por protestar: ningún agente puede decidirla de facto en la calle. Toda intervención debe seguir protocolos, los agentes del orden deben ser identificables y deben responder por sus acciones. Un manifestante no es un enemigo interno: es un ciudadano cuyo derecho a la vida, la dignidad y la integridad no se apaga cuando alza la voz.
8. El “terruqueo” pone en peligro a los protestantes. Etiquetar indiscriminadamente a la protesta como “vandalismo” o “terrorismo” es una forma de deshumanización que habilita excesos. Cuando se demoniza a quien marcha, se desactiva la empatía social y se normaliza la violencia institucional. Autoridades y medios de comunicación tienen un deber de cuidado: verificar, contextualizar y evitar estigmas que, en la práctica, abren la puerta al uso desproporcionado de la fuerza y a la impunidad.
9. La libertad de prensa y el registro público protegen la protesta. La cobertura periodística y el registro ciudadano son aliados del derecho a protestar. Las cámaras no son un obstáculo: son un contrapeso. Su presencia inhibe abusos, permite documentar excesos y preserva la memoria de lo ocurrido. Cuando se impide grabar o se hostiga a periodistas, se vulnera la libertad de prensa y se debilita el derecho a la verdad de toda la sociedad. La transparencia es una forma de protección.
10. Lo que está en juego no es una agenda: es la calidad de nuestra democracia.
Una sociedad que garantiza protestas seguras y escuchadas no es “débil”; es más fuerte, más civilizada y más justa. La manera en que un Estado trata a quienes disienten dice más de su salud democrática que cualquier discurso o ceremonia oficial. Escuchar el reclamo, incluso cuando incomode, es una muestra de fortaleza institucional y madurez política.
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