La regulación migratoria aprobada en España confirma taras de ambos lados del Atlántico
José Miguel «Timmy» Icochea es el productor de Jugo. Es director de producción con más de 15 años de experiencia en eventos corporativos y proyectos culturales. Trabaja en el diseño y ejecución de experiencias, combinando estrategia, creatividad y gestión. Ha desarrollado proyectos en Europa y Latinoamérica. Vive en Madrid.
Ayer, en un grupo de WhatsApp llamado Peruanos en Madrid —que en teoría existe para apoyarnos entre quienes vivimos aquí— alguien compartió un video de TikTok criticando la reciente regularización de migrantes en España. Debajo, una mujer escribió:
“Terrible medida!! Este país se va a convertir en lo mismo de lo que hemos salido”.
Hubo risas, silencios incómodos, algún “¿qué?” perdido. Nadie respondió de frente. Yo sí escribí algo, medio en broma, medio en serio: “Deberían cambiarle el nombre al grupo: Perufachas en Madrid”. Y, más allá de la provocación, me quedé pensando en lo que esa frase encierra.
Porque no es solo una opinión sobre una ley. Es un espejo.
La regularización extraordinaria aprobada en España no es una invitación abierta, ni un premio. Es el reconocimiento legal de personas que ya están aquí, que trabajan —muchas veces en negro—, que pagan alquileres abusivos, que sostienen sectores enteros de la economía del cuidado, la hostelería o el campo. Personas que existen, aunque el Estado haya decidido durante años mirar hacia otro lado.
Regularizar no es regalar. Es ordenar una realidad. Sacar de la clandestinidad legal a quienes hoy son más explotables, precisamente, porque no tienen papeles. Un migrante irregular no desaparece: trabaja igual, vive igual, pero sin derechos y sin voz. Y eso no fortalece a una sociedad: la precariza.
Lo llamativo es que buena parte del rechazo a esta medida no viene envuelto en cifras ni análisis serios, sino en miedo. Miedo al otro, a la pérdida de identidad, al colapso imaginario. Discursos que la derecha y la ultraderecha han perfeccionado, desplazando el debate económico o político hacia uno emocional y social, muchas veces atravesado por discriminación de origen y falsedades sobre superioridad cultural o racial.
Pero lo que más incomoda —y por eso creo que este tema nos interpela tanto como peruanos o latinoamericanos— es que ese rechazo también lo reproducimos nosotros.
Perú, así como otros países hispanoamericanos, es un país profundamente informal. En mi país, millones trabajan sin contrato, sin seguridad social, sin derechos. No porque quieran, sino porque el sistema nunca los integró. Y luego nos preguntamos por qué el Estado recauda poco, por qué los servicios públicos son débiles, por qué no hay confianza ni sentido de pertenencia.
La informalidad no es solo económica: es una forma de exclusión ciudadana. Cuando el Estado no te reconoce, tú tampoco lo reconoces.
España, con esta regularización, está diciendo algo esencial: si estás aquí, si trabajas, si contribuyes, entonces formas parte. Y eso construye algo que en Perú nos cuesta mucho alcanzar: pertenencia.
La ironía es brutal. Muchos peruanos que hoy critican la regularización viven aquí gracias a procesos similares del pasado, o trabajan en sectores donde la mano de obra migrante es indispensable. Y, aun así, repiten el mismo discurso de rechazo que históricamente hemos sufrido dentro de nuestro propio país.
Porque en Perú también hemos tenido “otros”. Los que migraron del interior a Lima, los que hablaban distinto, los que no encajaban en la idea de modernidad limeña. A ellos también se les dijo, explícita o implícitamente, que traían atraso, caos, informalidad. El patrón es el mismo. Solo cambian los protagonistas.
Por eso, cuando alguien dice “este país se va a convertir en lo mismo de lo que hemos salido”, la pregunta inevitable es: ¿de verdad salimos de eso, o lo llevamos dentro?
Este debate no va solo de decretos ni de política migratoria. Va de qué tipo de sociedad queremos ser. Una que empuja a millones a la invisibilidad legal y luego se queja de la informalidad, o una que entiende que integrar es más eficaz —y más humano— que excluir.
¿Hay desafíos? Claro. Vivienda, servicios, empleo. Pero usar esos desafíos como excusa para negar derechos básicos es una trampa conocida. La exclusión nunca ha sido una solución sostenible.
Yo creo que esta regularización en España es necesaria. No perfecta, pero valiente en un contexto donde agitar el miedo da más votos que apostar por la convivencia. Y también creo que nos obliga a mirarnos como peruanos y latinoamericanos: a revisar nuestras propias contradicciones, nuestros prejuicios, y esa facilidad con la que olvidamos de dónde venimos cuando creemos haber llegado.
Tal vez el problema no es que España se parezca a lo que dejamos atrás. Tal vez el problema es que nunca terminamos de cuestionar por qué aquello de lo que huimos era así.
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