Un proyecto de ley busca acabar con internet como lo conocemos
La semana pasada, la bancada de Acción Popular presentó en Perú un proyecto de ley que, en teoría, busca “regular la actividad de los creadores de contenido digital”. En la práctica, sin embargo, lo que propone es bastante más ambicioso: convertir al gobierno peruano en un supervisor de opiniones, un fiscalizador de “credenciales” para hablar en internet y un árbitro de lo que es verdad, mentira, opinión, exageración, sátira, comentario, chisme, tutorial o simple intuición humana. Una fantasía burocrática para cualquier régimen totalitario.
El proyecto comienza recordando que la Constitución garantiza la libertad de expresión y que nadie necesita autorización previa para opinar. Pero apenas termina de citar ese principio, plantea exactamente lo contrario. Crea un registro obligatorio en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al que debe inscribirse cualquiera que quiera producir contenido en internet: influencers, streamers, periodistas digitales, administradores de páginas, y, en general, cualquier persona que publique algo en un medio digital. La propia definición del proyecto es tan amplia que convierte a “creador de contenido” en un sinónimo de “usuario de internet”. Es decir, todos. Desde una periodista independiente hasta el chico que hace reseñas de cebicherías; la señora que sube recetas de queques; el profesor que explica matemáticas en TikTok; el papá que comparte tips para dormir bebés; la gamer que comenta torneos; el activista que denuncia abusos policiales; el adolescente que hace edits de series coreanas; la comediante que improvisa monólogos; o la persona que sube un video explicando por qué su gato solo duerme encima del refrigerador. De pronto, el gobierno asume el rol de guardián de la conversación pública.
Y este no es el único aspecto problemático. El proyecto establece que cualquier creador de contenido cuyo material pueda afectar la vida, la salud física o mental, o el patrimonio de las personas debe contar con un título profesional o una certificación oficial en la materia que trata. En teoría, la norma dice que esto aplica a “creadores especializados”, pero nunca define qué significa ser especializado. En la práctica, basta con hablar de alimentación, bienestar emocional, finanzas personales, seguridad o experiencias escolares para que cualquier usuario termine siendo considerado “especialista” sin quererlo. El criterio es tan amplio que casi cualquier opinión o recomendación podría caer en esta categoría, convirtiendo un supuesto requisito técnico en un filtro discretamente diseñado para limitar quién puede expresarse en internet.
Lo que el proyecto no parece comprender es que la vida pública no funciona únicamente con especialistas. Se construye desde una mezcla desigual pero productiva de saberes profesionales, experiencias personales, críticas espontáneas y hasta desaciertos que sirven para seguir conversando. Si solo pudieran hablar quienes tienen un título validado por la autoridad, nadie podría contar cómo superó un trastorno alimenticio sin ser nutricionista; nadie podría advertir sobre un fraude sin ser economista; nadie podría comentar su experiencia escolar sin ser pedagogo. Es tan amplio su supuesto criterio que nadie podría hacer una crítica gastronómica negativa en redes sin ser cocinero titulado porque podría argumentarse que se busca afectar el patrimonio de quienes invirtieron en el restaurante.
Las sociedades modernas no operan así; no son congresos permanentes de expertos, sino espacios donde la gente comparte aprendizajes, dudas, miedos y vivencias.
El proyecto también exige que los creadores “verifiquen previamente la información”, que citen “fuentes oficiales” y que precisen cuándo algo es “una opinión” y cuándo “un hecho corroborado”. En abstracto, suena bien. Pero, en concreto, es imposible de aplicar y profundamente peligroso. Ningún creador —ni periodista, ni youtuber, ni tiktoker, ni ciudadano común— puede verificar todo lo que dice con criterios académicos. La vida digital es instantánea por naturaleza. Y la exigencia de “fuentes oficiales” abre la puerta a algo peor: que el gobierno determine qué información es válida y cuál no.
A eso se suma un sistema de sanciones que incluye multas de hasta 5 UIT —más de 27 mil soles— e inhabilitaciones desde 60 días a 3 años para ejercer… ¿ejercer qué exactamente? ¿El derecho a expresarte? ¿La actividad de publicar contenido? La redacción es ambigua, pero la conclusión es clara: una persona podría quedar prohibida de usar redes sociales de manera profesional, o incluso recreativa, por haber difundido algo que una oficina de PCM considere “falso”. Sin parámetros verificables ni garantías reales.
Sí, es cierto que el ecosistema digital presenta problemas reales: pseudociencia, publicidad engañosa, estafas disfrazadas de tutoriales, dietas milagrosas, trading mágico, consejos peligrosos. Pero todas esas conductas ya pueden ser sancionadas con las herramientas existentes: Indecopi y el Código de Protección del Consumidor para publicidad engañosa, y el Poder Judicial y el Código Penal para estafas, difamaciones y daños a la salud.
No necesitamos que el gobierno actúe como censor, lo que realmente requerimos es que fortalezca las herramientas que ya existen: más fiscalización efectiva, mayor alfabetización digital, educación crítica desde la escuela y una supervisión seria de las prácticas comerciales abusivas que proliferan en redes.
El proyecto de ley de Acción Popular parte de una idea equivocada: que internet es un espacio tan peligroso que solo un grupo certificado debería poder hablar de ciertos temas. Pero toda democracia se sostiene justamente en lo contrario: en que la conversación es plural, caótica, a ratos incómoda, y que ese ruido, cuando se confronta, se debate y se contrasta, produce sociedades más libres, más informadas y más resistentes a la manipulación.
Regular la publicidad digital está bien. Promover responsabilidad en la información de salud, también. Perseguir a quienes estafan, siempre. Pero intentar desde el gobierno la domesticación de la conversación pública a través de registros, credenciales y sanciones es no entender cómo funciona internet. Y, peor aún, no entender cómo funciona la democracia.
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