De cómo la política tributaria ayudaría a reducir la informalidad
El Perú enfrenta niveles alarmantes de informalidad: aproximadamente el 75 % de las empresas y el 88 % de los trabajadores operan informalmente. Esta situación coloca al país por encima del promedio de Latinoamérica y representa un obstáculo significativo para el desarrollo económico sostenible.
Un dato particularmente preocupante es que 2.7 millones de trabajadores informales laboran en empresas que sí tienen registro único de contribuyente (RUC), es decir, que están formalmente inscritas. Así, empresas formales mantienen trabajadores «en negro», sin beneficios laborales como seguro de salud, gratificaciones o aportes a la seguridad social.
Son varios los sentidos comunes compartidos en el Perú alrededor del por qué de la informalidad. Uno de ellos apela a que se trata de empresas de baja productividad, con lo cual la recomendación de política pública pasa por mejorar el capital humano —capacitación de los trabajadores— o por mejorar el acceso al capital físico. Otro de los sentidos comunes postula que el problema está en los costos de la formalización, lo que trae como consecuencia de política pública el esfuerzo de que se reduzcan esos costos o, en palabras sencillas, la «simplificación administrativa”.
El sentido común que se discutió en la última sesión del Viernes Económico en la PUCP es el de la carga tributaria para las empresas. Por si usted no lo sabe, en el Perú tenemos cuatro regímenes de tributación para las empresas: el general (RG), el nuevo Régimen Simplificado (RUS), el Régimen Especial de Renta (RER) y el Régimen MYPE tributario (RMT). Esta variedad de regímenes tiene varias consecuencias negativas: una segmentación excesiva, en la medida de que las reglas poco articuladas entre regímenes confunden a las empresas; un enanismo empresarial, ya que a las empresas les conviene mantenerse pequeñas; también provoca una falta de incentivos para formalizar a los trabajadores, porque hacerlo no reduce la carga tributaria; y, finalmente una baja movilidad entre regímenes.
El economista Diego Quispe ha hecho un estudio que evalúa los efectos que tendría la reforma tributaria que está promoviendo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como parte de las acciones para cumplir con los requerimientos de acceso a la OECD, con el auspicio de la Unión Europea. La OECD ha identificado la reducción de la informalidad como la prioridad más urgente para promover el crecimiento inclusivo y sostenible.
La reforma plantea reducir los regímenes tributarios solo a tres, con claros umbrales de diferenciación de pertenencia según tamaño de empresa.
Los elementos clave de la reforma que está empujando el MEF se centran en reducir los costos de cumplimiento —¿se imagina a la SUNAT simplificando su relación con las empresas, tal como se relaciona ya con los trabajadores independientes?—; también en otorgar incentivos para formalizar a los trabajadores, ya que esto reduciría la base sobre la cual se calcularían los impuestos; incorporar el impuesto general a las ventas (IGV) en el cálculo de impuestos; así como una transición gradual con un monitoreo constante de las autoridades, en un rol de ayuda a cumplir en lugar de castigar por incumplir.
Si se va a implementar una reforma tributaria de tanto alcance, las expectativas podrían ser enormes respecto a la reducción significativa de la informalidad laboral. Pero tenemos que ponernos realistas: un fenómeno como la informalidad, tan incorporado en nuestra manera de hacer las cosas, no se eliminará de un día para el otro. Así, los resultados del estudio muestran que implementar esta reforma reduciría del 82 % al 75.7 % la informalidad empresarial y del 75.7 % al 67 % la informalidad laboral. Por otro lado, las simulaciones muestran que 330.000 empresas ingresarían a la formalidad y 2.56 millones de trabajadores accederían a empleos formales
Es importante entender que la tributación no es el único factor que explica la informalidad. Según encuestas del INEI, el 94 % de empresas informales señalan que no ven necesario formalizarse, o se consideran «muy pequeñas». Solo el 2 % menciona problemas tributarios como una razón principal.
Sin embargo, el sistema tributario debe «hacer su parte» y crear los incentivos correctos. La reforma propuesta no busca que las empresas paguen menos impuestos, sino facilitar el cumplimiento y eliminar las distorsiones que incentivan la informalidad.
No está de más recalcar, finalmente, que la formalización no se trata solo de un tema tributario: es una condición necesaria para el desarrollo económico sostenible, la protección social y la construcción de un Estado más fuerte y equitativo.
¡No desenchufes la licuadora! Suscríbete y ayúdanos a seguir haciendo Jugo.pe
