Un repaso de factores tras otra vacancia a la peruana
Como dijo Patricia del Río en su artículo de Jugo ayer, idiotas no somos: los peruanos sabemos que el Congreso no sacó a la expresidenta Boluarte porque quería lo mejor para la población, lo hizo porque la situación se les volvió absolutamente insostenible. El mandato de la que fuera elegida como vicepresidenta del golpista Pedro Castillo comenzó bañado en sangre y solo se mantuvo por la voluntad del parlamento.
Y si algo ha quedado completamente al descubierto es que el sistema político peruano ha dejado de ser mixto para convertirse en uno parlamentario. Esto sucedió hace varios años y es el origen de la inestabilidad política que nos persigue. El cambio se dio sin consenso, sin debate o un proceso constituyente, simplemente interpretando una cláusula particular de la Constitución de 1993 que permite que se pida una moción de vacancia y que se logre con un número de votos. Esta se ha convertido en la manera de sacar a quien esté en el Ejecutivo de manera “express”.
Hace casi tres años, cuando se dieron las matanzas en el sur del país y muchos clamábamos por la salida de la señora Boluarte, los congresistas decidieron que ese no era suficiente motivo para vacarla. Establecieron un sistema de cogobierno en el que tuvieron la posibilidad de hacer lo que quisieron, incluyendo pasar leyes que benefician al crimen organizado, mientras la presidenta se dedicaba a coleccionar relojes de alta gama, a hacerse procedimientos estéticos, y a pensar en qué vestido usar para la próxima visita oficial o viaje al extranjero.
Su incapacidad para gobernar fue absoluta; sus ministros, sacados de las más oscuras gavetas de los partidos que la apoyaban, no hicieron más que hacer que un país asolado por la inestabilidad descendiera al borde de la ingobernabilidad. Pero con los precios de los metales por las nubes, el interés chino en el puerto de Chancay, junto con el crecimiento desmedido de las economías ilegales que tienen sus propios agentes en el Congreso, nada parecía poder mover a la inquilina de Palacio de Gobierno.
Esto duró hasta que la cercanía del proceso electoral y la presión de la calle hicieron efecto. Las causas de la caída de Dina, sin embargo, son múltiples. No ocurrió precisamente ni por su falta de habilidad para gobernar o su absoluta carencia de popularidad. Si esos fuesen los motivos hubiese caído mucho antes. Desde un inicio quedó muy claro que ella servía como mandataria por la voluntad del Congreso que no le bajaba el dedo porque le resultaba funcional. Pero a tan solo seis meses de las elecciones, los partidos políticos que la habían apuntalado decidieron abandonarla como peso muerto.
La pregunta es si lo hubiesen hecho sin la presión de la calle. Las movilizaciones de fines del mes de septiembre terminaron con la idea de la pasividad de la población. Los jóvenes de la autodenominada generación Z salieron por cuatro días a marchar y fueron reprimidos con una fuerza desproporcionada. Hace dos semanas, cuando los acompañé en una de las marchas, comprobé que se trataba principalmente de jóvenes con un mensaje muy simple: están hartos de ser tratados como idiotas y buscaban que salieran tanto la presidenta como los congresistas porque no se sienten representados.
A ellos les siguieron los transportistas, cansados de que los maten por extorsión por solo querer hacer su trabajo. Y como los paros con buses son mucho más difíciles de desarmar que los de personas, el cierre de puntos estratégicos en la ciudad de Lima dejó muy en claro que la situación empezaba a salirse de control. Pero fue quizás el rechazo mostrado a uno de los precandidatos limeños en el sur del Perú lo que más asustó a los congresistas con ánimos de reelección, que hasta entonces parecían impávidos: el autodenominado periodista Phillip Butters se presentó en Puno después de haber despreciado repetidamente a los familiares de las víctimas del abuso estatal a inicios del gobierno de Boluarte y casi lo agarran a pedradas. Tal era la furia de quienes lo esperaban que salió bajo resguardo.
Sin embargo, el último clavo en el ataúd de la señora Boluarte fue el reciente atentado en el concierto del grupo Aguamarina. Cuando la ráfaga estalló en medio de una canción en el Círculo Militar de Chorrillos, la situación se hizo insostenible. El grupo de cumbia, que viene enfrentando a sus extorsionadores de una manera muy pública desde hace meses, hicieron visible lo que cientos de peruanos viven cada día: la amenaza de morir a balazos si no pagan dinero para tener protección. Ante ello, el Congreso finalmente actuó y en menos de 24 horas vacó a Dina Boluarte, dejando en claro que siempre había sido muy fácil pero que no habían querido.
De momento han instalado a José Jerí, un congresista de 38 años que llegó a su escaño con tan solo 11.654 votos porque Martín Viscarra —elegido con 208.387— fuera inhabilitado para ejercer función pública por diez años. Representante de una alianza entre Somos Perú y Alianza Para el Progreso de César Acuña, el ascenso de Jerí a la presidencia del Congreso primero, y ahora a la de la República, es otra muestra de la falta de representación de nuestro sistema. Esto, sin tomar en cuenta que en enero de este mismo año Jerí fuera acusado de violación sexual, además de señalársele por haber recibido pagos irregulares de una compañía a la que habría beneficiado con legislación regional.
Por todo esto hay una gran marcha convocada para este miércoles 15 de octubre. ¿Será que Jerí logrará organizar un gobierno antes de eso? ¿Será que el Congreso seguirá haciendo posible su presidencia? Porque sabemos que lo único que se necesita para sacarlo es el número de votos.
¿Será que la calle y la protesta ciudadana impedirá que siga en el cargo, como sucedió con Manuel Merino hace cinco años? Dependerá de nosotros y de la claridad que le demos a los congresistas de que esto es insostenible.
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