Evidencias de que en estos tiempos, los hechos reales estorban
Durante buena parte del inicio de este siglo estuvimos convencidos de que la tecnología iba a jugar a favor de la verdad. Creímos que el acceso a la información y la posibilidad de grabar, registrar y difundir hechos en tiempo real haría más difícil mentir y más fácil llegar a los responsables. No era una ilusión ingenua: había razones concretas para pensarlo.
El Perú inauguró el siglo XXI con una imagen que parecía definitiva: la caída de Alberto Fujimori tras la difusión de los llamados “vladivideos”. Más adelante, los audios volvieron a cumplir ese rol. Los Petroaudios, difundidos en 2008, revelaron negociaciones irregulares entre funcionarios del Estado y empresas interesadas en la adjudicación de lotes petroleros. Una década después, los audios de los Cuellos Blancos del Puerto expusieron una red de corrupción enquistada en el Consejo Nacional de la Magistratura y en el sistema judicial.
A todo eso se sumó la proliferación de cámaras de seguridad y de celulares en los bolsillos de casi todos los ciudadanos. Asaltos, homicidios, abusos policiales y actos de corrupción comenzaron a quedar registrados. Las imágenes y los audios se convirtieron en pruebas judiciales y en herramientas de fiscalización pública.
Hoy esa certeza se ha resquebrajado. Los audios y los videos ya no tienen el peso que tenían. La razón no es menor: el desarrollo de la inteligencia artificial ha llegado a un punto en el que resulta extremadamente difícil —y en muchos casos imposible— distinguir entre un registro auténtico y uno fabricado. Los llamados deepfakes permiten recrear voces, rostros y gestos con un nivel de verosimilitud que pone en crisis la noción misma de prueba audiovisual.
Pero el problema no es solo tecnológico. Hay una segunda dimensión, más inquietante: una crisis de valores que ha erosionado nuestra relación con la verdad. No es que no sepamos reconocer los hechos, es que hemos decidido no hacerlo. Cada vez con mayor frecuencia, las personas ven lo que quieren ver y oyen lo que quieren oír para confirmar sus prejuicios, incluso cuando la evidencia es clara.
El Perú vivió una demostración brutal de ese fenómeno durante las protestas de 2022 y 2023, tras la llegada de Dina Boluarte al poder. Circularon numerosos videos en los que se observa a jóvenes desarmados caminando por las calles o participando en manifestaciones cuando, de pronto, caían abatidos por disparos en la cabeza o el torso. Sin embargo, a pesar de la elocuencia de las imágenes, una parte de la derecha limeña no vio ciudadanos ejerciendo su derecho a la protesta, sino “terroristas”.
Este no es un fenómeno local. A escala global, el negacionismo de lo evidente se ha convertido en una herramienta política. Un ejemplo reciente y brutal de esta dinámica lo hemos visto en las matanzas de Minneapolis. En menos de tres semanas, el mundo ha sido testigo de cómo dos ciudadanos estadounidenses fueron abatidos a tiros por agentes federales de inmigración (ICE). A Renee Nicole la mataron a balazos con la excusa de que intentó embestir a los oficiales de ICE con su auto, pero los videos disponibles muestran que el vehículo trataba de escapar de la violencia, no de atropellar a nadie. El caso de Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, es aún más dramático: él también fue abatido por agentes federales cuando lo tenían reducido entre ocho oficiales tumbado en el suelo y con las manos a la vista. Las autoridades sostuvieron que él había empuñado un arma, pero los videos muestran que solo tenía un teléfono y que su muerte ocurrió mientras intentaba ayudar a otras personas en el contexto de la protesta.
Lo desquiciante no es solo que estos hechos ocurran, sino la forma en que son interpretados políticamente. En vez de ver, como evidencia, que dos ciudadanos murieron en circunstancias controvertidas bajo responsabilidad del Estado, figuras políticas y el mismo presidente Trump intentaron reconfigurar los hechos para que encajaran en narrativas previas —desde describir las muertes como actos de defensa propia hasta etiquetar a las víctimas como “peligrosos” o “terroristas domésticos”— pese a lo que muestran los registros.
Este contexto vuelve especialmente preocupante la campaña electoral que nos toca enfrentar este año, con más de treinta candidatos disputando la presidencia. Será una pesadilla no solo por la fragmentación política, sino porque entramos a ella en un escenario donde los hechos han perdido capacidad de persuadir. Da igual cuántas pruebas se presenten, cuántas denuncias se documenten o cuántos registros audiovisuales se difundan: una parte importante del electorado creerá solo aquello que confirme sus lealtades y desconfianzas previas.
En esta nueva realidad, la verdad ya no cae por su propio peso. Compite, se relativiza y se descarta. Y cuando la evidencia deja de importar, lo que queda no es el debate democrático, sino la imposición de relatos. El problema no es solo que la mentira circule más rápido, sino que la verdad, aun cuando está frente a nuestros ojos, ha dejado de importarnos.
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