El Perú decidirá entre retroceder al año 2021 o a 1995
La historia sucede dos veces, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa, escribía hace casi dos siglos Karl Marx, profundizando en reflexiones hegelianas sobre cómo los procesos históricos pueden ser circulares. Si la idea le suena familiar probablemente sea porque pocas naciones son tan adeptas a revivir la historia como la nuestra, donde tropezar con la misma piedra podría ser un deporte nacional.
En efecto, la elección presidencial que llega a su fin este domingo ha sido una repetición degradada de la del 2021. La campaña ha estado marcada por los mismos factores: la permanente inestabilidad política, el históricamente bajo interés electoral, la aparición de todo tipo de candidatos improvisados, el hartazgo social expresado a través de un voto antisistema decidido en los últimos días. Ante esto, los resultados han sido muy similares. El voto se volvió a dispersar, los partidos que lograron los primeros lugares alcanzaron porcentajes minúsculos (ninguno llegó al 20 %) y la segunda vuelta ha terminado siendo entre prácticamente las mismas opciones: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el denominado heredero político de Pedro Castillo. El Perú, tan afín a los saltos mortales, terminó esta vez aterrizando en el mismo lugar.
Ha sido tan barato el déjà vu del 2021 que, por un lado, Sánchez ha hecho todo lo posible por copiar a Castillo, asumiendo el mismo sombrero, el mismo discurso y las mismas rutas de campaña. Y ha sido también tan burda la repetición de los libretos que, por el otro lado, los candidatos de derecha vienen desplegando la misma campaña de denuncias de fraude que, a pesar de las evidentes fallas en la organización electoral este año, no ha logrado probar la existencia de un plan sistemático para tergiversar el resultado.
No es menor que en un país en el que la política es tan impredecible y cambiante, dos elecciones consecutivas se hayan desarrollado de manera casi idéntica. Esta podría ser la confirmación de que nuestro sistema político ha llegado al punto final de su agotamiento y es, bajo las actuales circunstancias, incapaz de producir salidas nuevas por sí mismo. La débil democracia peruana, pisoteada constantemente a lo largo de la última década, ha entrado en un estado de existencia precaria y sobrevive por la incapacidad de todos los actores políticos de consolidar el poder suficiente para imponerse sobre los demás. Este fenómeno fue analizado ya en 2022 por los politólogos Rodrigo Barnechea y Daniel Encinas, quienes concluyeron que la nuestra es una «democracia por defecto», una que sobrevive no por su buena salud, sino solamente porque aún no existe la fuerza concentrada suficiente para terminar de derribarla.
Sin embargo, todo esto podría cambiar a partir del 28 de julio, dependiendo de quién gane las elecciones de este domingo. Roberto Sánchez y Keiko Fujimori no solo encarnan propuestas políticas y económicas muy distintas, sino también proyectos con muy diferentes capacidades de ejercer el poder y abusar de él.
El escenario de un gobierno de Sánchez, por lo visto durante esta campaña, promete un nivel de desorden que podría llegar a ser similar al del gobierno de Pedro Castillo. La suya es una coalición muy improvisada de actores que abarca desde especialistas de seria trayectoria y corte moderado como Pedro Francke y Manuel Rodríguez Cuadros, hasta futuros congresistas que responden directamente a Antauro Humala, pasando por familiares directos del propio Castillo en el Senado. Es cierto que Sánchez no es Castillo. Quienes lo conocen saben que el actual congresista encaja mucho más en el perfil de un hábil oportunista político que en el de un advenedizo sin la menor idea de cómo gobernar. Pero de ganar, los límites de su poder serán obvios, tanto en el Congreso como hacia el interior de su propio gobierno, e incluso de cara a otras instituciones estatales como el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas.
El caso de Keiko Fujimori es diferente. Desde el fin de la dictadura de Alberto Fujimori, que llenó el Perú de la década de los 90 de corrupción y autoritarismo, el fujimorismo ha pasado los últimos 26 años reconstruyendo una estructura partidaria disciplinada y usándola de manera sistemática para perseguir intereses particulares y recuperar control dentro del Estado. A pesar de no haber ejercido la presidencia, ha logrado acumular niveles de poder no alcanzados por ningún otro partido desde el regreso a la democracia. El llamado «pacto congresal» —la alianza de partidos que domina el actual legislativo— ha avanzado ya sobre instituciones tan importantes como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, la cual elige a las autoridades electorales.
A esto habría que sumarle la relación del fujimorismo con algunos medios de comunicación, gremios empresariales y otros espacios de poder civil. Si bien incluso en estos círculos Fujimori es la candidata más impopular que se recuerde, a la que hace pocos meses casi el 70 % de los encuestados en la Encuesta de Poder (en la que participan autoridades, periodistas, empresarios, etc.) le pedía retirarse de la política, durante esta segunda vuelta hemos visto nuevamente cuán rapidamente estas élites se amistan con el fujimorismo cuando la situación lo amerita.
Ahora bien, es cierto que este apoyo legislativo, mediático, empresarial y hasta judicial no necesariamente le garantizaría un nivel de gobernabilidad plena, especialmente a nivel social. Hay regiones del país a las que Fujimori ni siquiera ha podido viajar con comodidad durante la campaña, por el temor a escenas de rechazo popular. Pero sí le permitirá enfrentar este contexto con una red de blindaje institucional sin precedentes en este siglo, justo en el momento más frágil de la democracia peruana. ¿Qué pasará cuando el gobierno fujimorista decida avanzar sobre otras instituciones democráticas, por ejemplo aprovechando el descrédito de la ONPE para reorganizar a voluntad los organismos electorales? ¿O si responde a protestas con mayor represión que la ejercida por el gobierno de Dina Boluarte en el 2023, que terminó con la muerte de decenas de peruanos? ¿Qué actores o instituciones la obligarán a rendir cuentas, si el fujimorismo ha alcanzado los 20 escaños suficientes en el Senado para bloquear cualquier moción de vacancia?
Por supuesto, todo esto no minimiza el peligro para la democracia que también encarna Juntos por el Perú. El proyecto político de Sánchez se ha construido en alianza con personas que han sido condenadas por levantarse en armas contra el Estado, como Antauro Humala, y por intentar un golpe de Estado, como el propio Castillo. Al igual que la derecha que cada cinco años apoya a Keiko Fujimori sin pestañear, la izquierda antifujimorista que hoy se alía con estos personajes sin exigir ningún compromiso democrático o arrepentimiento, sacrifica sus propios principios en el altar del pragmatismo. Sin embargo, la verdadera magnitud de la amenaza que representaría un gobierno de Sánchez está sujeta a dos incógnitas importantes: primero, cuánto peso alcanzarán los sectores más radicales de la coalición en el entorno presidencial y, segundo, cuánto margen de maniobra real tendría el propio gobierno ante un entorno político tan adverso como el que tuvo el propio Castillo. Son atenuantes que Keiko Fujimori, de alcanzar la presidencia, simplemente no enfrentará en su probable afán de consolidación de poder.
Lamentablemente, el Perú enfrenta nuevamente una definición electoral en la que avanzar no es una alternativa. En un país en el que el pasado nunca se cierra, los peruanos tendrán la extraña oportunidad de elegir su propia farsa, decidir qué historia desean repetir. Soportar nuevamente el martirio de la inestabilidad y la parálisis del último quinquenio, o sepultar definitivamente la «democracia por defecto» y el proyecto de país nacido en el año 2000, para volver a la época en la que el autoritarismo fujimorista ejercía el control absoluto del poder. Retroceder al 2021 o a 1995, ese es el dilema.
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