La reciente tentativa del Congreso, ¿punto de inflexión internacional?
Úrsula Indacochea es abogada, con estudios concluidos de maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid. Desde 2015 dirige el Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), desde donde se hace seguimiento a la situación de los sistemas de justicia de América Latina.
La semana pasada, el Congreso peruano aprobó activar un mecanismo para destituir a la totalidad de integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Se trata de una vía sumaria en la que una comisión parlamentaria —la Comisión de Justicia— investigará en un plazo de siete días las faltas que se invocan y emitirá un informe que luego será sometido a votación en el pleno del parlamento. Esto significa que, en un plazo aproximado de dos semanas, el Congreso podría haber acabado con una de las principales instituciones de control del país. No es la primera vez que el Congreso amenaza con destituir a los miembros de la Junta. De hecho, existen ya cuatro acusaciones constitucionales en trámite por hechos similares. Sin embargo, esta última decisión ha generado un rechazo casi unánime de la comunidad internacional. ¿Cómo leer esta reacción desde una mirada internacional?
Un primer elemento es histórico. La Junta Nacional de Justicia nació luego de desactivar a un corrupto Consejo Nacional de la Magistratura, que negociaba nombramientos y favores judiciales, incluyendo rebajas de penas para abusadores de menores, como quedó en evidencia en los vergonzosos audios que hoy conocemos como “CNM Audios”. Este ha sido un caso de corrupción judicial que es conocido y analizado a nivel regional, al nivel del caso “El Cartel de la Toga” de Colombia y los casos “Comisiones Paralelas” en Guatemala.
El caso peruano ha tenido mucha visibilidad, entre otras razones, porque ha puesto en evidencia que los consejos judiciales son instituciones estratégicas para las redes de criminalidad organizada que se incrustan en el Estado y que necesitan garantizarse impunidad. ¿Qué puede ser más conveniente que controlar una institución que tiene el poder de nombrar jueces y fiscales de todos los niveles, así como de removerlos?
En segundo lugar, tenemos un elemento jurídico de derecho internacional. Existen en la región varios casos de destituciones masivas de altas autoridades judiciales, que han terminado en condenas en tribunales internacionales por violación de la independencia judicial. Este tipo de violaciones se configura cuando se remueve a todos o a una mayoría significativa de los integrantes de una alta corte con el objetivo de neutralizarla, desactivarla, o sancionarla por el ejercicio de sus funciones. Constituye un ataque institucional, aunque en apariencia parezca que se cuestiona personalmente a quienes la integran.
Desde el caso Tribunal Constitucional vs. Perú, referido a la destitución de tres magistrados constitucionales durante el gobierno de Alberto Fujimori en 1997, pasando por los casos Camba Campos y Quintana Coello vs. Ecuador sobre la remoción de magistrados del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia ecuatorianos, la Corte Interamericana ha desarrollado una jurisprudencia robusta sobre juicios políticos contra altas autoridades de justicia y ha terminado condenando a los estados por removerlas sin un debido proceso y como represalia por las sentencias o decisiones que adoptaron. Además —y quizás esto sea lo más importante para el caso peruano y los posibles escenarios que aparecen en el horizonte— la Corte estableció en los casos ecuatorianos que la destitución masiva de una alta corte puede generar “una desestabilización del orden democrático” y una “ruptura de la separación e independencia de los poderes públicos” en los términos de la Carta Democrática Interamericana.
Otras destituciones masivas de altas cortes latinoamericanas han ocurrido más recientemente. En 2014 se produjo la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema en Honduras, y este caso está a punto de ser resuelto por la Corte Interamericana en el caso Gutiérrez Navas y Otros vs. Honduras. En 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador, con una nueva mayoría del partido de Nayib Bukele, destituyó a la totalidad de magistrados constitucionales de ese país sin siquiera notificarles los cargos. Un patrón autoritario se hace evidente detrás de este tipo de eventos: el poder político buscando eliminar los contrapesos democráticos.
En tercer lugar, existe un elemento político. El caso reciente de Guatemala, que ha movilizado al Consejo Permanente de la OEA, ha mostrado una de las caras más nefastas de los llamados nuevos autoritarismos: la utilización de mecanismos jurídicos propios de la democracia para desmantelarla. Investigaciones penales, allanamientos, detenciones y diversas figuras legales fueron usados por las autoridades guatemaltecas para impedir una segunda vuelta electoral, desconocer los resultados de las recientes elecciones y amenazar autoridades electorales. Las similitudes con el caso peruano no son pocas: en Guatemala existen también acciones jurídicas contra el presidente del jurado electoral. Las fiscales generales de ambos países han impulsado denuncias e investigaciones contra otros altos funcionarios. Guatemala y Perú, claramente, han vivido graves casos de corrupción judicial en el pasado reciente.
El caso guatemalteco ha generado un renovado interés por repensar cómo reaccionar desde los fueros multilaterales ante los quiebres democráticos, y considerar que los ataques a la democracia no son un asunto interno, sino que afectan a toda la región. La Carta Democrática Interamericana, paradójicamente impulsada por el Perú, vincula a los estados a defender y proteger esta forma de gobierno, y contiene algunas herramientas y mecanismos políticos que pueden activarse. Lo ocurrido recientemente con el ataque institucional a la Junta Nacional de Justicia desde el Congreso peruano puede ser ese punto de inflexión.
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