Lo que ni Fujimori ni Sánchez le dicen al Perú sobre su estabilidad económica
Hay una pregunta que ninguno de los dos planes de gobierno en la segunda vuelta peruana responde con honestidad: ¿De dónde va a salir el dinero? Fuerza Popular promete llevar el gasto en salud al 7 % del PBI y en educación al 6 %, crear varias instituciones nuevas y formalizar un millón de MYPES. Por su lado, Juntos por el Perú promete ampliar el programa Juntos a un millón de madres urbanas, subir la Remuneración Mínima Vital a S/ 1.500, reactivar el Fondo de Estabilización de Combustibles y duplicar la inversión rural. Son promesas que, sumadas, representan una presión fiscal enorme. Y ninguno de los dos tiene claro cómo financiarla.
Eso, en un país que en 2024 incumplió por segundo año consecutivo sus reglas fiscales —con un déficit de 3.5 % del PBI, por encima del tope permitido— no es un detalle menor. Es la herencia más pesada que recibirá quien gane el 6 de junio, y ambos programas la tratan con una ligereza que debería alarmar.
La tentación, en debates como el de esta semana, es ordenar los planes según quién ofrece más estabilidad para la inversión privada. Esa es una pregunta válida, pero incompleta. La inversión privada no ocurre en una cámara encapsulada: necesita equilibrio de poderes, un Poder Judicial que funcione, el imperio de la ley. Sin ese entorno institucional, el tipo de inversión que se atrae no es la que transforma una economía: es inversión rentista, que extrae y no construye. Y en eso, los dos planes tienen problemas serios.
En el caso de Fuerza Popular, el problema más evidente no está en lo que dice el programa, sino en quién lo respalda. El Congreso que acompañaría a ese gobierno es el mismo que, según datos del propio plan rival, promovió más de mil proyectos de ley con un costo fiscal estimado en S/ 27.000 millones anuales en exoneraciones a grandes intereses económicos. La presión tributaria cayó del 17.5 % al 14.6 % del PBI en menos de cuatro años. Cada punto perdido equivale a más de diez mil millones de soles menos para escuelas, postas y carreteras. Frente a ese historial, la promesa de una reforma tributaria que simplifique y formalice suena a voluntad sin contrapeso.
En el caso de Juntos por el Perú, el riesgo más serio es la incertidumbre jurídica. Su programa habla de revisar el sistema de concesiones mineras, priorizar futuras concesiones a empresas que acepten condiciones de transferencia tecnológica, constituir un fondo soberano con ingresos mineros y decretar una moratoria en la Amazonía. Son propuestas que, tomadas en conjunto, afectan la seguridad jurídica de contratos vigentes y pueden activar arbitrajes internacionales. El Perú tiene una ventaja comparativa minera —eso no es ideología, es geografía— y el desafío no es negar esa ventaja, sino aprovecharla para financiar el capital humano y la infraestructura que activen una dinámica económica más diversificada. Decir que no vamos a exportar más rocas es una consigna, no una política.
La industrialización que propone JP es estructuralmente correcta como horizonte de largo plazo. El problema es que construir refinerías, parques industriales y cadenas de valor metalúrgicas requiere décadas de inversión sostenida y certidumbre jurídica del tipo que el mismo programa pone en riesgo con sus otras propuestas. No hay contradicción más cara que esa.
Un tema que merece atención particular es la propuesta de Fuerza Popular de cambiar la gobernanza de la SUNAT mediante un directorio. Quienes recuerdan los episodios del RUC sensible a fines de los 90, saben que cualquier modificación institucional en la administración tributaria que no tenga blindajes explícitos contra la interferencia política puede convertirse en un instrumento de presión sobre contribuyentes. La SUNAT necesita reforma, sí, pero una reforma que fortalezca su autonomía técnica, no que la exponga a nuevas capturas.
Al final, la pregunta que queda abierta después de leer ambos programas no es cuál de los dos es más promercado o más pro-Estado. Es una pregunta más incómoda: ¿Cuál de los dos tiene más probabilidades de gobernar con suficiente coherencia institucional como para que sus promesas —cualesquiera que sean— se conviertan en políticas reales y no en ruido? Ninguno de los dos programas responde esa pregunta. Y en un país que lleva años gobernando en modo de crisis, esa omisión es, quizás, el mayor riesgo de todos.
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