Algunas preguntas que deberían formularse los ilusionados con el nuevo gobierno
Emitidos los votos y contados al 100 %, en Perú ya se tiene la certeza de que la primera mujer elegida presidenta por voto popular en este país será Keiko Fujimori.
Varios de ustedes, lectores de este espacio, están preocupados por lo que se viene, pues recordamos cómo gobernó el primer Fujimori en cuanto a las libertades civiles y los derechos humanos. Otros, están tranquilos y con la esperanza de que podamos contar con unos cinco años de estabilidad.
Entre los más esperanzados, encuentro a quienes parecerían haber estado en una cápsula del tiempo desde 1999, y que recién salieron de ella en estos días. Ellos han delineado un futuro de promoción de la inversión privada y de los mercados, a la par de un Estado eficiente con sólidas instituciones económicas. Nada dicen de la realidad actual de las economías ilegales, de la inseguridad ciudadana, o del deterioro de las instituciones que contrapesaban el ejercicio abusivo del poder. Tampoco dicen nada sobre las normas más recientes que debilitaron a las fuerzas del orden para hacer cumplir la ley. Según esta ilusión compartida, bastaría con repetir la fórmula de hace un cuarto de siglo para que el resto del entramado institucional se ordene por sí solo, aunque de sobra sepamos que el país que dejaron en 1999 no es el que recibe hoy esta presidenta.
Entre los esperanzados también se encuentran quienes recomiendan a la nueva presidenta una apertura hacia quienes no han votado por ella. El viejo clivaje izquierda-derecha tendría que ser reemplazado por un nuevo clivaje territorial: norte y costa versus zonas andinas del Perú, pero no se preguntan por qué no hubo siquiera un intento de acercamiento como parte de la campaña de la segunda vuelta. Es curioso ese optimismo retrospectivo: se exige, después de la elección, un gesto de inclusión territorial que no se buscó cuando todavía había votos por ganar.
Otro tipo de esperanzados son aquellos que comparten información “dizque” de la interna de Fuerza Popular y afirman que tenemos un gran margen de mejora en los servicios que brinda el Estado, porque esa será la prioridad del nuevo gobierno. Este grupo no dice una palabra sobre por qué desde el 8 de diciembre de 2022 ha habido tan poco control político del Congreso sobre el Ejecutivo. Más todavía, no hacen ninguna correspondencia entre las declaraciones de la expresidenta Boluarte durante las manifestaciones al inicio de su gobierno y la participación de nuestra nueva presidenta en el debate presidencial cuando respondió en el bloque sobre democracia: obras, agua y saneamiento, Foncodes y demás. Esa respuesta en el debate fue una declaración de prioridades: mientras la pregunta apuntaba a la calidad institucional —independencia de poderes, respeto a contrapesos, garantías para la oposición—, la respuesta regresó al terreno de la obra pública, como si democracia y gestión fueran sustitutos y no condiciones complementarias.
Quizá la pregunta no sea si hay razón para la esperanza —siempre la hay, aunque sea mínima—, sino qué tanto necesitamos creernos nuestras explicaciones que la sostienen. Cada uno de estos grupos construye su propia narrativa de continuidad, selecciona los hechos que la confirman y descarta, casi sin notarlo, los que la contradicen.
Tal vez por eso la esperanza, siendo lo último que se pierde, debería ir siempre acompañada de vigilancia. No se trata de renunciar a creer que es posible un gobierno distinto al que tememos, sino de no dejar que esa creencia nos exima de mirar con cuidado las señales que ya tenemos delante. ¿Cuánto de lo que llamamos esperanza es, en realidad, la versión más amable que nos permitimos contar de aquello que preferiríamos no enfrentar?
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