Otro capítulo amargo en la mudanza de los documentos de todos los peruanos
Este jueves 28 de agosto se inició finalmente el traslado de los documentos de la sede del Archivo General de la Nación en el Palacio de Justicia al local de la Biblioteca Nacional en la avenida Abancay. A pesar de todos los esfuerzos por evitar el desmembramiento y destrucción de la memoria del país, nada ha sido posible para detener este proceso que no cuenta con ningún respaldo técnico. Los especialistas hemos advertido en todos los tonos y de todas las maneras que separar los documentos y llevarlos de a pocos a distintos recintos es lo mismo que condenar el estudio de nuestro pasado al abismo del olvido.
Parte del problema está en que, luego de descartarse por presión ciudadana la absurda idea de mover el acervo a un galpón industrial al Callao como lo planteaba el anterior jefe del Archivo, Ricardo Moreau, la estrategia que se planteó fue ir haciendo los planes de a pocos, de manera soterrada, haciéndolos pasar como aceptables por no ser tan aparatosos. Pero eso no los hizomenos peligrosos. La señora Olinda Graciela Rengifo, actual jefa del Archivo, tendrá que responder por su responsabilidad aldividir, o más bien continuar dividiendo, las colecciones y mandarlas por pedazos a distintos repositorios, algo que no hace más que multiplicar los riesgos a los que se ven expuestos los papeles que narran lo que somos como nación. Con el problema añadido, claro está, de que no se sabe cómo y de qué manera se podrán consultar, lo que significa que de alguna manera ya han desaparecido, porque no se pueden usar para pensar y entender nuestro pasado.
La resolución jefatural emitida por el AGN el último viernes 29 agosto deja en claro que este traslado se organiza como respuesta al acuerdo suscrito en febrero de este año con el Poder Judicial, de entregar los espacios del primer piso del Palacio de Justicia antes de que termine este año calendario. Se trata de un tema también discutido hasta el cansancio: que se debe respetar una decisión judicial. Y si bien es cierto que el caso se perdió y que el espacio debe pasar al Poder Judicial, la misma sentencia deja en claro que esto solo debe suceder si el lugar a donde van los documentos pueden ser resguardados de la manera másconveniente, algo de lo que hemos hablado como colectivo incluso con la presidenta del Poder Judicial y que hoy no queda claro en el plan que se presenta. A pesar de ello, la primera entrega se hizo en el mes de abril, pero entonces solo se movieron muebles de las oficinas y los salones de lectura en el primer piso. En ese momento no se trasladaron documentos, como sí se ha hecho el reciente viernes 29 de agosto. Según consta en ese documento, se desocuparán para el 31 de octubre 542 m2 del primer piso, y para el 2026 se desalojarán los 2.965 m2 restantes, incluyendo todo el sótano. La pregunta es ¿a dónde irán todos esos documentos? ¿Qué pasará con ellos? ¿Será posible consultarlos?
En el plan de trabajo que ha llegado a mis manos se deja en claro que hasta ahora se han trasladado 460 cajas de la colección del Ministerio de Industrias con todo lo referente a marcas y patentes de nuestra historia, 63 cajas de la Cámara Algodonera del Perú, 758 cajas de correspondencia de la secretaría del Ministerio del Interior, 691 cajas de decretos prefecturales, expedientes de autorizaciones y correspondencia de la Dirección General de Gobierno/Prefectura de Lima que son parte de la colección del Ministerio de Gobierno y Policía, 1.050 cajas de registros de movimiento migratorio de la Dirección de Migraciones y Naturalización del Ministerio del Interior, además de 855 cajas de nacimientos, matrimonios y defunciones de los registros civiles de la Municipalidad de Lima. En estos documentos no se especifican fechas, es decir, no tenemos idea de qué periodos comprenden estas colecciones y, más allá del número de cajas y esta somera descripción, no se cuenta con información alguna de lo que se está trasladando realmente.
La información que tenemos hasta el momento da cuenta de cómo se van a organizar las cajas, sus dimensiones, quiénes las van a acompañar y muchos más detalles sobre el proceso mismo, pero no hay ninguna indicación de cómo se piensa manejar, custodiar y poner en servicio los documentos. Lo más llamativo es que no parece existir aun un registro o catálogo de lo que va a ser trasladado: no sabemos ni lo que sale y, por ende, no se podrá cotejar con lo que llega, más allá de un número de cajas. Es decir, estamos operando completamente a ciegas y nunca sabremos qué había realmente.
Para quien escribe, lo más grave es la falta de visión. Hace exactamente un año, la entonces ministra de Cultura —Leslie Urteaga— anunció que el presupuesto del 2025 incluiría una partida para comenzar la construcción de la nueva sede del AGN, pero hasta ahora no hay ningún avance al respecto. Ese dinero existe en el presupuesto, son 50 millones de soles que hasta ahora no se han utilizado. No sabemos cómo van los planes para la construcción, qué se ha hecho con esos fondos y cómo asíhemos llegado al mes de agosto sin idea alguna de por qué aún no existe claridad sobre el nuevo local.
Lo único que podemos concluir ante esta información —o desinformación— es que las personas que están a cargo de nuestro patrimonio no solo son incapaces, sino que además serían corruptas. Nuestra campaña del año pasado para evitar la absurda mudanza del AGN a un galpón en el polígono industrial en el Callao fue exitosa en dos niveles; por un lado, se abandonó la peregrina idea de mover los documentos a semejante lugar, pero no menor fue lograr que se asignara dinero para la construcción del nuevo local.
Un año más tarde, con ocho meses teniendo el dinero en el presupuesto nacional, ¿dónde está el local?
¿Dónde están los planes para la construcción?
Los ciudadanos demandamos respuestas: nuestra vigilancia no será archivada.
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