Sobre el derecho a vivir y a que nuestras calles no se inunden
Estoy en un punto de mi carrera como economista en el que prefiero postular la igualdad ante la ley por sobre cualquier otra forma de igualdad. El artículo 1 de la Constitución me reconoce el derecho a la vida: a mí no me pueden matar sin proceso judicial, y ese mismo artículo debería alcanzarnos a todos por igual, sin distinción de apellido, territorio o dotación inicial. Cualquier otra forma de igualdad viene cargada de historia, de bioquímica personal, de circunstancia, y allí la diferencia es inevitable. Celebro que lo sea: sin diferencia en percepciones, aspiraciones y dotaciones no hay intercambio posible, ni mercado, ni los bienes y servicios que necesitamos para crecer.
Uso la palabra desigualdad a propósito, aunque me gane más de una mirada torcida, porque solemos tratarla como sinónimo de injusticia, cuando su verdadero sinónimo es diferencia, y la diferencia es la materia prima de cualquier economía. Dicho esto, lo cierto es que elegir un proyecto de vida entre varios distintos exige, como condición previa, llegar vivo y con las mismas herramientas básicas al punto de partida.
Sin embargo, tengo una alumna que sale de su casa a las 4:40 de la mañana para llegar a mi clase de las 8:00. Si sale más tarde, no llega. Ese dato me parece criminal, y lo digo en esos términos porque ninguna palabra más suave le hace justicia. La pregunta que me hago es cómo compatibilizar mi defensa de la igualdad ante la ley con una realidad en la que el mismo artículo 1 nos alcanza de manera completamente distinta según el territorio en el que nacimos. El día que se derrumba mi casa, o se inunda mi calle, tengo derecho a recibir ayuda del Estado, y ese mismo derecho lo tiene, en el papel, el awajún que vive en la Amazonía. En los hechos, no morimos por la misma ley: tenemos la herida abierta de las más de cincuenta personas fallecidas por proyectil de arma de fuego a fines de 2022 e inicios de 2023 en el sur del país, en circunstancias que en Lima habrían tenido otro desenlace.
La educación y la salud son un escalón previo a cualquier discusión sobre desigualdad legítima. Aspirar a disfrutar la diferencia de proyectos de vida solo tiene sentido cuando la diferencia real ya no está entre llegar viva al hospital o no llegar, entre estudiar con buenos profesores o sin ellos. Mi sueño, después de que mis hijas estudiaran en colegios privados, es que mis nietos puedan ir a un colegio público sin que eso implique una pérdida para ellos. Ese sueño debería ser modesto. Hoy es casi una fantasía.
Lo que tenemos, mientras tanto, es una organización social que resuelve la ausencia del Estado con recursos primarios: el club departamental, la pollada, la red de paisanos, la familia extendida que cubre lo que la acción colectiva del Estado no cubre. Admiro la creatividad con la que esas redes se sostienen, y reconozco su límite: resuelven el problema de quien tiene la red, sin construir el piso común que necesitamos como país. Cada quien sale adelante con su pañuelo, y ese individualismo práctico termina ocupando el lugar de una acción colectiva que nunca llega a organizarse a la escala que el problema exige.
Defender la igualdad ante la ley y exigir un piso común de salud y educación son la misma exigencia planteada en dos escalones distintos: el segundo es la condición para que el primero deje de ser una fórmula constitucional y se convierta en una experiencia compartida. Solo cuando todos lleguemos vivos y con las mismas herramientas básicas al punto de partida tiene sentido celebrar la diferencia que viene después, esa que nos distingue en aspiraciones, en oficios, en maneras de entender la vida.
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