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De Ceuta al Perú: la política de fabricar al “otro”, triunfa 


José Miguel «Timmy» Icochea es el productor de Jugo. Es director de producción con más de 15 años de experiencia en eventos corporativos y proyectos culturales. Trabaja en el diseño y ejecución de experiencias, combinando estrategia, creatividad y gestión. Ha desarrollado proyectos en Europa y Latinoamérica. Vive en Madrid.


“Setenta y cinco personas han muerto intentando cruzar la frontera entre Marruecos y España, en Ceuta”. Tal debió ser el titular que abriera todos los informativos y el eje sobre el que giraran las noticias la semana que aquello ocurrió.

Sin embargo, el debate público se construyó casi desde el primer momento alrededor de otra idea: el relato de la invasión de inmigrantes a Europa. No para preguntarse por qué miles de personas llegaron de golpe a una de las fronteras más vigiladas de Europa, ni para analizar quién permitió que aquello ocurriera, sino para sostener un discurso que la ultraderecha lleva años construyendo: el de la invasión, el del enemigo extranjero y el del miedo convertido en proyecto político.

Cuando una tragedia humanitaria se transforma tan rápido en un arma política, conviene hacerse una pregunta: ¿quién se beneficia de que los muertos pasen a segundo plano y se criminalice a los supervivientes?

Las personas que cruzaron esa frontera no controlan los pasos fronterizos, no deciden cuándo se abren o se cierran, no diseñan estrategias diplomáticas ni negocian intereses geopolíticos. Son, como siempre, los más vulnerables. Quienes sí tienen capacidad para convertir una frontera en un instrumento de presión son los estados. Y quienes convierten esas imágenes en una campaña permanente de miedo son determinados actores políticos que llevan años aprovechando situaciones como esta.

Ese es, precisamente, el triunfo de quienes viven de la polarización. Cuando consiguen que una tragedia humanitaria se interprete antes como una amenaza nacional que como un drama humano, ya han ganado la primera batalla. Porque dejamos de hablar de personas para hablar de masas, dejamos de mirar rostros para contar cifras, dejamos de preguntarnos quién utiliza a esas personas y empezamos a preguntarnos cómo nos defendemos de ellas. Es el mismo mecanismo que se repite una y otra vez en distintos conflictos: unas vidas se convierten en símbolos políticos y otras desaparecen detrás de un número.

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Ceuta es una ciudad española en el norte de África que comparte frontera con Marruecos. Junto con Melilla, es una de las pocas fronteras terrestres entre África y la Unión Europea. Esa situación la ha convertido durante décadas en un punto estratégico para España y para Europa.

La relación entre España y Marruecos es una mezcla de necesidad y tensión permanente. Cooperan en comercio, seguridad y control migratorio, porque Marruecos es una pieza fundamental para que Europa gestione una de sus principales rutas de entrada migratoria desde Africa. Pero al mismo tiempo mantienen disputas históricas por Ceuta, Melilla y por el Sáhara Occidental.

El Sáhara Occidental es una de las grandes heridas abiertas del norte de África. Marruecos controla la mayor parte del territorio desde 1975, mientras el Frente Polisario reclama su independencia. En 2022, el gobierno de Pedro Sánchez cambió la posicion histórica de España y pasó a considerar la propuesta marroquí de autonomía como la base “más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto.

Para complicar todavía más este tablero, durante la primera administración de Donald Trump, Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental como parte del acuerdo que permitió la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel dentro de los llamados Acuerdos de Abraham. A partir de entonces, ambos países reforzaron también su cooperación en materia de defensa, inteligencia y tecnología militar.

Al otro lado está Argelia, principal rival regional de Marruecos y uno de los grandes proveedores de gas de España. La tensión entre Argel y Rabat también afecta a Madrid, especialmente en un momento en el que la energía se ha convertido en una herramienta de influencia política.

Ceuta no es solo una crisis migratoria. Es el retrato de cómo el miedo puede fabricarse, amplificarse y explotarse políticamente. De cómo las fronteras pueden convertirse en herramientas de presión geopolítica y de cómo el sufrimiento humano termina siendo el combustible perfecto para quienes hacen del miedo, del nacionalismo y de la división su principal estrategia política.

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En el Perú no necesitamos una frontera con África para fabricar enemigos.

Durante décadas, la política peruana ha encontrado distintas formas de señalar quién es el “otro”, el que cuestiona el poder, el que exige cambios, el que protesta, el que piensa diferente. La ultraderecha peruana ha construido buena parte de su discurso político alrededor de esa necesidad de encontrar un enemigo permanente.

Una de las herramientas que más ha polarizado la política peruana ha sido el terruqueo. Un mecanismo que convirtió etiquetas como “terruco”, “comunista”, “rojo”, “caviar” o “cojudigno” en formas de descalificar al adversario antes incluso de discutir sus ideas. La etiqueta importa más que la persona. Una vez que alguien es colocado dentro de esa categoría, deja de ser un ciudadano con una posición distinta y pasa a ser presentado como una amenaza.

El éxito de estos discursos no está solamente en el odio que generan, sino en la promesa que ofrecen: orden frente al caos y mano dura frente a la inseguridad. Es un discurso populista que ofrece enemigos fáciles y soluciones sencillas, pero que rara vez habla de educación, salud, oportunidades o bienestar social.

Por eso consigue llegar también a sectores olvidados por el Estado. Personas que durante años han sufrido la desigualdad, terminan defendiendo un discurso que promete protegerlas de otros sectores igualmente vulnerables. No porque no entiendan su propia realidad, sino porque la política del miedo ofrece algo muy poderoso: identidad, pertenencia y la sensación de estar del lado correcto.

El resultado es una sociedad enfrentada consigo misma. Un país donde muchas veces el enemigo no es quien concentra el poder, sino quien parece diferente.

Después de las protestas que siguieron a la salida de Pedro Castillo y la llegada de Dina Boluarte al poder, más de cincuenta personas murieron durante la respuesta de las fuerzas del orden. Mientras una parte de la clase política hablaba de “terrucos” o “enemigos del Estado”, se construía un relato que permitía presentar a miles de ciudadanos que protestaban como una amenaza antes que como personas con demandas legítimas.

Al mismo tiempo, un Congreso con niveles mínimos de aprobación impulsó cambios legales que han sido cuestionados por organizaciones de derechos humanos por ampliar la protección de policías y militares frente a posibles responsabilidades por uso excesivo de la fuerza.

Porque esa es otra característica de la política del miedo: primero construye al enemigo, después deshumaniza a quienes lo representan y finalmente crea las condiciones para que sus derechos parezcan menos importantes.

No importa si el enemigo viene de fuera, o se fabrica dentro. La política del miedo siempre necesita un otro a quien culparle de los males del sistema.

P.D.: Al terminar de escribir este artículo, la cifra de fallecidos seguía creciendo: 141 personas muertas, según el último recuento de Caminando Fronteras. 78 cuerpos fueron recuperados en Ceuta y 63 en territorio marroquí.


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