Esperábamos un proyecto de delegación de facultades y recibimos una postergación.
Pensaba escribir esta semana sobre el contenido del proyecto de ley de delegación de facultades, ofrecido por el flamante Ejecutivo para el domingo que acaba de pasar. Pero ese mismo domingo, el ministro que asumió la vocería política de la presidenta Fujimori nos informó que no habría consejo de ministros y que, por tanto, tampoco habría anuncio. Lo que trascendió en la prensa es que los cuerpos técnicos de los ministerios —que todavía existen— estaban elevando recomendaciones y observaciones al contenido de un proyecto que ya circulaba, filtrado, antes de su presentación formal.
De aquí surgen dos preguntas. La primera: ¿por qué se filtró? ¿Fue una manera deliberada de “testear” la calle sobre un conjunto de reformas cuyo contenido no comento aquí, porque no formaban parte del discurso de investidura que la presidenta leyó al país el 28 de julio? ¿O fue, más bien, una maniobra de los opositores a la propuesta para ganar tiempo y moderar algunos de sus alcances? No lo sabemos todavía; probablemente lo sepamos pronto. Lo cierto es que, en boca de la propia presidenta, el anuncio quedó reprogramado para la semana siguiente. Veremos si se cumple.
Siempre puede surgir una emergencia que retrase aún más la remisión oficial del pedido de facultades al Congreso, cuyo trámite en la nueva composición de la cámara de diputados todavía nadie domina del todo. Al cierre de esta edición, no se conoce la composición de las comisiones que deberán dictaminar el pedido, y navegamos por una incertidumbre adicional a las que ya nos acompañan: la de un fenómeno de El Niño que, según los pronósticos, podría ser extraordinario y comparable al de 1997-98, y la de una escalada bélica en Oriente Medio que involucra a Estados Unidos, Irán e Israel, con Ucrania como variable adicional en el tablero.
Confieso que fui una de las ingenuas que sí esperaba que un gobierno encabezado por alguien que se preparó durante años para dirigir la nación llegara con mayor fortaleza y dirección desde el primer día. La filtración de un decreto antes de su anuncio oficial revela que la coordinación entre el Ejecutivo y sus propios cuerpos técnicos —la capacidad de la administración pública para procesar, validar y comunicar una decisión antes de que llegue a la prensa— sigue siendo el eslabón más débil de cualquier reforma, por bien diseñada que esté en el papel. Que no ocurra en la primera gran decisión normativa del nuevo gobierno no augura algo bueno para las que vendrán.
Cada vez que una propuesta de reforma llega a la opinión pública antes que al propio consejo de ministros, se debilita la posibilidad de construir consensos ordenados: los actores interesados reaccionan a un borrador sin validar, los medios especulan sobre intenciones que quizás no son las finales, y el Ejecutivo termina negociando en público lo que debería haber cerrado puertas adentro y, luego, ofrecido una narrativa homogénea. Ese patrón, repetido varias veces en los últimos años bajo distintos gobiernos, muestra un problema de diseño institucional: mientras no exista un circuito confiable entre los equipos técnicos, los despachos ministeriales y la presidencia, cualquier delegación de facultades —por urgente y justificada que sea su necesidad fiscal o normativa— arrancará bajo sospecha antes de haber sido siquiera debatida en el Congreso.
¿Estamos ante un problema de comunicación política o ante un síntoma de algo más profundo? ¿De la ausencia de una institucionalidad capaz de sostener el ritmo de las reformas que se anuncian? Entre la filtración de un domingo y el anuncio de la semana siguiente, ustedes, lectores de este espacio, deberían preguntarse si lo que estamos viendo es simplemente una demora táctica o el primer indicio de cómo, en la práctica, se va a gobernar durante los próximos meses, poco distinto de lo experimentado en los últimos años.
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