Un enfoque diferente que cuestiona el servicio que recibimos por nuestros impuestos
Importar vagones y locomotoras movidos a diesel y que han sido dados de baja por contaminantes, ir a la comisaría y que escriban tu denuncia a mano, o contratar profesores para la escuela pública que no han aprobado los exámenes de acreditación son solo unos ejemplos cotidianos del estándar de atención para el servicio público que nos acerca a los pujantes países africanos y nos aleja de los estados de bienestar europeos.
Al mismo tiempo, accedemos a aparatos móviles —mal llamados “teléfonos”— que nos conectan al mundo, pero, sobre todo, a nuestras cuentas bancarias o nos permiten pagar inmediatamente con el famoso “Yape”; las zonas modernas de la ciudad tienen un alumbrado público que se parece al de ciudades europeas, y tenemos a nuestra disposición servicios de transporte de varias calidades, entre ellas, el denominado “low-cost” o de mínima prestación. Un servicio “low-cost” carece de detalles que facilitan la experiencia, pues cumple su finalidad al mínimo costo posible: si quieres algo más, pues tendrás que pagar extra.
Álvaro Gálvez toma este anglicismo en su reciente reflexión sobre el Estado peruano: El Estado low-cost. Burocracia, informalidad y precariedad de los servicios públicos en el Perú (IEP, 2025).
Y precisamente es aquí, en la propia concepción del tipo de Estado que critica Gálvez, que viene mi crítica al enfoque. Un servicio “low-cost” es uno que cumple su finalidad. En una aerolínea “low-cost”, el servicio de transportar a una persona de un origen a un destino se cumple. Es el resto de atributos que solemos asociar con el transporte aéreo el que requiere pagos extras: equipaje de bodega, selección de asiento, posibilidad de cambio de fecha sin costo, etc. El logro de la relación origen-destino para el pasajero que pagó esa tarifa se cumple, así como para el resto de pasajeros que pagaron otras tarifas; es cualquier extra no considerado imprescindible para el mínimo de servicio ofrecido lo que termina privatizado y al gusto y capacidad de pago del cliente.
Gálvez define que “el Estado low-cost es uno cuyo aparato público cumple con prestar servicios a la ciudadanía, pero se conforma con ofrecer solo lo suficiente para lograr su presencia, con lo que da por sentado un conjunto de carencias en su prestación” (p. 33).
En mi lectura, el Estado que analiza Gálvez no es uno “low cost”, de tarifa básica —analogía a la que él mismo recurre, sino uno mediocre— que presta servicios, pero no solo de baja calidad, sino de baja cobertura, sin lograr el acceso universal al que tendría que aspirar cualquier estado. Nuestro Estado actual ni siquiera cumple con el mínimo —recordando el texto de Trivelli y Gil (2021)— por lo que ni siquiera calificaría como “low-cost”.
Más allá de mis discrepancias sobre lo que significa “low cost”, lo cierto es que Álvaro Gálvez ha producido un ensayo provocador y que se lee con facilidad. La presentación es la desiderata del libro y recomiendo leerla con atención, ya que nos explica cómo la trayectoria del joven autor ha ido nutriendo de ideas, lecturas y experiencias su reflexión actual. Luego, cuatro capítulos se dedican a examinar no solo qué se comprende como Estado “low cost”, sus costos ocultos, un caso concreto de ejemplo (Kuélap) y las consecuencias de este tipo de Estado sobre la democracia. Finalmente, y como no podía ser de otra manera, las conclusiones abordan la pregunta del millón: las maneras de salir de este tipo de Estado, que evito contarles para alimentar su curiosidad.
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