Lo que los datos dicen sobre las mesas de votación más alejadas
¿Puede una mesa electoral ser sospechosa por el solo hecho de estar en una comunidad rural alejada? En las semanas que siguen a cada elección presidencial peruana, circula con renovada energía una acusación que mezcla datos reales con una lógica comparativa defectuosa: que las llamadas «mesas 900k» —las mesas de sufragio inclusivo, creadas para acercar el voto a los ciudadanos más alejados de las capitales distritales— producirían menos votos inválidos que el resto, lo que sería indicio de manipulación. Y aunque personas inteligentes y bien informadas acogen esta narrativa, la comparación que la sustenta es espúrea.
Las mesas de la serie 900k existen desde 2006. Su base normativa es clara: los artículos 37, 52 y 53 de la Ley Orgánica de Elecciones, y el artículo 182 de la Constitución, habilitan a la Oficina Nacional de procesos Electorales (ONPE) a distribuir mesas de sufragio, en tanto la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) garantiza el proceso de apertura. En la práctica, la autoridad de un centro poblado solicita la mesa, presenta una relación de posibles electores, y la ONPE verifica contra el padrón evaluando distancia, transporte y acceso. El código de mesa comienza en 900001. Nada en este diseño institucional es opaco, ni es discrecional sin control.
Lo que sí es cierto —y los datos de la ONPE para las elecciones presidenciales entre 2006 y 2026 lo confirman— es que el porcentaje de votos válidos en estas mesas es menor que en las mesas regulares: 72.2 % frente a 83.7 % en 2026. En términos llanos: en las mesas 900k, uno de cada cuatro votos es inválido, mientras que en las mesas regulares se trata de uno de cada seis. La diferencia es real y persistente en el tiempo. Pero la pregunta relevante no es si existe la diferencia, sino a qué se debe, y si es indicativa de fraude o de otra cosa completamente distinta.
Aquí es donde la lógica comparativa falla. Comparar las mesas 900k con el universo nacional de mesas regulares mezcla realidades que no son comparables. El análisis correcto es el distrital: ¿cómo se comportan las mesas 900k frente a las mesas regulares del mismo distrito donde están ubicadas? Cuando se hace esa comparación, el panorama cambia radicalmente. En el 74.3 % de los distritos con mesas de ambos tipos, las mesas regulares tienen un mayor porcentaje de votos válidos que las 900k: lo esperado, dado el contexto. Pero en el 25.7 % restante, las mesas 900k son las que registran más votos válidos que las regulares del mismo distrito. No hay, pues, un patrón sistemático de anomalía: hay heterogeneidad local, que es exactamente lo que cabría esperar de una variable que depende fundamentalmente de características territoriales.
El dato más revelador proviene del análisis sobre analfabetismo. Según el Censo 2017, aproximadamente una de cada cinco personas en zonas rurales no sabe leer, frente a una de cada doce en zonas urbanas. Pues bien: el analfabetismo urbano explica mejor la variación en votos válidos de las mesas regulares que el analfabetismo rural en las mesas 900k. Es decir, la dificultad para emitir un voto válido está correlacionada con el nivel educativo de la zona, no con el código de la mesa. El voto inválido rural es, ante todo, un problema de exclusión educativa acumulada, no de urnas intervenidas.
Este 2026, más de un millón cien mil electores ejercieron su derecho a través de las 4.703 mesas de esta serie —casi diez veces más que los 109.161 que lo hicieron en 2006—. La expansión sostenida de estas mesas representa uno de los pocos avances concretos en inclusión electoral de las últimas dos décadas. Convertirlas en objeto de sospecha sin evidencia sólida no solo es metodológicamente incorrecto: es políticamente costoso. El ruido sobre el fraude deslegitima el voto de ciudadanos que ya cargan con suficientes desventajas. ¿Qué nos dice sobre nuestra democracia que los votos emitidos más lejos de Lima sean los primeros en ser cuestionados?
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