La gran ausente en el pedido de facultades extraordinarias del gobierno
Penélope Brou es magíster en Salud Pública y Salud Global por la UPCH y politóloga por la PUCP. Especializada en investigación en salud pública con enfoque en los impactos de cambio climático, equidad en salud y poblaciones en situación de vulnerabilidad estructural, así también como en la traducción de evidencia científica para informar a la ciudadanía y la toma de decisiones.
Hace un mes, el Ejecutivo presentó ante el Congreso de la República del Perú una solicitud de delegación de facultades legislativas argumentando la necesidad de responder a dos de los principales desafíos que enfrenta el país actualmente: la inseguridad ciudadana y los inminentes impactos del Fenómeno El Niño. El pedido comprende 66 habilitaciones para legislar en distintos sectores durante un periodo extraordinario. Sin embargo, ninguna de las facultades solicitadas está orientada específicamente a fortalecer la preparación y respuesta del sistema de salud frente a emergencias climáticas, pese a que la salud de la población es lo primero que se pone en riesgo durante el Fenómeno de El Niño.
La referencia a El Niño aparece de manera transversal en diversos apartados del documento al abordar materia agraria, manejo de recursos hídricos, agilización de proyectos, protección de la actividad pesquera y vivienda. Además, se suman diversas medidas de simplificación administrativa, agilización de permisos y fortalecimiento de proyectos de infraestructura considerados prioritarios, todo ello con un enfoque centrado en la respuesta a los impactos, más que a prevenirlos.
Entre las decenas de habilitaciones solicitadas no existe ninguna destinada a fortalecer la vigilancia epidemiológica, ampliar la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud, asegurar la continuidad de los servicios sanitarios durante emergencias climáticas o de infraestructura como huaycos y derrumbes, ni tampoco buscan mejorar la capacidad del sector para anticipar y responder a los efectos sanitarios asociados a eventos extremos. Esta ausencia resulta llamativa considerando que los impactos de El Niño sobre la salud han sido de los más alarmantes en episodios pasados. Las lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos no solo afectan viviendas e infraestructura, sino que también incrementan el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores, favorecen la contaminación de fuentes de agua potable, dificultan el acceso a servicios de salud y generan interrupciones en las atenciones médicas.
Un ejemplo clave es la propagación del dengue, que no solo es impulsada por el aumento de las lluvias y el calor durante El Niño, sino también por las crisis posteriores a los desastres naturales. Cuando el acceso y la calidad del agua potable se ven comprometidos, las familias se ven obligadas a improvisar reservorios de agua, los cuales se convierten fácilmente en focos de reproducción para el Aedes aegypti, el mosquito vector de la enfermedad, lo que evidencia la clara intersección entre clima, infraestructura y salud.
En ese sentido, durante episodios anteriores, regiones costeras como Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad han enfrentado decenas de accidentes, incrementos de enfermedades infecciosas y dificultades operativas en sus redes sanitarias, mientras que en la Amazonía las alteraciones climáticas han sido asociadas a cambios en la transmisión de enfermedades como el dengue, malaria, leptospirosis, entre otras, incluso en temporadas en las que históricamente no hay un alza de casos.
La exclusión de medidas sanitarias es particularmente llamativa en un contexto donde el propio discurso gubernamental ha enfatizado la importancia de la transformación digital, los sistemas de información y las alertas tempranas para enfrentar riesgos asociados al cambio climático con iniciativas relacionadas a la digitalización de datos, interoperabilidad de información y herramientas de monitoreo. Sin embargo, con claras limitaciones estructurales como la falta de personal sanitario en zonas vulnerables, las brechas de infraestructura, el poco acceso a internet y las limitaciones para garantizar la continuidad de los servicios básicos, los discursos siguen siendo ideas vacías.
Pese a que la gestión de crisis sanitarias frente a El Niño exige un enfoque integral basado en la prevención y la mitigación de impactos futuros, el éxito de la estrategia no radica exclusivamente en la tecnología de predicción, sino en la capacidad del sistema de responder ante la crisis. Anticipar brotes epidemiológicos, mapear vulnerabilidades territoriales y optimizar recursos son pasos críticos, pero estériles, si no existe la capacidad institucional para ejecutarlos. La información estratégica pierde todo su valor si las redes de salud locales carecen del personal, del presupuesto y de la autonomía logística indispensables para desplegar brigadas, abastecer insumos y asegurar la atención médica en las zonas afectadas.
El Perú cuenta con instrumentos nacionales de gestión del riesgo de desastres, algunos reglamentos de adaptación al cambio climático e iniciativas para fortalecer los sistemas de información. Sin embargo, hay brechas persistentes en la articulación entre información climática y toma de decisiones sanitarias, así como limitaciones para incorporar de manera sistemática los riesgos climáticos en la planificación del sector salud. Mientras tanto, varias de las facultades solicitadas por el gobierno sí plantean modificaciones regulatorias orientadas a facilitar inversiones, simplificar procedimientos administrativos y acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura. Aunque, siendo positivos, algunas de estas medidas podrían tener efectos indirectos sobre la resiliencia frente al Fenómeno El Niño, el documento no ha añadido propuestas reales para fortalecer de forma explícita la capacidad sanitaria del país ante futuras emergencias climáticas.
Si El Niño constituye una de las principales justificaciones para solicitar poderes legislativos extraordinarios, y los impactos sanitarios de un eventos climático de esa magnitud figuran entre las consecuencias más frecuentes y costosas para las poblaciones, ¿a qué se debe esta omisión?
Esperamos una respuesta a la altura de la urgencia.
Referencias:
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). (2026). Proyecto de Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para enfrentar la inseguridad ciudadana y los efectos del Fenómeno El Niño. Lima: PCM.
Autoridad Nacional del Agua (ANA). (2009). Ley N.° 29338, Ley de Recursos Hídricos. Lima: ANA.Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). (2024). Plan Multisectorial ante la ocurrencia del Fenómeno El Niño 2024–2027. Lima: Gobierno del Perú.
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). (2024). Escenarios de riesgo ante lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño. Lima: CENEPRED.
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). (2024). Escenarios climáticos y monitoreo del Fenómeno El Niño en Perú. Lima: SENAMHI.
Ministerio de Salud (MINSA). (2022). Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Salud frente a eventos climáticos extremos. Lima: MINSA.
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