Nuevamente, un voto presente en los Andes que sigue invisible para Lima
A inicios de año, viajando en un bus por los Andes en la región Cusco, con poca señal celular, veía el paisaje montañoso y también cómo se interrumpía por anuncios de pequeños comercios locales. Entre ellos, también aparecían pintas que pedían la libertad del expresidente Pedro Castillo. No era un mensaje excepcional. Es una postura extendida en varias regiones del país, una que, desde Lima, muchas veces no se alcanza a ver o se minimiza.
¿Castillo? ¿Aquel que intentó disolver el Congreso peruano en diciembre de 2022 tras un gobierno errático? Sí. Y, sin embargo, también aquel cuya victoria en 2021 se intentó impugnar desde Lima con el respaldo de poderosos estudios de abogados, y a quien buscaron vacar desde el primer día.
Para buena parte del país, esas dos imágenes no se contradicen. Se superponen.
En el Perú de hoy, la corrupción ya no ordena el mapa político como antes. Ha perdido capacidad de escándalo. Como me dijo alguien en Cusco: “Todos son corruptos, pero no a todos los han maltratado como a Pedro Castillo”. Esa frase, compleja para Lima, ayuda a entender cómo se están leyendo hoy la política y el poder desde otros lugares del país.
A ello se suma un hecho que la capital peruana prefiere procesar como episodio antes que como quiebre: las más de 50 personas que murieron durante la represión estatal de las protestas entre diciembre de 2022 y enero de 2023, en su mayoría en regiones del sur andino. Para muchos, ese momento cerró cualquier ilusión de pertenencia compartida, en parte porque, hasta hoy, no hay responsables sancionados.
Desde entonces, la distancia entre Lima y el resto del país se ha endurecido. No es solo desigualdad, sino desconfianza. Y frente a ella, la respuesta limeña ha sido, con demasiada frecuencia, el reflejo automático: deslegitimar lo que no logra comprender.
Mientras se contaban los votos, o incluso antes, ya circulaban comentarios en redes sociales que lamentablemente no sorprenden: “Este atorrante ganó solo en los departamentos de la gente indígena sin educación, ofreciendo migajas”. No es un exceso aislado. Es un lenguaje que revela una forma persistente de leer, y reducir, al país.
Esa mirada no es nueva. En 2021, una persona conocida de Lima me contó que había decidido “boicotear” Cajamarca, dejando de hacer turismo allí por ser la tierra natal de Castillo. El gesto, presentado como decisión individual, descansaba en una lógica más amplia: convertir territorios enteros en extensión de un voto, y a sus habitantes en una masa homogénea.
Algo similar le ocurrió a una amiga cajamarquina que vivía en Lima: subió a redes una foto con un familiar que llevaba un sombrero tradicional, y varios asumieron de inmediato que era partidaria de Castillo. Para muchos en Lima, ese sombrero empezó a existir políticamente recién en 2021. Todo lo anterior —su historia cultural, su uso cotidiano, su lugar en la vida andina— quedó borrado en un solo gesto interpretativo. Más que una confusión, es una forma de ignorancia que convierte lo desconocido en caricatura.
Se dirá que Castillo se victimizó. Ciertamente. Pero también es cierto que la élite política limeña hizo mucho por confirmar ese relato. Tras su caída, lejos de corregir el rumbo, el Congreso profundizó su descrédito, promovió las llamadas leyes procrimen y sostuvo liderazgos muy dañinos en la presidencia. Así, el resultado no fue su superación, sino su transformación no en héroe, sino en símbolo.
Ahí entra Roberto Sánchez en las elecciones presidenciales de 2026: actual congresista y exministro de Castillo. Se presenta desde una izquierda social que recoge demandas impulsadas por ese sector durante años, como la de una nueva Constitución y un mayor control económico del Estado, pero ese componente queda en segundo plano frente a su capacidad de encarnar ese dolor y capitalizarlo políticamente. Así, el gesto de llevar en campaña el sombrero que recibió del mismísimo Castillo no es anecdótico. Es estrategia: conecta con un electorado que no ha olvidado lo ocurrido con un líder de origen y cultura similares a los suyos.
Mientras tanto, Lima vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer en estos contextos: sorprenderse. Algunas encuestas fallan, los análisis se quedan cortos y reaparece la sospecha del fraude, como si el problema fuera el conteo de votos y no la dificultad de leer el país.
De hecho, mientras las encuestadoras recién empezaban a ubicar a Sánchez en el mapa —apenas un par de semanas antes de la elección del pasado 12 de abril—, en mis conversaciones con personas en regiones andinas, en el marco de mis investigaciones académicas, el mensaje ya era claro: el apoyo a su candidatura se volvía abrumador. No apareció de pronto; venía creciendo, sostenido por un malestar acumulado y un deseo de reivindicación que en Lima no terminaba de registrarse.
Su campaña, como la de Castillo antes, ocurre en circuitos que la política tradicional no pisa: territorios, redes y formas de organización que no encajan en los modelos de las encuestadoras. El problema no es que el voto “aparezca” de la nada, sino que durante mucho tiempo no se ha querido ver.
Por eso, la pregunta no es por qué Sánchez pasa a segunda vuelta. Es por qué Lima sigue sin entender qué expresa ese voto. Desde esa ceguera, resulta más cómodo pensar que el sur “se equivoca” antes que reconocer que vota desde experiencias concretas: exclusión, violencia, desprecio.
En ese escenario, la disyuntiva entre Sánchez y el también candidato presidencial López Chau sí tenía un componente ideológico, aunque no en los términos tradicionales. Ambos se ubicaban en la izquierda, pero divergían en un punto clave: la relación con el legado de Castillo. Mientras López Chau apostó por una candidatura más programática y una posición inicial más institucional, Sánchez hizo de su reivindicación el eje de su campaña, presentándose como heredero de ese proceso. Solo en la última semana, López Chau intentó incorporar ese registro con una propuesta de indulto. Para entonces, ya era tarde.
Sánchez no es Castillo, y eso merece su propio análisis de cara a una segunda vuelta. También será clave ver si ese mismo discurso puede sostener mayorías en un escenario fragmentado, así como los cuestionamientos que carga por su trayectoria política. Pero su ascenso deja en evidencia que no es solo un fenómeno electoral, sino el resultado de una desconexión persistente.
Y, sin embargo, ese país sigue estando ahí, en esos territorios donde la señal celular es intermitente, donde las encuestas llegan tarde y donde el país político aún no termina de mirar. No están fuera del mapa. Incluso cuando desde el poder se ha insinuado lo contrario —como cuando se llegó a decir que regiones como Puno “no son el Perú”—, ese Perú sí lo es, aunque a veces incomode recordarlo, sobre todo cada cinco años durante las elecciones. Desde Lima sigue pendiente tomarlo en serio, incluso dos siglos después de la Independencia.
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