¿La última resolución del Poder Judicial detendrá el atropello a nuestro patrimonio?
Hay luchas que duran mucho tiempo y que parece que nunca van a terminar. El de la defensa del patrimonio documental del Archivo General de la Nación es una de estas, al menos en Perú. Por suerte, el colectivo de ciudadanos organizado para protestar ante el atropello que significa que la propiedad de todos se desperdigue a diestra y siniestra tiene toda la energía del mundo para seguir peleando por nuestros derechos.
El año pasado, ante el despropósito de una posible mudanza de nuestro acervo a un galpón industrial en el Callao, nos juntamos como colectivo y presentamos una moción de amparo y una medida cautelar. El proceso fue liderado por la entonces presidenta de la Academia Nacional de la Historia, Margarita Guerra Martinere; por el exjefe del AGN, Joseph Dager Alva, y por la jefa del Archivo del Instituto Riva Agüero, Magally Alegre Henderson, y se hizo realidad gracias a los buenos oficios del abogado Hans Cuadros Sánchez y sus alumnos de Derecho en la Universidad Científica del Sur. Y si bien la mudanza se detuvo en septiembre del año pasado —no en pequeña medida debido al arduo trabajo de informar y presionar—, el proceso continuó por la vía judicial.
El 16 de octubre de 2024 se declaró improcedente la medida cautelar puesto que el Ministerio de Cultura argumentó que, ya que no se iba a efectuar el traslado al galpón industrial Callao —tras la salida del anterior jefe institucional del AGN—, ahora no existía peligro para los documentos. Nosotros apelamos esa decisión en una primera instancia, ya que el riesgo del traslado a un lugar que no fuera idóneo se mantenía. Finalmente, el miércoles 3 de setiembre de 2025 fuimos informados de que la primera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia —integrada por el colegiado compuesto por los jueces Ordóñez Alcántara, Tapia González y Cueva Chauca— nos daba la razón en este proceso ya que el acervo se encontraba aún bajo amenaza.
El reciente 29 de agosto de 2025, en el mismo momento en que salían del Palacio de Justicia las camionetas con las cajas de documentos al local de la avenida Abancay de la antigua Biblioteca Nacional del Perú, la Primera Sala Constitucional emitía una notificación dejando en claro que:
“(se) declara fundada en parte la medida cautelar solicitada, y en consecuencia: se ORDENA a la parte demandada traslade los documentos del Archivo General de la Nación a un lugar adecuado que permita su correcta conservación, sin los peligros del deterioro a los que verían expuestos si fueran trasladados al inmueble ubicado en la Calle B No 263 Urb. Industrial Bocanegra —Distrito del Callao— Provincia Constitucional del Callao, por el peligro de los agentes químicos del medio ambiente propios de las actividades industriales de dicho entorno, debiendo para tal efecto en el plazo más breve —sin alterar el plazo otorgado por el juez del desalojo— contar con dicho inmueble idóneo, bajo apercibimiento de poner en conocimiento del Ministerio Público la conducta renuente de los funcionarios responsables y abrir el procedimiento administrativo pasible de destitución, debiendo el a-quo recabar los nombres y cargos de los funcionarios responsables para individualizar las responsabilidades”.
¿Pero qué significa esto? Al fin y al cabo, ya no había riesgo real de que se llevaran los documentos al Callao. De esta resolución, sin embargo, se desprenden dos cosas muy importantes. Por un lado, es posible encontrar quiénes fueron los funcionarios responsables de haber puesto en riesgo el material del AGN. Pero, sobre todo, el mandato de que no se puede llevar a cabo un traslado sin que se cumplan los requisitos de tener un local adecuado y sin asegurarse de que exista un inventario, como consta en el Informe de Hito de Control de la Contraloría del 16 de setiembre del 2024, donde se indica uno de los riesgos principales:
“(la) carencia de inventario que permita identificar la existencia de todos los documentos patrimoniales custodiados en el Palacio de Justicia que van a ser trasladados a la sede Callao, así como la falta de conservación y restauración de algunos documentos genera el riesgo de que se desconozca la documentación que tengan a su cargo, posible sustracción o pérdida y deterioro de la misma”.
Y aquí, una vez más, nos preguntamos por los detalles de la mudanza que se realizó la semana pasada a la avenida Abancay. ¿Existen esos inventarios? Lo único que sabemos es que se iban a trasladar cajas de documentos y que se compartió una lista de contenidos, pero eso dista mucho de ser un inventario. Desde que se movieron los documentos no tenemos noticia de cuáles fueron exactamente, y tampoco se ha dado ninguna información sobre cómo se están colocando en el antiguo local de laBiblioteca Nacional: no hay informes de la Contraloría y ni siquiera del mismo AGN que le comuniquen a la ciudadanía lo que se está haciendo, tal como se comprometieron los responsables de la mudanza en su última visita a la Comisión de Cultura del Congreso.
Tenemos, pues, muchas preguntas; pero hasta ahora, ninguna respuesta. Mañana, lunes 8 de setiembre, se presentará el tema una vez más ante la Comisión de Cultura del Congreso y se harán las preguntas al ministro de Cultura Fabricio Valencia. Tras la reciente resolución del Poder Judicial, el ministro tendrá que explicarnos no solo a nosotros como ciudadanos y a los congresistas, sino también a la justicia, sobre tres puntos muy sencillos e importantes:
- ¿Dónde están los informes sobre si es idóneo el lugar a donde se están trasladando los documentos en este momento? ¿Por qué tanto hermetismo con respecto a las instalaciones de la Biblioteca Nacional? ¿Por qué no tenemos información sobre dónde y cómo se están custodiando nuestros documentos?
- ¿Qué hay de los inventarios? ¿Por qué no tenemos información transparente sobre lo que se está trasladando? Este punto es muy importante, ya que solo con los inventarios podremos saber qué sale de Palacio de Justicia y qué serecibe en la Biblioteca Nacional.
- ¿Qué hay del nuevo local tan largamente prometido? Es decir, ¿qué hay de los 50 millones de soles que fueron asignados para su construcción en el presupuesto del 2025?
Exigimos respuestas y el Poder Judicial está con nosotros.
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