A propósito de una gran porción de ciudadanos que prefieren un caudillo a respetar los contratos
Este año cumplí con mi obligación de votar. ¿A quién le reclamo, entonces, cuando el uso de los recursos públicos —que es, en el fondo, un resultado de la acción colectiva— se aleja de lo que yo esperaba de esa acción? El Estado es el destinatario de un poder que yo misma delegué —el poder reside en mí, y en cada uno de ustedes, lectores de este espacio, antes que en cualquier funcionario—, y tratarlo como una entidad distante oculta esa delegación en lugar de aclararla.
La acción colectiva se aprende primero en la familia, después en el edificio donde nos ponemos de acuerdo para que funcionen el ascensor y la puerta del garaje, y ahí queda claro si la toma de decisiones es cooperativa o si depende de una sola autoridad. Esa escala pequeña funciona porque el reclamo tiene nombre y apellido: uno sabe a quién tocarle la puerta cuando el ascensor falla. El Estado debería tener esa misma lógica ampliada a la escala de un país, y ahí es donde se rompe: la sociedad compleja que hoy tenemos multiplicó los niveles de decisión sin multiplicar, en la misma proporción, los canales de comunicación.
Lo que falta es el canal de retorno. La democracia peruana se ha reducido a un ejercicio puramente electoral: usted vota y ahí se agota su participación hasta la siguiente convocatoria. Contamos, es verdad, con herramientas de transparencia que hace treinta años eran impensables. La consulta amigable en el Ministerio de Economía y Finanzas permite rastrear, partida por partida, cómo se ejecuta el presupuesto público, y la Ley de Transparencia habilita pedidos de información que, formulados con precisión, el Estado está obligado a responder.
Esa ausencia de destinatario tiene consecuencias que vimos confirmarse en el reciente debate electoral, cuando a la hoy presidenta le preguntaron por gobernabilidad y democracia, y respondió hablando de programas sociales, de agua potable, de cemento. La escena me devolvió de inmediato a su antecesora, Dina Boluarte, quien pedía que no le hablaran de política, sino de pistas y parques. El patrón se repite porque funciona: la ciudadanía premia la promesa concreta y castiga poco la ausencia de respuesta sobre las reglas del juego. Y ahí aparece la pregunta que de verdad me inquieta: ¿cómo explicar que alguien que no respeta los contratos haya sido el candidato más votado en Lima por un electorado que dice defender el mercado y la propiedad? Uno de cada cinco votantes de mi ciudad aspira, aparentemente, a un liderazgo que no negocia, que amenaza y que se impone. Pensé, sin mucha convicción, que quizás haya algo genético en esa preferencia, y la descarté enseguida: lo que hay es una acumulación de desigualdades que convirtió a la autoridad prepotente en el único atajo creíble frente a un Estado que no responde.
Allí está el vínculo entre el mito del progreso y esta democracia sin representación. Crecimos con la promesa de que la economía, si crecía lo suficiente, terminaría chorreando bienestar hacia abajo, y que no había necesidad de exigir demasiada acción colectiva porque las cosas caerían por su propio peso. Ese relato liberó a sucesivos gobiernos de construir los canales que hoy nos faltan. La transparencia sin representación es una promesa a medias, y las promesas a medias son terreno fértil para quien ofrece, en cambio, una autoridad sin intermediarios.
¿Seguiremos confundiendo la disponibilidad de datos con el ejercicio real de la ciudadanía, o vamos a exigir, por fin, el canal que convierta nuestro voto en algo más que un trámite cumplido cada cinco años?
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