La historia del fuero policial y militar, y el viraje desconcertante de su mayor defensor
Esta semana, el Congreso peruano liderado por Fernando Rospigliosi modificó la ley para que los policías y militares sean juzgados por sus pares cuando cometan un delito de función, en el llamado fuero militar policial. Este cambio ha sido muy criticado ya que nos remite a un pasado oscuro y abre la posibilidad de impunidad ante el abuso por parte de los uniformados encargados de cuidarnos. En un contexto de polarización extrema, tras unas elecciones que han mostrado la profunda fisura del país —con Lima y la costa votando por el fujimorismo, mientras que los Andes y el sur eligieron a Juntos Por el Perú—, esto se anuncia como un presagio.
Algunos periodistas veteranos y asustadizos, como Carlos Tafur y Augusto Álvarez Rodrich. han advertido sobre un posible “desborde popular”, imaginando que se podrían dar disturbios con personas descontentas que vendrían desde las provincias a tomar la ciudad, con la amenaza de que una consecuencia fuese la muerte de los manifestantes. Por su parte el alcalde interino de la ciudad, Renzo Reggiardo, ha emitido una ordenanza municipal, claramente inconstitucional, que busca evitar la concentración de personas en el centro de Lima.
Estos hombres imaginan un posible ataque a su forma de vida, quizás pensando en lo sucedido a fines del 2022 e inicios del 2023, cuando Dina Boluarte fue instalada en la presidencia ante la salida de Pedro Castillo y la reacción en muchas ciudades del sur del Perú y de los Andes fue tan violenta que resultó en la muerte de decenas de manifestantes, así como de personas que simplemente pasaban por ahí. Crímenes que, por supuesto, han quedado impunes.
En la última década, la violencia generada por la respuesta antes las manifestaciones públicas ha sido tan grande que han perecido más de medio centenar de personas. En todas estas ocasiones el personal policial y militar se ha excedido en sus funciones, actuando de la manera más severa posible, sin respetar los derechos de los manifestantes. Es por ello que tenemos muertes que lamentar en algunos de los lugares que fueron más golpeados por la violencia en la década del ochenta.
Durante los años del Conflicto Armando Interno, esta violencia contra los ciudadanos fue posible porque en muchos de los departamentos más convulsionados se levantaron las garantías constitucionales, haciendo posible el abuso ante una población acusada de ser terrorista o de albergar a los subversivos. Esto llevó a años de abuso y muerte, ya que los miembros de las fuerzas del orden, encargadas de custodiar a los ciudadanos, decidieron que era más importante defender al Estado utilizando todos los medios posibles y sin atenerse al costo de respetar los derechos de ciudadanos.
Fue por ello que en 1983 se creó la Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH), que nació de una comisión de apoyo al Congreso peruano que buscó investigar las graves violaciones a los derechos humanos. Entre sus fundadores estuvo el sociólogo y periodista Fernando Rospigliosi Capurro, quien entre 1968 y 1980 había militado en el partido de izquierda Vanguardia Revolucionaria y había aparecido en público con el líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, Víctor Polay Campos.
Tras la caída del fujimorato en el año 2000 y la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) un año después, comenzó un largo proceso de rendición de cuentas que llevó a juicios que, si bien no lograron encontrar a todos los culpables, sí hicieron posible repensar los llamados delitos de función, ya que se dejó de considerar aceptable que los uniformados violaran los derechos humanos, aunque fuera para combatir a los grupos subversivos.
En el contexto del retorno a la democracia de los inicios del milenio, el entonces ministro del Interior, Fernando Rospigliosi Capurro, firmó un acuerdo con la CVR para que las familias de los policías y militares pudiesen tener información de lo sucedido a sus seres queridos en el conflicto. Durante su segundo periodo como ministro del Interior en el 2003, Rospigliosi inició una reforma policial y comenzó a mostrar un acercamiento al fujimorismo del que antes había sido crítico acérrimo. Fue incluso quien logró que se le diera resguardo policial a Keiko Fujimori, a pesar de que no ejercía en ese momento cargo público.
Es probable que su viraje más fuerte a la derecha se haya iniciado en el 2004, cuando fue censurado por el Congreso después del asesinato del alcalde de la localidad puneña de Ilave. Tras su renuncia al ministerio se refugió de nuevo en el periodismo, principalmente en la revista Caretas, donde por muchos años fue columnista, además de en La República y ATV, y no volvió a la política hasta el 2016, cuando se sumó al equipo del plan de gobierno de Kuckzynski. En esa campaña, así como en la del 2011, la búsqueda de justicia y la necesidad de encontrar a los responsables de los abusos siguió siendo importante.
En el 2020, Rospigliosi dio su paso final al fujimorismo y se incorporó al partido, participó de la elaboración del plan de gobierno y postuló al Congreso con el número 7 por Lima. Y, si bien no resultó elegido, quedó como accesitario, y cuando en el 2023 falleció Hernando Guerra-García, tomó su curul y rápidamente se convirtió en el líder más importante del fujimorismo en el Congreso.
Desde allí ha buscado cambiar la legislación para asegurarse de que los policías y militares estén protegidos ante la posibilidad de ser juzgados por sus acciones violentas en el ejercicio de sus funciones. También ha legislado para que quienes ya tenían una sentencia sean exculpados y liberados. Realmente, un retroceso en todo lo avanzado en el duro proceso de búsqueda de justicia en el Perú, y un cambio de 180 grados con respecto a quien fue en su juventud.
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