El reciente endeudamiento de Lima nos hace viajar a tiempos que parecían superados
Si alguna virtud podía encontrársele al anterior alcalde de Lima, Rafael López Aliaga —hoy candidato presidencial—, es que buscaba “hacer” cosas. En medio del hacer, sin embargo, se olvidaba tanto del respeto a la ley como de su propio paso efímero por el poder.
Para “hacer cosas”, como debería ser claro para cualquiera de nosotros, se necesitan recursos. La gestión anterior encontró una manera de localizarlos que le evitaba tener que pedir ampliaciones presupuestales al Ministerio de Economía y Finanzas, y, en el camino, justificarlas técnicamente: emitir bonos y, de esa manera, endeudar a la Municipalidad de Lima.
Si bien todos los gobiernos locales tienen un límite de endeudamiento previsto en la ley, un gobierno subnacional puede ignorarlo si obtiene dos calificaciones crediticias de nivel BBB+. Ya a inicios de 2024, el Consejo Fiscal advirtió de la inconveniencia de una ley que otorgara tal laxitud a un gobierno subnacional para endeudarse, pero, como su opinión es “no vinculante”, nada se ha hecho para corregir esta norma.
Esa era la situación de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) al inicio de la gestión del hoy candidato presidencial en 2023. Hasta la fecha, la MML ha logrado realizar cuatro emisiones de bonos a tasas muy por encima de las que pagan los Bonos del Tesoro Público (BTP). En otras palabras, nos hubiera convenido que el dinero se obtuviese del Tesoro Público y no mediante este tipo de emisiones de la MML. Pero, claro, habría tenido que justificar su programa de inversiones.
Para un inversionista, comprar bonos le proporciona una renta fija que no está sometida a los vaivenes del mercado. Quien emite el bono debe demostrar que cuenta con un flujo futuro razonable para abonar el rendimiento en el plazo acordado.
En el caso de la MML, esta ha ofrecido los ingresos futuros de diversas fuentes: impuestos de alcabala, impuesto vehicular, recursos del Foncomún, impuestos a los juegos de casinos y máquinas tragamonedas, y el impuesto predial.
¿Cuál es la situación actual? Hemos recibido 4.000 millones de soles, pero la deuda es superior por los intereses —como he mencionado, a tasas muy altas— y asciende a 5.000 millones de soles. Este monto equivale a casi cuatro veces el promedio de ingresos que la MML ha recibido en los últimos cuatro años.
El Consejo Fiscal ha advertido una y otra vez que esta situación coloca en riesgo a las finanzas públicas. No solo la MML tiene un escaso margen para ampliar sus inversiones, en la medida en que sus ingresos futuros ya están comprometidos en estas emisiones de bonos, sino que, además, parte de las obras para las cuales se ha obtenido el financiamiento ha involucrado generar contingencias con concesionarios.
Con respecto al primer tema, las siguientes gestiones municipales tendrán escaso margen de maniobra para implementar planes para Lima, ya que la inversión ya está comprometida y el espacio para nuevo endeudamiento será limitado. Vale la pena recordar que una calificadora de riesgo ya rebajó la calificación de la MML a nivel de bono basura.
Con respecto al segundo tema, la situación es aún más compleja. Los concesionarios han demandado al Estado ante el CIADI y los laudos perdidos y las deudas se van acumulando. Entre estos se encuentran los USD 46 millones por la controversia con Línea Amarilla y USD 267 millones a Rutas de Lima. Estas cifras no incluyen los resultados de la controversia recién iniciada por Brookfield en el marco del tratado bilateral de inversiones Perú-Canadá, que ascendería a USD 2.700 millones.
Parte de la historia económica del siglo XIX en el Perú es contada a tono de las grandes deudas en que incurrió el Estado peruano. Resulta muy curioso que hoy, en pleno siglo XXI, se justifiquen obras para “volver” a la arquitectura colonial del siglo XIX en el centro de Lima. Parecería que la ambición por viajar en el túnel del tiempo incluye también una crisis por deuda.
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