Un recorrido histórico nos revela a una élite nada democrática
El 10 de junio de 1990, el outsider Alberto Fujimori le ganó la segunda vuelta al reconocido escritor Mario Vargas Llosa. Las cifras hablan de 62,5 % versus 37,5 %, un resultado contundente. En Lima, el resultado fue más ajustado pero también muy claro: 53,3 % para el candidato de Cambio 90 y 46,7 % para el candidato del FREDEMO.
Si uno ve el desagregado de los entonces 42 distritos de Lima, encuentra algunos distritos con un resultado muy distinto al de la capital en su conjunto. En San Isidro, por ejemplo, Vargas Llosa arrasó con el 82,2 % de los votos. En Miraflores ganó con 76 % y en San Borja con 75,6 %.
El diario La República del 12 de junio informó que la noche del lunes, un día después de la elección, «alrededor de trescientas personas entre hombres y mujeres, la mayoría vestida de riguroso luto, visiblemente exasperadas, vociferantes y llorosas, desfilaron por las principales calles y avenidas de Miraflores, y luego, en caravana de vehículos se dirigieron hasta la residencia de Mario Vargas Llosa donde protagonizaron una dolida manifestación de solidaridad para con el escritor».
La nota señala más adelante: «Luego la multitud nuevamente al frente de la casa empezó a corear, pero con nuevas frases y palabras. «¡Y va a caer… y va a caer… chinito loco va a caer!», «¡chinito, regresa a tu país!» y remataron, y durante largo tiempo con la palabra «¡golpe!», «¡golpe!», «¡golpe!»! hasta que la extendieron en «¡goool…pe!», «goool…pe!», «¡gool…pe!». Frente a una diferencia de casi 30 % entre los candidatos, no hubo denuncias de fraude.
Es importante precisar que el candidato presidencial Mario Vargas Llosa reconoció de inmediato su derrota y, el mismo día, fue a saludar al candidato ganador. La manifestación descrita no contó con su apoyo o el de su comando de campaña.
En el año 2011, Ollanta Humala y Keiko Fujimori pasaron a la segunda vuelta de las elecciones. Humala tuvo 31,7 % de los votos; Keiko Fujimori, 23,5 % y, relegado al tercer lugar, PPK obtuvo 18,5 %. En Lima, el resultado fue distinto: PPK obtuvo el primer lugar con 28,1 %. En San Isidro, PPK arrasó con el 61,5 %; en Miraflores tuvo 57,7 %; en San Borja, 56,9 %.
Estos resultados fueron seguidos por una proliferación de comentarios racistas en redes sociales. Según una nota publicada por RPP, Facebook y Twitter concentraron mensajes de rechazo marcados por prejuicios raciales y de clase, en un contexto en el que Humala era asociado por determinados sectores con el voto andino, rural y popular. La nota recogía declaraciones de Wilfredo Ardito, quien señalaba que el racismo peruano solía mantenerse como un tema tabú, pero que en ese momento se expresaba públicamente. RPP también citaba a Marco Sifuentes, quien advertía sobre la existencia de espacios como una página de Facebook llamada “Golpe de estado contra Humala”.
En el 2021 tuvimos el resultado electoral más ajustado que se haya producido en una segunda vuelta. Pedro Castillo obtuvo 50,1 %, frente al 49,9 % de Keiko Fujimori. Frente a ello, el fujimorismo sostuvo que existía un “fraude en mesa” y desplegó una estrategia legal orientada a cuestionar actas favorables a Castillo, especialmente en zonas rurales.
Según Ojo Público, esa estrategia tuvo una primera fase de difusión de sospechas de fraude en redes sociales y movilizaciones; una segunda fase en la que abogados de distintas firmas legales revisaron actas favorables a Castillo; y una tercera fase con la presentación masiva de recursos de nulidad. La ofensiva buscó anular votos en varias zonas rurales del país y se concentró en argumentos como supuestas firmas falsas o irregularidades en mesas de votación, aunque esos cuestionamientos fueron desestimados por los organismos electorales y no alteraron el resultado final.
