A más desconfianza en los resultados, menos debemos azuzar la violencia
En una elección como la peruana, definida por un margen mínimo, el reto inmediato es impedir que la frustración derive en violencia.
Si las tendencias se mantienen, Keiko Fujimori se convertirá en la primera mujer elegida constitucionalmente presidenta del Perú. También será la primera que llega a ese cargo gracias a los votos emitidos fuera del territorio nacional.
La diferencia será mínima: al momento de escribir esta columna, la candidata fujimorista supera al de Juntos por el Perú (JPP) por 1.303 votos. Será tan pequeña que para cientos de miles de peruanos el resultado tendrá sabor a injusticia y eso es perfectamente comprensible. Cuando una elección se define por tan poco margen, la frustración de quienes pierden es inevitable; pero también lo es la sospecha. Los groseros errores de la ONPE y su pésimo manejo de la primera vuelta animaron a candidatos, partidos, militantes y comentaristas a sembrar dudas sobre la imparcialidad del proceso electoral. Cada error administrativo fue presentado como una conspiración y cada decisión de una autoridad electoral fue interpretada como una prueba de favoritismo. El mensaje —al que ya estamos acostumbrados desde hace varias elecciones— esta vez se reforzó debido a una ineptitud convertida en aparentes pruebas: si mi candidato pierde, alguien le robó la victoria.
Así lo entendieron los seguidores de Rafael López Aliaga, y todo indica que va a ocurrir algo similar con los votantes de Roberto Sánchez. Y no porque existan pruebas de irregularidades masivas, que claramente no las hay, sino porque durante demasiado tiempo se ha alimentado la idea de que los resultados solo son legítimos cuando favorecen a los nuestros.
Las marchas y protestas, que ya se convocaron, son parte de la democracia; la indignación también. El problema aparece cuando esa frustración se transforma en violencia, y el Estado decide poner orden sin ningún criterio y sin respeto por los derechos de los ciudadanos. Ya conocemos cómo termina esa historia y ese es el escenario que deberíamos evitar a toda costa.
Gobernar un país dividido es complejo, pero si además está herido por los muertos que dejan los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, es una tarea imposible. Cada vida perdida alimenta nuevas heridas, profundiza resentimientos y vuelve más complicada cualquier posibilidad de reconciliación. Por eso, en las próximas semanas, la responsabilidad principal no recaerá únicamente en las autoridades electorales o en la policía. A Keiko Fujimori y Roberto Sánchez les toca llamar a la calma y velar por que el gobierno del fantasmal Balcázar se conduzca respetando la ley y la vida de cada peruano que salga a protestar. A los ciudadanos nos toca reconocer el derecho de quienes están decepcionados a expresar su malestar. No ayuda en nada burlarse de quienes perdieron, convertir las redes sociales en una fábrica de insultos, y mucho menos responder a la frustración con racismo, clasismo o terruqueo. Tampoco, azuzar a los ciudadanos con teorías conspirativas imposibles de demostrar.
Se vienen cinco años complicados. Arrancar esta compleja etapa inmponiendo orden con muerte, será la antesala de un infierno por el que no nos merecemos transitar.
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