Primera radiografía del gobierno de Keiko Fujimori
José Rodríguez Ramos es periodista y analista internacional. Es licenciado en Ciencias Sociales, con orientación en Política y Periodismo, por la Universidad de Palermo (Argentina) y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Pompeu Fabra (España). Su trabajo se centra en democracia y derechos humanos.
Esta semana se cumple un mes y medio del gobierno de Keiko Fujimori y, de paso, del regreso del fujimorismo a la presidencia. Si bien, por supuesto, todavía no ha transcurrido el tiempo suficiente para evaluar resultados, sí alcanza para analizar las primeras estrategias y decisiones de la nueva gestión.
La primera impresión, según el consenso general, es que ha dejado mucho que desear. Estos primeros cuarenta días de gestión comenzaron con la conformación de un gabinete poco prometedor, decepcionante incluso para quienes votaron por Fujimori. El Consejo de Ministros, presidido por Luis Galarreta, reúne a viejos fujimoristas, figuras desconocidas convocadas para pagar favores políticos, excandidatos presidenciales con poca o nula experiencia en sus respectivos sectores, algunos ministros reciclados de los olvidables gobiernos anteriores, y muy pocos especialistas.
Durante estas primeras seis semanas, la agenda política ha estado marcada por una variedad desordenada de temas instalados por el propio oficialismo: la cruzada ideológica del ministro de Justicia contra el Lugar de la Memoria y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las idas y vueltas del ministro de Economía sobre la cantidad de feriados, las demostraciones públicas del ministro de Salud de su propia ignorancia sobre el funcionamiento del sector, el debate entre miembros del gobierno sobre la salida de Óscar Arriola -finalmente concretada- como jefe de la Policía, la guerra de Rospigliosi desde el Senado contra el Poder Judicial, entre otros. Una seguidilla de iniciativas individuales, casi todas poco relacionadas a los problemas que la sociedad peruana considera como urgentes.
Y este primer tramo ha terminado con el caótico y penoso espectáculo desplegado la semana pasada tras el secuestro de un empresario minero en Trujillo y el asesinato de sus acompañantes. Entre las imágenes insólitas que dejó el episodio estuvieron la presentación, por parte de la Policía, de detenidos considerablemente más bajos que los autores del crimen que aparecían en los videos de vigilancia; la insinuación del Gobierno de que la liberación del empresario había sido lograda por la Policía, algo desmentido luego por la familia; y las fotografías en las que los sospechosos parecían ser interrogados por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, quien acudió en reemplazo del ministro del Interior y buscó ejercer protagonismo a lo largo de toda la crisis. Belaunde, uno de los más cuestionados, llegó al gabinete sin mayor experiencia en temas de defensa o seguridad ciudadana, en buena medida como recompensa por haber apoyado a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial, después de haber obtenido él apenas el 0,2 % de los votos en la primera y quedado por detrás de otros veintiséis candidatos.
Todo esto muestra un proceso de adaptación muy accidentado para el gobierno de Keiko Fujimori. Después de haberlo intentado una y otra vez durante dos décadas, el fujimorismo 2.0 parece todavía sorprendido de haber ganado y, más aún, de la magnitud de la tarea de gobernar. A pesar de concentrar ahora el control de buena parte de las instituciones del Estado, no parece saber aún cómo articularlas en favor de la gobernabilidad. Las promesas de recuperar el orden y producir cambios desde el primer día, repetidas durante la campaña, han sido reemplazadas por pedidos de paciencia y por la supeditación de los resultados a la aprobación, por parte del Congreso, del pedido de delegación de facultades legislativas.
Sin embargo, este nivel de desorden político y amateurismo gerencial no debería sorprender. Si bien, cuatro campañas presidenciales contribuyeron a instalar ciertos mitos sobre un eventual gobierno fujimorista en la opinión pública, estos nunca terminaron de reflejar la realidad. El más importante, especialmente extendido en entornos empresariales y limeños, era que el fujimorismo llegaba con un equipo preparado y podía representar ese ideal de gobierno de derecha: conservador, pero técnico. Que iba a marcar una diferencia frente a los gobiernos anteriores, especialmente los de los últimos cinco años.
Pero dicha convicción pasaba por alto algo importante: que dichos años de degradación política y técnica han sido, precisamente, consecuencia de la actuación política del fujimorismo. La guerra abierta contra la meritocracia, recordemos, nació con la supermayoría congresal de Fuerza Popular en 2016 y alcanzó de a pocos a casi todos los espacios del Estado. Asimismo, los últimos tres gobiernos, caracterizados por una gran improvisación y por priorizar la repartija de cargos por encima de la gestión, fueron sostenidos por Fujimori y su bancada. Una prueba más de ello es la cantidad de personajes de esos mismos periodos que hoy forman parte de este Gobierno.
La verdad es que, lemas de campaña y narrativas aparte, Fuerza Popular es un proyecto político que durante los últimos veinte años ha actuado con el único objetivo de llegar al poder, no de impulsar una visión de país o formar cuadros. Exceptuando a los candidatos o equipos técnicos invitados, de paso temporal por el partido, de las filas del keikismo no ha surgido una sola figura que destaque por su preparación o especialización en algún sector de gestión pública. Sí ha surgido, en cambio, una interminable fila de personajes que han contribuido a degradar la calidad del debate público. Dicho de otra manera, al fujimorismo le sobran Chacones, Barbaranes, Rospigliosis, Betetas, Becerriles, entre muchos otros, y le escasean personas que sepan gobernar.
Estos elementos ayudan a explicar este primer planteo ministerial de Fujimori, más político que técnico, y más ajeno que propio, con hasta tres excandidatos presidenciales de otros partidos en el gabinete, quienes aún parecen seguir en campaña. Más acostumbrada a liderar una oposición obstruccionista que a gobernar, Fujimori tal vez anticipó un contexto de confrontación similar al que planteó desde la oposición y terminó recurriendo a figuras capaces de responder en la arena política.
El problema es que el momento exige otra cosa. Y exige, sobre todo, un nivel mucho mayor. El país enfrenta grandes emergencias, desde la ola de criminalidad hasta la inminente llegada de un El Niño que podría ser el más fuerte del que se tenga registro. Ante todo esto, se trasluce una falta de liderazgo que debería preocupar a todos. Hace pocos días, el diario La República publicó las actas de todas las sesiones del Consejo de Ministros realizadas desde el inicio del gobierno, revelando que Fujimori intervino solo en tres de las nueve sesiones realizadas hasta la fecha. En dos de esas tres intervenciones, simplemente agradeció a sus ministros. ¿Cómo puede explicarse que quien ha intentado llegar a la presidencia por más de veinte años, luego no participe de las reuniones más importantes de su propio gobierno?
Todo esto ha dejado como primera impresión la imagen de un gobierno sin un plan firme ni un rumbo unificado, con una presidenta que no lidera ni impone los objetivos de su gestión por encima de las agendas políticas individuales de sus ministros y congresistas, muchas veces contradictorias entre sí. Y, a la vez, le da a la oposición la posibilidad de sentarse a mirar pasivamente cómo, más pronto que tarde, los ministros empezarán a caer por sí solos. El antifujimorismo, dado por muerto tras el resultado de la elección de junio, curiosamente hoy vive más bien su momento más cómodo.
En un contexto regional de gobiernos que plantean todo tipo de políticas de mano dura -muchas de ellas antidemocráticas- y prometen instalar versiones locales de lo que entienden como “el método Bukele”, el gobierno de Keiko Fujimori, por ahora, ni siquiera parece tener claro por dónde empezar.
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