Un recuento nos confirma que más vale votar bien por los parlamentarios
Esta semana se sumaron dos más a la lista de expresidentes presos en el Perú, dándole al país el récord de mandatarios encarcelados. Martín Vizcarra ha sido condenado a catorce años por malos manejos en la construcción de un hospital y una obra de irrigación cuando fue gobernador regional de Moquegua. Los jueces han encontrado suficientes indicios de que recibió coimas de los constructores. Apelará a la siguiente instancia y, a pesar de ello, si pudiese postular a las elecciones probablemente sería elegido. Su hermano, heredero de su caudal político, tiene una posición importante en las encuestas.
Pedro Castillo, en prisión preventiva desde su intento de golpe de Estado en diciembre del 2022, ha sido condenado a once años de cárcel por atentar contra la institucionalidad y hacerse del poder, siguiendo las pautas de Alberto Fujimori, cuando en 1992 cerró el Congreso. Y si bien no hay duda alguna de que Castillo intentó acabar con el orden constitucional, y por tanto debe responder ante la ley, la legislación peruana no lo contempla como delito en el Código Penal. Estos y otros vicios en el proceso preocupan, sobre todo porque gran parte de la población peruana lo considera víctima de un proceso abusivo. Aun así, si fuese candidato en las próximas elecciones, también tendría una gran aceptación a pesar de haber intentado violentar la democracia.
Estos dos últimos sentenciados engrosan la fila de expresidentes presos. Sus predecesores Ollanta Humala y Alejandro Toledo se encuentran tras las rejas. Alan García, el otro presidente acusado de crímenes de corrupción, no los acompaña porque cuando la policía intentó capturarlo en abril de 2019 prefirió pegarse un tiro antes que enfrentar la justicia. Mientras que Alberto Fujimori pasó más de quince años preso, condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad. No llegó a morir en la cárcel porque los repetidos esfuerzos de lograr su libertad finalmente dieron fruto. Algunos peruanos hoy votarían por él.
El expresidente Pedro Pablo Kuckzysnski se encuentra con prisión domiciliaria mientras sigue su proceso porque tiene más de ochenta años, en tanto muchos nos preguntamos cuándo comenzará a actuar la justicia en el caso de la depuesta Dina Boluarte, no solo por corrupción y enriquecimiento ilícito, sino porque durante su mandato murieron casi cincuenta peruanos en las protestas en contra de su régimen. Es así que todos los mandatarios de los últimos treinta años —exceptuando a los presidentes interinos Valentín Paniagua, Francisco Sagasti y Manuel Merino— han terminado en el banquillo de los acusados.
Durante esos mismos años el sistema mixto que caracterizó el arreglo constitucional peruano parece haberse desmoronado completamente. Cuando se dio la Constitución de 1993, el todopoderoso Fujimori dominaba el Ejecutivo y el Legislativo, así que jamás tuvo que hacerle frente a una oposición. En los tiempos de la transición dominaron los acuerdos precarios entre el Legislativo y el Ejecutivo, y las alianzas en los distintos congresos le permitieron gobernar a Toledo, García y Humala. Entre el 2001 y el 2016 se debatió mucho sobre el retorno a la democracia, pero en esos años se mantuvo el sistema corrupto de gobernar. La transición garantizó que este quedara prácticamente intacto, y la bonanza económica hizo posible robar aún más.
Esta convivencia se quebró completamente durante el periodo de Kuckzynski porque Keiko Fujimori se negó a aceptar su reñida derrota. Su bancada, inflada debido a los cambios en el sistema de representación, obstaculizó al gobierno desde el primer día. Tal fue la guerra, que el gobierno de Kuckzynski cayó y pasó a manos de Vizcarra, quien intentó limitar el poder del Congreso, cerrando el Legislativo y llamando a un referéndum. Pero ni esto ni la pandemia fueron suficientes para salvarlo y también fue depuesto por el nuevo Congreso. El primer presidente interino no duró más de una semana cuando la calle le dejó en claro a los parlamentarios que Merino les resultaba inaceptable. Sagasti logró terminar lo que quedaba del periodo y llamar a elecciones, pero Castillo se encontró en la misma encrucijada que Kuckzynski, ya que desde el primer día el Congreso estuvo en su contra tras acusarle de fraude.
A pesar de las protestas que acompañaron la salida de Castillo y la violencia que llevó a la muerte de muchos manifestantes en el sur del Perú, durante más de dos años la sucesora Boluarte se mantuvo imperturbable en su puesto. Aun cuando quedaba claro que tenía más interés en joyas y relojes de lujo, operaciones estéticas y viajes que en gobernar, se mantuvo en el sillón presidencial hasta que los niveles de inseguridad llegaron a ser estratosféricos y el cálculo político de los legisladores ante las elecciones llevó a su caída. Fue simplemente una cuestión de tener el número de votos, y la primera presidenta del Perú fue depuesta. La reemplaza un digno representante del Congreso actual, José Jerí, un hombre acusado de violación y sospechoso de enriquecimiento ilícito.
Estamos entonces frente a un nuevo escenario: los presidentes tienen cada vez menos poder y menos capacidad de acción. El Congreso tiene un absoluto poder de veto y puede decidir poner y sacar presidentes a su antojo, con simplemente tener el número de votos. Por otro lado, el futuro más probable de un mandatario es terminar en la cárcel. La corrupción y el abuso de poder están tremendamente enraizados, diríamos que hasta naturalizados, pero aun así los presidentes peruanos terminan rindiendo cuentas, casi siempre por corrupción, y lo más probable es que terminen presos. ¿Pero es esto un reflejo de la capacidad de la justicia? ¿O tiene más que ver con que los presidentes han ido perdiendo su poder y capacidad de gobernar?
A fin de cuentas, todo parece indicar que la presidencia importa cada día menos y, aun así, casi cuarenta personas se disputaran el puesto el próximo abril. ¿Será que debemos prestar más atención a quienes llegarán al Parlamento?
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