Congresistas, no es un trabajo cualquiera


Una economista desnuda al Homo economicus que habita en nuestros parlamentarios


La semana pasada intenté cambiar el foco de las preocupaciones por los costos económicos de las protestas hacia el costo de la ausencia de presentación política. Mi explicación se fundamentaba en comprender que las movilizaciones actuales tienen que ver con una insatisfacción con la manera en que se usa el poder por parte de aquellos que lo detentan, ya que resulta que tienen ese poder como fruto de nuestro voto. Al referirse a los costos de las protestas actuales, parecería que el problema se encuentra en estas y no en por qué se protesta. Ese era el punto.

Ahora bien, en días recientes se escucha y lee con más frecuencia reflexiones acerca de un conjunto de constataciones sobre el cálculo económico que hacen nuestros representantes políticos. ¿De qué se trata? Pues del gran diferencial que los datos muestran entre el sueldo actual de nuestros congresistas y los ingresos que declararon al inscribirse como postulantes. Más de 2/3 de los actuales parlamentarios ganan bastante más que antes de ganar las elecciones; para buena parte de ellos, el diferencial está en el orden de más del 100 % de sus ingresos previos. Por lo tanto, no tienen incentivos para dejar el cargo.

El argumento económico parece impecable: preferir la ocupación que paga más a aquella que paga menos. Esto es obvio y claramente cristalino en el mercado laboral privado, lucrativo y capitalista.

Pero los congresistas electos no concursaron a un puesto de trabajo en el que su desempeño es evaluado por supervisores y jefes y donde, a partir de ello, se determina su continuidad, ascenso o término. Todo lo contrario, fueron parte de un proceso de competencia por el poder político dentro del Estado, y para ello se sometieron a las autoridades electorales y remitieron toda esa información que ahora permite explicar su renuencia a dejar el cargo.

Debe ser dicho, además, que esa participación en la competencia política no fue realizada meramente como individuos ajenos a una colectividad. Aceptaron ser parte de partidos políticos y de sus listas partidarias y, una vez ganada la curul, ser parte de bancadas y beneficiarse de todo el apoyo que ellas otorgan en nuestro ordenamiento parlamentario.

Así, los individuos que hoy son congresistas lo son, en tanto los votantes les dimos la confianza a través del voto. No se deben a su libre albedrío, sino al mandato imperativo de sus votantes. ¿Pero cómo les comunicamos el sentido de nuestras preferencias ante temas críticos para nosotros? Aquí tenemos una falla que corregir: tiene que haber una relación directa entre el votante y su representante. Y cuando digo “relación”, aquí me refiero a la comunicación y a la rendición de cuentas. En el Perú, ahora, no las hay.

Siguiendo ese principio que dicta que nunca hay vacíos de poder, las encuestas de opinión pública ocupan ese canal de comunicación. En el Perú de febrero de 2023, los sondeos muestran una opinión pública que, de manera contundente, exige un adelanto de elecciones. Y buena parte de ella está suficientemente motivada sobre esta preferencia de cambio de representantes para movilizarse en marchas, y muchos han dejado sus hogares y viajado a Lima para hacerse escuchar. 

¿Qué incentivos tienen nuestros representantes para atender estos pedidos? La fuerza de los hechos recientes muestra que ninguno. La curul es vista como un puesto de trabajo temporal que, además, retribuye en demasía respecto de los costos de oportunidad, y cuyo desempeño, bueno o malo, tiene nulos efectos sobre una línea de carrera política debido a la ausencia de reelección. En este contexto, la reacción racional es evitar la salida y encontrar todos los argumentos posibles —y hasta los imposibles— para quedarse en el puesto. 

Es la reacción racional de un individuo en un puesto de trabajo, pero jamás es la que se espera de un aspirante a representante en una democracia representativa. La esencia del trabajo de un congresista es representar a quien votó por él o ella, y no maximizar su rendimiento crematístico personal. Esa reacción racional individual del mercado laboral resulta cínica en el mercado del poder político.


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3 comentarios

  1. José Octavio Ugaz La Rosa

    Estimada Roxana:

    Al margen del costo que significa para el Estado peruano pagar los sueldos de los congresistas, está el inmenso costo que representa todo lo que hacen mal, deshacen o dejan de hacer, sea por ignorancia, incompetencia, desidia o abierta corrupción. Y en este último aspecto es donde, de acuerdo a los intereses que en la práctica defienden, han avanzado más (o retrocedido más, desde el punto de vista del bienestar para nuestra sociedad).

    Antes, intereses particulares, algo torcidos y subterráneos, o abiertamente mafiosos y criminales, designaban a sus representantes en el parlamento para que apoyen sus causas, dicten, modifiquen o deroguen leyes de acuerdo a su conveniencia, o los defiendan con el velo de la inmunidad. Ahora, algunos de ellos se representan a sí mismos, sin intermediarios. Y en estas circunstancias, muchas de las decisiones que nuestros Congreso toman, como colectivo, resultan catastróficas.

    Frente a este panorama, en términos de costos resultaría más económico para el país incluso que se les pagara el doble, con la condición de que se queden en sus casas y no hagan NADA durante los cinco años que dura su mandato. Nos saldría mucho más barato, en términos económicos, sociales, políticos y morales. Así estamos…

  2. Elena Alvarez

    Roxana, bravo y por supuesto muy logico. Ninguno, o por lo menos una gran porcion de ellos seran incapaces de recibir un sueldo similar en el sector privado o publico. Quiza si se aceptara la reeleccion habria incentivos para renunciar y volverse a elegir. Lo que esta pasando ahora es realmente tragico.
    Lily Alvarez

  3. La felicito por su artículo, Roxana Barrantes, hace varios años me preguntaba lo mismo, leí un artículo en Alemania existe un Instituto donde estudian para ser los futuros parlamentarios, y es lo que nos faltaría, así como un Instituto de Vigilancia Ciudadana a la labor de los Congresistas, así como de los Presidentes Regionales, Alcaldes, Prefectos, adecuado a cada Región que dominen el Aimara, Quchua.

    Personas responsables, que por dinero no cambien los informes.

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