El proceso judicial que ordena, una vez más, el cese de la transmisión del programa La paisana Jacinta, revela aspectos de nuestra sociedad que nos cuesta ver y reconocer.
Por tercera vez un fallo judicial ha ordenado a Jorge Benavides y a Frecuencia Latina dejar de transmitir la comedia La paisana Jacinta por ser, legalmente, una vulneración a los derechos a la Dignidad Humana, Igualdad y no Discriminación, al Honor y la Buena Reputación y a la Identidad Étnica y Cultura (sic) de las mujeres andinas. han pasado seis años desde que Cecilia Paniura, Rosa Supho, Irene Quispe y Rosalinda Torres presentaron una acción de amparo para hacer respetar sus derechos constitucionales. La reciente decisión de la Corte Superior de Justicia del Cusco no cierra el debaten repara el daño ocasionado.
El hecho de que la emisión del programaba resolverse por la vía legal muestra que aún no tenemos un consenso sobre que es la discriminación racial y cómo opera. El juicio sobre el racismo continúa siendo subjetivo. hay quienes dudan que el personaje de Jacinta sea radicalmente discriminatorio o una evidencia de nuestro racismo. Tampoco es parte del sentido común que el racismo sea un problema para todos y todas, y no solo para aquella población directamente afectada por sus expresiones. La declaración de las propias mujeres andinas sobre lo ofensivo del personaje no fue suficiente para persuadir a Benavides o al canal de cancelar el programa.
Una de las magistradas de la Corte Superior de Justicia del Cusco también vaciló respecto a si la acusación de Paniura, Supho, Quispe y Torres estuviera fundada. Por esa razón, el 31 de enero pasado decidió que era improcedente la demanda de amparo contra Benavides. Yo no soy abogada, no estoy familiarizada con términos del derecho como A quo o pronunciamiento extra petita. La buena noticia es que no es necesario conocer eso para entender que la ponencia de la jueza Delgado Aybar y la apelación de Frecuencia Latina revelan la vigencia del debate sobre la existencia y las formas del racismo en el Perú.
De hecho, en su ponencia, la jueza con el único voto a favor de los demandados explicaba que “no existe una evidente afectación de los derechos denunciados como vulnerados” y “no existe acreditación de la afectación invocada por las actoras”. Es más, las demandantes son quienes en realidad trazan un vínculo arbitrario entre la representación que hace Benavides y las mujeres andinas. Es un espejismo que solo ellas ven y, por lo tanto, no es suficiente para que su demanda constitucional proceda.
Es duro leer tales argumentos en un documento oficial expedido desde el Poder Judicial del Perú. Varios de sus puntos se alinean con la defensa de Benavides y con los comentarios de quienes respaldan al personaje en Facebook y YouTube (donde el cómico supera los dos millones de seguidores).
La discriminación racial en el país es un delito desde el año 2000. El problema antes y ahora es que las y los jueces y fiscales encargados de aplicar la ley también tienen a su cargo decidir si una situación o acto es discriminatorio. Aún carecemos de una serie de criterios objetivos para determinar cuándo estamos ante el racismo. Esa ambigüedad es peligrosa. En nuestra sociedad es necesario estipular, por ley, cuándo la dignidad de las mujeres andinas es merecedora de respeto y más importante que la libertad de expresión y el “derecho” a reírse.
En el mundo de lo políticamente correcto peruano se reconoce sin duda que una persona es racista por pintarse la cara de marrón con arrugas y canas. En un mundo paralelo, en el mismo territorio, quedan peligrosas dudas sobre cuáles son los límites y qué derechos deben prevalecer. El fallo sobre el personaje de Benavides es esperanzador porque la mayoría en el juzgado coincidió en que el programa vulnera derechos. Si es un precedente para otros personajes como el Negro Mama, está aún por verse.
