La gobernanza minera en los Andes ha colapsado y esto es lo que viene ahora
Gabriel Arriarán es director de inteligencia territorial y corporativa en Aluna Insights.
Es investigador especializado en minería artesanal, pequeña minería y gobernanza de recursos naturales en América Latina. El año pasado lideró el proceso de consulta nacional sobre elementos clave para una nueva ley de pequeña minería.
Tiene más de 20 años de experiencia de terreno en la Amazonía y en la investigación de economías ilegales.
Ha publicado Piratas en el Amazonas (La Fonda Editorial, 2025); José María Arguedas: escritor de culto (Comba; Barcelona 2025); Frontera Pirata (Planeta 2020) y El comediante (Planeta, 2021).
Durante décadas, la gran minería en los Andes operó con un contrato implícito con las poblaciones de sus áreas de influencia: yo invierto en servicios básicos, tú no protestas. La mina construía la carretera, financiaba la escuela, pagaba el puesto de salud. Así, la empresa era la municipalidad, el hospital y los ministerios, todo en uno. Y funcionó, mal que bien, mientras se pudo confiar en que luego el Estado haría su parte con el dinero que las empresas mineras aportan al canon.
Claramente ya no estamos ahí.
En los últimos siete años ese modelo ha entrado en crisis. Colapsó. Y el colapso tiene una causa técnica precisa: la gran minería moderna no puede absorber la cantidad de mano de obra sin cualificar que vive sobre sus áreas de influencia. La mecanización lo hace imposible. Lo que quedó fueron zonas rurales que esperaron hasta que ya no aguantaron más.
He pasado años trabajando inteligencia territorial en zonas de influencia minera en los Andes. Los cambios que estoy viendo ahora no son graduales. Son estructurales. Hablé de ellos en una entrevista reciente con Rumbo Minero. Aquí están los tres que más importan, y lo que cada uno significa para cómo opera el sector a partir de ahora.
1. La mina como sucedáneo del Estado: un modelo que ya no tiene dónde aterrizar.
El problema no es que la gran minería haya dejado de querer cumplir ese rol. Es que ya no puede.
La minería de gran escala actual opera con plantillas técnicas altamente especializadas y ciclos de automatización creciente. La promesa implícita de empleo masivo para comunidades rurales a través de la inversión en obras de infraestructura locales, los proyectos sociales al estilo de las ONG que llevaban a cabo las áreas de relaciones comunitarias, las posibilidades de contrato para el trabajo no cualificado, y el surgimiento de negocios locales que proveían para las unidades mineras, que fueron la base del contrato social andino en los últimos treinta años, se ha vuelto inviable.
La agricultura y las escalas agrícolas que se manejan en los Andes, por más inversión que se haga en canales de regadío o mejoramiento de semillas, o lo que fuera, es una actividad de subsistencia que no puede soportar los niveles de precios y de consumo a los que, en general, aspira la gente en las áreas rurales del Perú.
El Estado nunca llegó con la inversión del canon necesaria para la ampliación de la cobertura de servicios sociales elementales.
Los pequeños negocios crecieron y pusieron sus utilidades en la pequeña minería y la minería artesanal, que comenzó a crecer.
El resultado fue un vacío de gobernanza. Las comunidades siguen sobre el territorio. La mina sigue operando. Pero el contrato que mantenía esa convivencia ya no tiene contenido.
Lo que esto significa para el sector: las estrategias de relacionamiento comunitario basadas en empleo directo y obras de infraestructura están perdiendo efectividad. Lo que se necesita ahora son modelos de gobernanza compartida del territorio, no beneficencia, sino arquitectura institucional. El sector que no entienda esta diferencia seguirá invirtiendo en relaciones comunitarias que no producen paz social.
2. El boom de la pequeña minería no es un problema de orden público: es una reforma social consumada.
Nadie la convocó. Ningún gobierno la diseñó. Ningún ministerio la aprobó.
El boom de la pequeña minería en los Andes ocurrió porque en el terreno aparecieron empleadores viables que antes no existían, realmente capaces de absorber la mano de obra local. Esa mano de obra encontró su propia forma de extraer valor del suelo que conocía. La pequeña minería ocupó un vacío económico e institucional que ya existía.
Tratarla como un problema de orden público es un error de diagnóstico que tiene consecuencias políticas enormes.
Una reforma social que ya ocurrió no se revierte con interdicción. Se gestiona, se regula, o se ignora. Y si se ignora, escala.
Lo que esto significa para el sector: la pregunta ya no es cómo detener la pequeña minería. Es cómo relacionarse con ella de forma que no destruya el valor de las concesiones existentes ni criminalice a una población que simplemente encontró trabajo donde pudo. Las empresas que lleguen primero a esa respuesta tienen una ventaja competitiva real en términos de licencia social y gestión territorial.
3. La ley MAPE es la mejor oportunidad que tiene la gran minería para no perder el control sobre sus concesiones auríferas. Pero requiere ceder algo.
Aquí está la paradoja que nadie en el sector quiere nombrar en voz alta.
La ley MAPE, el nuevo marco de formalización para la minería artesanal y de pequeña escala, no es una amenaza para la gran minería.
Es, en este momento, el instrumento más eficaz disponible para que la gran minería mantenga control operativo sobre sus concesiones, en zonas donde una minería de índole popular ya opera o está a punto de operar. Especialmente en concesiones auríferas, donde la presión es más intensa y más rápida.
Usar este instrumento, no obstante, requiere algo que la gran minería ha evitado históricamente: negociar el sistema de concesiones. Requiere hacer concesiones (en el sentido más literal de la palabra) sobre el uso de un territorio que ya no puede controlar por sí misma, ni tampoco con el apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado.
Una concesión que no puedes defender operativamente no es una concesión. Es un papel con un número de registro.
Lo que esto significa para el sector: las empresas que entiendan la ley MAPE como un instrumento de gestión territorial, y no como una concesión política al sector informal, son las que van a mantener sus activos auríferos en los próximos diez años. Las que la ignoren o la combatan frontalmente van a perder terreno de forma irreversible, no ante el Estado, sino ante una realidad que ya se está organizando sin ellas.
Lo que esto significa en conjunto.
Si eres una empresa de gran minería operando en los Andes: el costo de no replantear tu modelo de gobernanza territorial ya no se mide solo en conflictos sociales o retrasos en permisos. Se mide en si vas a mantener acceso operativo a tus concesiones en los próximos cinco años.
¿Continuarán siendo rentables inversiones de esta escala bajo estas nuevas condiciones?
Esta es la gran pregunta que debe hacerse el país.
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