Ese episodio también tuvo un componente racial y territorial señalado por distintas coberturas de la época. Una nota de EFE describió que, durante la recta final del proceso, circularon mensajes que descalificaban a los votantes de Castillo y que el racismo fue usado como una estrategia para infravalorar el voto indígena y campesino. La misma nota recogió la explicación del lingüista Marco Lovón, de la PUCP, según la cual el discurso del fraude servía para descalificar el voto rural bajo la idea de que valía menos que el voto limeño o urbano.
En las elecciones presidenciales de este año, los candidatos que pasarán a la segunda vuelta son Keiko Fujimori con 17,2 % y Roberto Sánchez con 12 %. El candidato que ganó en Lima —y arrasó en San Isidro, Miraflores y San Borja— fue Rafael López Aliaga, que quedó tercero con 11,9 %, a pocos votos de Sánchez.
Desde el domingo mismo de las elecciones, López Aliaga está ejecutando una campaña mediática denunciando que hubo fraude en su contra. No ha sido capaz de mostrar pruebas, y todas las denuncias que ha hecho se han ido desmoronando: no hubo un ausentismo mayor en Lima por los problemas logísticos de la ONPE, el ganador de la votación extraordinaria del lunes fue Jorge Nieto, no hubo contratación de extranjeros en la ONPE, es falso que se puedan modificar los resultados en la web de la ONPE, etc.
López Aliaga también ha puesto en duda los resultados en zonas rurales. En una entrevista señaló que los miembros de mesa de las zonas rurales no tienen el grado de instrucción para llenar una acta tan compleja como la de la ONPE.
Debilitados todos esos ataques, el cuestionamiento se desplazó hacia las actas de la “serie 900,000”, cuya nulidad fue solicitada por Renovación Popular bajo el argumento de que habrían sido incorporadas irregularmente al sistema electoral. De acuerdo con Javier Cipriani, diputado electo por el partido de López Aliaga, los electores de esas mesas “no existen”.
La acusación tenía un componente especialmente sensible: no se dirigía contra cualquier grupo de mesas, sino contra aquellas identificadas con una numeración usada para centros poblados, comunidades campesinas, comunidades nativas, caseríos y anexos.
La ONPE explicó que esas mesas no eran nuevas ni exclusivas de 2026, sino parte de una práctica existente desde hace casi veinte años para acercar el voto a electores que viven lejos de las capitales distritales. Según la propia ONPE, estos ciudadanos solo pueden votar si están en el padrón electoral aprobado y si su DNI corresponde al distrito donde funciona la mesa.En ese sentido, presentar la serie 900,000 como una anomalía o como una prueba de fraude implicaba poner bajo sospecha un mecanismo diseñado precisamente para corregir una desigualdad territorial en el acceso al voto.
En las manifestaciones convocadas por López Aliaga contra el fraude, así como en algunos medios de comunicación políticamente afines, no han faltado los llamados a un golpe de Estado contra el resultado electoral. Similar al que gritaban, en medio de frases racistas, ese puñado de votantes descontentos en 1990, hace 36 años.
En 1990 y 2011, los resultados holgados hicieron que el rechazo se expresara sobre todo como desprecio racista hacia los votantes que habían hecho posible esos desenlaces. En 2021 y 2026, en cambio, los márgenes estrechos permitieron transformar esa misma incomodidad en sospecha electoral, disfrazada de argumentos técnicos, jurídicos o estadísticos.
Ahí está una de las claves del fraudismo reciente: es una narrativa que ofrece una forma más presentable al racismo. Ya no hace falta decir abiertamente que ciertos peruanos no deberían decidir el destino del país; basta con insinuar que sus votos son dudosos, que sus actas son sospechosas, que sus mesas no existen, que no tienen suficiente educación para votar o contar bien, o que alguien los manipuló. La estrechez del resultado permite camuflar mejor el prejuicio, porque la denuncia parece descansar en la aritmética y no en la jerarquía social. Pero la sospecha vuelve una y otra vez sobre las mismas personas y territorios.
El problema de fondo, entonces, no es solo la mentira sobre un fraude inexistente, sino la resistencia de un sector de la sociedad a aceptar una regla básica de la democracia: que el voto de otros peruanos vale exactamente lo mismo que el suyo.
