No detuvimos el péndulo

Cuando suframos en el Jorge Chávez (y con otros servicios) recordemos las razones de fondo

En los años noventa, cuando comenzamos a sentar las bases de la economía de mercado para el desarrollo del país, una de las tareas más importantes fue la creación de los organismos reguladores de los servicios públicos, así como del Indecopi, el instituto que defiende la competencia y protege al consumidor. Estos eran parte del cambio del rol del Estado en la actividad económica: de ser proveedor directo de servicios a tener un rol regulador y supervisor de la actividad privada. 

En aquella época tuve el privilegio de ser parte de un organismo regulador de los servicios públicos. Acababa de regresar de estudiar un posgrado y, con mi bien ganado PhD, fui seleccionada y pude comenzar una época de inmenso aprendizaje. 

Muchos de esos jóvenes profesionales tuvimos la gran oportunidad de recibir capacitación de los mejores en el mundo, debido a los convenios que el Estado peruano había firmado con las multilaterales. Estas apoyaron el fortalecimiento de los reguladores como parte del proceso para dar credibilidad a las reformas promercado y asegurar que el capital privado que se comprometería con las reformas tendría como contraparte a los mejores servidores públicos. 

Así, tuve la oportunidad de ser parte del primer curso que el Banco Mundial organizó de la mano de la Universidad de Florida, en Gainesville. Ese grupo de más de cien funcionarios de reguladores de todo el mundo, incluyendo a rusos, recibió clases de los expertos mundiales del tema durante dos semanas. Estudiamos sobre el funcionamiento y regulación de los sectores de servicios públicos —agua y saneamiento, energía, telecomunicaciones—, así como entrenamiento en temas de liderazgo y planeamiento estratégico. 

Entre los docentes, recuerdo mucho a Michael Klein, un alemán que en ese momento era funcionario del Banco Mundial y que luego pasó a liderar el área de planeamiento estratégico de Shell, la multinacional petrolera.

Entre otros mensajes, uno que quedó fijado en mí desde ese momento —enero de 1997— fue la gran responsabilidad que teníamos quienes estábamos a cargo de los organismos reguladores durante ese tiempo de cambio de paradigma del rol del Estado. La tarea era detener el péndulo que ya tenía casi un siglo, de ir de un extremo de provisión privada sin supervisión efectiva, lo que llevaba a abusos y baja calidad de servicios caros y poco asequibles en general, hacia una provisión pública que también conducía a abusos y a baja calidad de servicios quizá baratos y muy lejos de ser de provisión universal. Según Klein, la era privatizadora y de economía de mercado de los noventa abría la puerta a un horizonte más equilibrado de servicios públicos de alta calidad, a precios asequibles, y cuya universalización se podría lograr con políticas públicas focalizadas y creíbles. 

Esto, por supuesto, dependía de manera importante de instituciones regulatorias fuertes e independientes del poder político. En el Perú, en julio de 2000, se promulgó la ley marco de organismos reguladores que, precisamente, detalló las potestades y consagró la autonomía técnica, entre otras, de estos organismos. 

Mucha agua ha pasado bajo el puente desde el año 2000, así como muchos gobiernos, cada uno de estos con menor conocimiento de los fundamentos de la acción regulatoria. Hemos tenido reguladores con todo tipo de desempeño, algunos mejores que otros, y presidentes del Consejo de Ministros —de cuya oficina dependen los reguladores— con mejores o peores deseos de fortalecerlos.

Hasta que llegamos a los últimos 800 días. Luego de los intentos de descabezar a Osiptel, el regulador en servicios de telecomunicaciones —esfuerzos exitosos por cierto—, recién se comenzó a designar al resto de miembros del consejo directivo en estos meses. El regulador en transporte, Ositran, que ahora es el protagonista de las noticias por la inauguración de la nueva terminal del aeropuerto internacional de Lima, ha estado operando con solo un miembro —su presidenta— hasta hace dos meses; el regulador de servicios de saneamiento, Sunass, recién completó su consejo directivo hace menos de tres meses. Solo el regulador en el sector de energía y minas, Osinergmin, ha estado con consejo directivo completo en los últimos años, pero recordemos que también se lo descabezó en su momento.

La debilidad institucional que hoy sufrimos no vino de un día para otro. Se constata hasta en las instituciones más relevantes para la economía de mercado. Agrego, por lo tanto, la recomposición de las instituciones del mercado en la lista de nuestra necesaria reconstrucción democrática.

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