¿Y la Alianza del Pacífico?


¿Qué futuro le espera a este importante bloque regional tras la crisis peruana?


Oscar Vidarte Arévalo es profesor de la especialidad de Relaciones Internacionales, y coordinador del Grupo de Investigación sobre Política Exterior Peruana (GIPEP) de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP. Es autor/editor de los libros “El Perú, las Américas y el mundo 2014-2015. Opinión Pública y Política Exterior”, “Cambios en el régimen político y su impacto sobre la política exterior peruana”, “La Alianza del Pacífico y su impacto bilateral” y “Perú y Chile, del antagonismo a la cooperación: el camino hacia la transformación del vínculo bilateral”. También se ha desempeñado como columnista de los diarios El Comercio, Perú 21 y La República.


Existe actualmente una inquietud por el futuro de la Alianza del Pacífico (AP), la iniciativa de integración regional que agrupa a México, Colombia, Perú y Chile, aunque no se trata de la primera vez. Al poco tiempo de haber sido creada, la llegada al poder de Ollanta Humala en el Perú (2011) y, en menor medida, Michelle Bachelet en Chile (2014), generó preocupación acerca de un posible debilitamiento del bloque regional. 

Humala llegó con una propuesta de gobierno muy crítica del neoliberalismo, y en especial del libre comercio y del regionalismo abierto. En concordancia con el resto de la izquierda regional, parecía que iba a priorizar el papel del Perú en espacios como la UNASUR o la Comunidad Andina.  Por otro lado, Bachelet fue reelegida sobre la base de una crítica muy fuerte a su antecesor respecto a lo que ella consideraba había sido una política exterior muy economicista. En este contexto, le preocupaba que el componente ideológico de la AP pudiera alejar a Chile de otros proyectos de integración.

No obstante, en ambos casos, los dos gobiernos entendieron la importancia de la AP y le dieron prioridad. A pesar de tratarse de una herramienta constituida por gobiernos liberales en su momento y que tenía como gran objetivo convertirse en una plataforma de integración económica y comercial, los gobiernos de izquierda pudieron darse cuenta de su relevancia para el interés de sus países.  

Unos años después, la Alianza del Pacífico vio la llegada al poder de López Obrador en México, Boric en Chile, Castillo en Perú y, finalmente, Petro en Colombia. Todo el bloque regional parecía cambiar de orientación política y económica. En este nuevo escenario, todos se preguntaban ¿qué pasaría con la AP? Y si bien, nuevamente, la AP no aparece como un bloque de relevancia en su propuesta de política exterior, resulta difícil de creer que a estos gobiernos no les interese profundizar su articulación comercial a nivel regional o la interacción con la región de Asia-Pacífico. O peor aún, que no le den valor al interés que la comunidad internacional ha mostrado por la AP —con más de 60 países observadores— y no busquen aprovecharlo. 

Es cierto que la AP nunca será igual de importante para México como lo es para Perú o Chile. Sin embargo, los cuatro países siguieron reuniéndose y desarrollando la alianza, confirmando que los activos que el bloque ha generado no pueden desconocerse. Además, en un contexto político y económico tan difícil para América Latina, de pocos avances en materia de integración, parecían generarse las condiciones para que estos cuatro gobiernos impulsen una agenda desarrollista en la AP, dándole al bloque un nuevo sentido. Así, se entiende el interés del gobierno de Castillo, tal y como lo señaló el excanciller César Landa, por darle un mayor contenido social a este bloque.

Probablemente en la actualidad nos encontremos en una situación más complicada. Tres países miembros de la AP —México, Colombia y Chile— vienen cuestionando la legitimidad democrática y las violaciones a los derechos humanos que habría cometido el nuevo gobierno peruano de Dina Boluarte. Al margen de la posición asumida por las partes y de los exabruptos que muchas veces se cometen, la AP cuenta con una cláusula democrática (artículo 2 de su acuerdo marco) que vela por el respeto a la democracia y los derechos humanos, aspectos que en el Perú son parte de un profundo debate. En ese sentido, el informe de Amnistía Internacional ha sido muy crítico respecto a la actuación de las fuerzas del orden en el Perú en estos últimos meses.

De acuerdo a lo señalado, no sorprende que la relación del Perú con sus socios de la Alianza del Pacífico se encuentre bastante debilitada, al punto que el gobierno mexicano se niegue a traspasar la presidencia pro tempore al Perú, país al que le corresponde ejercerla el 2023. Nadie sabe cuál es la posición que van a asumir los gobiernos de Colombia y Chile al respecto. A pesar de que el Perú tiene el derecho de ejercer la presidencia de la AP, un resultado negativo podría ser un golpe muy duro para sus intereses en el plano internacional. 

En todo caso, a pesar de la realidad de la Alianza del Pacífico —es muy difícil avanzar en estas circunstancias—, la coyuntura va a pasar y todo lo que ofrece el bloque regional no puede ser ignorado. Ya vimos lo que sucedió años atrás. El principal proyecto de integración regional hasta hace poco tiempo, no puede acabar en estas circunstancias. Sería muy irresponsable por parte de sus miembros.


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