La nueva política indígena al 2040 reconoce derechos postergados, pero necesitamos más que eso
José Miguel Mestanza Hirakata es ingeniero industrial y comercial con maestría en administración pública por la Universidad de Columbia. Se desempeña como Líder de Amazonía en UTEC Ventures, impulsando el desarrollo de emprendimientos innovadores en Huánuco, Loreto y Madre de Dios. Además, es co-fundador de Yawar, un laboratorio de innovación social que trabaja de la mano con líderes barriales y comunitarios para diseñar iniciativas de impacto en contextos de alta vulnerabilidad.
En medio del ruido electoral actual es importante resaltar que el 8 de abril de 2026, el presidente José María Balcázar firmó el decreto supremo que aprueba la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2040 (PNPI) en Perú. Fue una ceremonia en Palacio de Gobierno con dirigentes indígenas en primera fila y discursos emotivos para celebrar un hito histórico. Después de años de lucha organizada e incidencia, los derechos colectivos de cerca de 6 millones de compatriotas pertenecientes a 55 pueblos indígenas fueron reconocidos formalmente por el Estado peruano mediante una política nacional.
Pero celebrarla sin cuestionarla es un lujo que los propios pueblos indígenas no quieren darse.
Un logro eminentemente indígena
La PNPI tiene nueve objetivos prioritarios que abarcan desde la seguridad jurídica de territorios ancestrales hasta la reducción del racismo y la discriminación étnica. Articula a 40 entidades de 19 ministerios y plantea 141 servicios públicos para cerrar brechas históricas. Su meta es que, al 2040, siete de cada diez indígenas ejerzan plenamente sus derechos colectivos.
Este resultado no es un logro exclusivo del gobierno. Fueron las organizaciones indígenas y sus bases regionales las que impulsaron la elaboración de la política, desde la etapa de formulación hasta la consulta previa. AIDESEP, ONAMIAP, CONAP, CNA, FENMUCARINAP, CUNARC-P, CCP y UNCA sostuvieron durante años un proceso técnico y político complejo para que sus demandas históricas quedaran incorporadas en un instrumento con carácter vinculante.
Necesaria pero insuficiente
¿Qué tan buena es la política? Esa pregunta queda para los expertos y los involucrados en su elaboración. Lo que está claro es que hay propuestas de las organizaciones indígenas que no se consideraron. Vale la pena revisar el pronunciamiento de ONAMIAP del 26 de noviembre de 2025, al cierre del proceso de consulta previa. Lo que corresponde preguntarse ahora es si existen las condiciones para implementar la política.
La historia reciente ofrece razones para dudarlo. Tenemos la Ley de Consulta Previa desde 2011 —un instrumento pionero en la región— y, sin embargo, los conflictos por territorios indígenas siguen generándose. Tenemos políticas de interculturalidad en salud y educación que no se han traducido en mejores condiciones para la población indígena. Julio Cusurichi de AIDESEP, al momento de la firma, fue explícito: «esperamos que esta política no quede en el papel». Y el apu Jorge Chauca, durante la consulta previa, fue más directo aún: «Al 2040, no quisiéramos ver a nuestros jóvenes haciendo movilizaciones y reclamando los derechos».
El reto real de la PNPI no es normativo. Es estructural. Para que los derechos colectivos reconocidos en la política se vuelvan realidad, los pueblos indígenas necesitan dos cosas que ninguna norma puede otorgar por sí sola: seguridad —física y jurídica— y autonomía funcional y económica.
Seguridad jurídica de los territorios
Sin territorio no hay autodeterminación. Así de simple.
La titulación de comunidades nativas y campesinas es la condición habilitante de todo lo demás. Un pueblo que no tiene certeza jurídica sobre la tierra que habita no puede planificar a largo plazo, no puede resistir las presiones extractivas y no puede construir ningún modelo de desarrollo propio. La PNPI reconoce la seguridad jurídica territorial como uno de sus objetivos prioritarios. El Estado debe asumir ese objetivo como un mandato urgente y asignarle el presupuesto necesario.
Economía indígena para el buen vivir
La seguridad jurídica es necesaria, pero tampoco es suficiente. Un título de propiedad no detiene una retroexcavadora si la comunidad que está detrás no tiene recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas.
La Amazonía peruana alberga una de las mayores biodiversidades del planeta, y las comunidades indígenas son —en los hechos— sus mejores guardianes. Cuando una comunidad construye una cadena de valor que posiciona en los mercados sus recursos —aguaje, camu camu, castaña, paiche, servicios forestales—, no solo genera ingresos, gana también un argumento económico poderoso para defender el territorio que sustenta esa cadena. La biodiversidad deja de ser solo un concepto abstracto y se convierte en un activo concreto que vale la pena proteger.
El desarrollo de bionegocios ya opera en varios territorios amazónicos como una estrategia para fortalecer la gobernanza territorial y promover el buen vivir. Cuando las comunidades tienen un rol protagónico en las cadenas de valor, dejan de ser beneficiarios pasivos de políticas estatales y se convierten en actores económicos con capacidad de agencia.
Lo que debe ocurrir ahora
La PNPI es un logro significativo. Tres condiciones son urgentes para que no quede en el papel: primero, acelerar masivamente la titulación de territorios comunales pendientes. Es la base sobre la que todo lo demás se construye.
Segundo, orientar los ecosistemas de emprendimiento e innovación —empresas, universidades, incubadoras, fondos públicos y privados— hacia el desarrollo de cadenas de valor que promuevan el desarrollo de bionegocios indígenas. No como política social, sino como inversión estratégica en los actores que mejor cuidan la biodiversidad.
Tercero, consolidar el rol de vigilancia de las organizaciones indígenas. AIDESEP reafirmó su compromiso de hacer cumplir esta política. Ese compromiso necesita recursos, acceso a información y mecanismos de denuncia efectivos cuando los ministerios incumplan. La Comisión Multisectorial Permanente que la PNPI activa debe facilitar ese rol.
Los pueblos indígenas del Perú ya tienen una herramienta para exigir sus derechos. Ahora, lo que necesitan son condiciones concretas para ejercer su autodeterminación. La PNPI al 2040 abre esa posibilidad. Hacerla realidad depende de las acciones del Estado en los próximos años y nuestra respuesta frente a ellas.
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José Miguel Mestanza Hirakata es ingeniero industrial y comercial con maestría en administración pública por la Universidad de Columbia. Se desempeña como Líder de Amazonía en UTEC Ventures, impulsando el desarrollo de emprendimientos innovadores en Huánuco, Loreto y Madre de Dios. Además, es co-fundador de Yawar, un laboratorio de innovación social que trabaja de la mano con líderes barriales y comunitarios para diseñar iniciativas de impacto en contextos de alta vulnerabilidad.
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