Una perspectiva económica que deberíamos aprender de España
Esta semana, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, publicó un artículo en The New York Times titulado “Esta es la razón por la que Occidente necesita a los migrantes”, que constituye el mejor marco político para tratar el problema de la migración desde una mirada progresista. Su mensaje es potente y fácil de entender: integrar a los migrantes no es un gesto de caridad, es una necesidad económica urgente para que nuestros países se desarrollen.
Sánchez parte de un dilema real: en España viven medio millón de personas que ya son parte importante de la sociedad, pero que legalmente no existen. Mientras la respuesta de los sectores más conservadores es perseguir y expulsar (como lo está haciendo Trump), su gobierno ha decidido regularizarlos. Lo hace no por ser un “alma noble”, sino porque los números muestran que ese es el camino más provechoso para el país.
El argumento central de Sánchez es demográfico. Occidente necesita gente: casi ningún país desarrollado mantiene una tasa de crecimiento poblacional sostenida y, sin migración, enfrenta un declive que vuelve muy difícil sostener el estado de bienestar, las pensiones y la sanidad pública. Advierte que ni la inteligencia artificial ni los robots compensarán ese vacío en el corto y mediano plazo. La única forma realista de evitar el declive es integrar a los migrantes de manera ordenada y eficaz.
Lo interesante de su texto es que no discute con la ultraderecha en el terreno de la “identidad” o la “cultura”, sino en el de la billetera y el crecimiento. Para Sánchez, el problema no es el origen del migrante, sino la incapacidad de los estados para regular mercados laborales salvajes y servicios públicos que ya no se dan abasto.
Como nos muestra la evidencia, ese marco no se puede trasladar mecánicamente al Perú. En España o Estados Unidos el debate migratorio está atravesado por un reloj demográfico: el envejecimiento y la baja natalidad presionan la sostenibilidad económica y fiscal del Estado. En el Perú no enfrentamos ese mismo problema poblacional. Aquí el nudo es otro: la informalidad. En un mercado laboral donde la precariedad es la norma y el Estado regula mal y tarde, los migrantes tienden a insertarse en los segmentos más vulnerables, lo que alimenta la percepción de “desorden” y exacerba las tensiones sociales.
Es aquí donde la visión de Sánchez plantea una herramienta política importante para nosotros: hablemos de la migración desde el desarrollo económico de nuestro país. En el Perú viven alrededor de un millón y medio de personas venezolanas, que representan cerca del 3 % de la población. El discurso del “costo” o la “carga” que representan ignora datos que varios políticos prefieren no leer: un estudio presentado en diciembre de 2024 por la Organización Internacional para las Migraciones estimó que los migrantes y refugiados venezolanos aportaron 530 millones de dólares a la economía peruana en 2024, aproximadamente el 1,35 % de los ingresos fiscales totales del país. No estamos ante un grupo de “desempleados” que vienen a sobrepoblar los ya precarios servicios asistenciales del Estado, sino ante una fuerza laboral con niveles de educación superiores al promedio nacional: el Banco Mundial estima que alrededor de un tercio de las personas venezolanas en el Perú ha alcanzado educación universitaria, frente a apenas una quinta parte de la población peruana. Pese a ese nivel de calificación, su inserción laboral está fuertemente precarizada: datos recientes indican que cerca del 81 % de los venezolanos en edad de trabajar está ocupado en la informalidad, muchas veces en empleos de baja productividad y con ingresos inferiores a los de la población local
Al igual que en el resto de Occidente, en el Perú se ha construido un chivo expiatorio eficaz. Se vincula la presencia de extranjeros con el auge del crimen, a pesar de que las cifras penales muestran que más del 94 % de la población carcelaria es peruana. La inseguridad actual es real, pero culpar al migrante es la salida fácil de políticos que han aprobado leyes que favorecen al crimen organizado y no tienen idea de cómo enfrentar el problema (o voluntad política para hacerlo).
La visión que propone Sánchez nos sugiere que el progresismo peruano (o lo que queda de él) debe dejar de defender la migración únicamente desde los derechos humanos y empezar a defenderla desde la competitividad. Si aceptamos las propuestas de Carlos Álvarez, López Aliaga u otros candidatos populistas de cerrar fronteras y perseguir ciegamente a los indocumentados, lo que estaríamos haciendo es amputarnos una mano, pues se trata de personas que hoy ya aportan de manera demostrable al crecimiento y que podrían contribuir aún más si se las integra plenamente a la formalidad.
En un país donde más de 7 de cada 10 personas trabajan en la informalidad, el debate no debería ser cómo botar a la gente, sino cómo traerla a la formalidad para que pague impuestos, emprenda, genere empleo, ahorre, acceda a crédito formal, aporte al sistema de pensiones, etc. Evidentemente, esto no quita que deba perseguirse a todos los criminales que delinquen en el Perú, independientemente de cuál sea su nacionalidad.
La xenofobia como estrategia electoral es muy rentable emocionalmente, pero es una muy mala noticia económica a mediano plazo. Lo que Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa es una narrativa política certera y fácil de comunicar: o elegimos ser una sociedad abierta que aprovecha el capital humano para crecer, o nos convertimos en una sociedad cerrada que se empobrece mientras busca a quién echarle la culpa de su propia decadencia.
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