¿El nuevo Congreso corregirá el enorme daño que el anterior le hizo a nuestros jóvenes más talentosos?
Ariana, una joven de la región andina de Huánuco, tiene que decidir en cuestión de días si acepta o no su admisión a la competitiva Universidad de Oxford, en el Reino Unido. No es una duda académica. Tampoco es falta de mérito. Es, simplemente, que no sabe si el Estado peruano cumplirá con financiar la beca que durante años le dijeron que existía para estudiar una maestría en Políticas de Desarrollo. Como ella misma ha resumido en entrevistas con la prensa, no se trata solo de una oportunidad individual, sino de una decisión que puede cambiarle la vida y cuyo desenlace hoy no depende de su esfuerzo, sino de la incertidumbre estatal.
En plena era de la automatización y la inteligencia artificial, el recurso más valioso de un país es su gente. Más precisamente, su talento. Los países que han logrado transformaciones sostenidas en las últimas décadas, desde Corea del Sur hasta Irlanda, no lo hicieron por azar, sino por una apuesta decidida y constante por formar, atraer y retener capital humano altamente calificado. Aunque es un tema que me interesa e intriga de forma especial, también se trata de una conclusión respaldada con claridad por la investigación.
Informes del Banco Mundial han señalado de manera consistente que el capital humano explica una proporción significativa del crecimiento económico a largo plazo. Los países están perdiendo hasta el 51 % de sus ingresos futuros debido a brechas en educación, salud y habilidades. Décadas de evidencia exponen que la educación, en particular la superior, genera altos retornos económicos tanto para individuos como para países. De manera similar, la OCDE ha demostrado que la inversión en formación avanzada tiene efectos directos en productividad, innovación y gobernanza. En otras palabras, apostar por el talento no es gasto, es estrategia de desarrollo.
En el Perú, sin embargo, preferimos quedarnos en los slogans. “Lima, potencial mundial”, repiten algunos políticos, como si bastara con nombrar una aspiración para convertirla en realidad. Pero ¿qué políticas sostenidas respaldan esa promesa? ¿Qué decisiones presupuestales reflejan esa visión? ¿Qué señales damos, como Estado, a quienes ya están demostrando ese potencial?
La reciente incertidumbre en torno a la Beca Generación Bicentenario, de PRONABEC, ofrece una respuesta preocupante. No se trata de un programa improvisado, sino de una política pública que lleva alrededor de doce años apoyando a profesionales altamente calificados a cursar posgrados. Sin embargo, más de 300 jóvenes peruanos, en similar situación a Ariana, admitidos en universidades en el extranjero como Columbia o la Universidad de Manitoba, hoy no saben si podrán aceptar sus vacantes este 2026. El obstáculo no está en su talento, sino en la incertidumbre que genera el propio Estado. Algunos tienen apenas unas semanas para confirmar su ingreso.
El problema no es menor. Postular a estas universidades implica años de preparación y una inversión económica considerable, entre exámenes internacionales, certificaciones y costos de postulación, que muchas familias asumen con la expectativa de que el Estado cumpla su parte. Cuando esa promesa se diluye en el silencio administrativo o en la improvisación presupuestal, no solo se frustra un proyecto individual, se profundiza la desconfianza en las instituciones.
Y no, no es un caso aislado. Lo ocurrido previamente con Beca 18 a fines de 2025, cuando se asignaron apenas 50 millones de soles frente a los 793 millones solicitados a este programa dirigido a estudiantes de pregrado, ya había encendido las alarmas. Como han señalado diversos especialistas, el problema no es únicamente de recursos, sino de visión. Reducir drásticamente la inversión en becas en un país con profundas desigualdades educativas no es un ajuste técnico, es una decisión política sobre a quién se le permite acceder al futuro.
Nada de esto ocurre en el vacío. Depende, en última instancia, de cómo el Congreso peruano gestiona el presupuesto público. En los últimos años, el Legislativo ha aprobado numerosas normas con alto costo fiscal sin una planificación adecuada, encendiendo alertas sobre la sostenibilidad de la deuda pública. No se trata solo de cuánto se gasta, sino de en qué se decide invertir. Y hoy, entre presiones de gasto crecientes y cientos de medidas en trámite, el riesgo es claro, que el talento deje de ser prioridad.
Conviene recordarlo. Estos programas no son actos de beneficencia. Son mecanismos de movilidad social y de construcción de Estado. No es casualidad que países de la región con los que competimos por atraer inversión, como Chile o Colombia, sostengan políticas de formación de capital humano más estables. Cada estudiante que accede a una formación de alto nivel, en el Perú o en el extranjero, amplía las capacidades del país en áreas estratégicas, políticas públicas, ciencia, tecnología, regulación, cambio climático, salud. Y muchos de ellos regresan o mantienen vínculos activos con el Perú. Quienes regresan lo hacen con conocimiento, redes y experiencia. Regresan para contribuir.
Por eso, cuando se interrumpe o debilita un programa como Beca Bicentenario, lo que está en juego no es solo una promoción de estudiantes, sino la coherencia de una política pública de largo plazo. Un país no puede aspirar a ser “potencial mundial” mientras desinvierte en aquello que justamente lo haría posible.
En un contexto de crisis política, desconfianza institucional y escándalos recurrentes de corrupción, hay decisiones que deberían ser intocables. Apostar por el talento joven es una de ellas. No solo porque es justo, sino porque es inteligente. Abandonar esta meta no es solo un error técnico. Es una renuncia al futuro y, más aún, a formar a jóvenes que podrían fortalecer el propio Estado desde dentro y hacerlo, por fin, estar a la altura de sus ciudadanos.
Esto es particularmente relevante hoy. Hace apenas unos días, votamos por un nuevo Congreso bicameral que asumirá funciones en julio próximo. Será ese Congreso el que decida, en buena medida, si el Perú apuesta por sostener y fortalecer estas políticas o si continúa debilitándolas. La pregunta es simple. ¿Qué lugar tendrá el talento joven en esa agenda? ¿O simplemente lo dejaremos escapar?
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