Un salvajismo que no se puede olvidar


Las víctimas de Accomarca, restituidas luego de 37 años


El próximo 20 de mayo se hará finalmente la restitución de los cuerpos de las víctimas de la matanza de Accomarca, una de las atrocidades más terribles cometidas en los años de violencia en el Perú. Dos semanas después de que Alan García empezara su primer mandato como presidente, exactamente el 15 de agosto de 1985, la patrulla militar Lince 7, compuesta por unos 25 soldados y al mando del subteniente Telmo Hurtado y el teniente Juan Rivera Rondón, entró a la comunidad altoandina de Llocllapampa, un anexo de Accomarca cercano a Vilcashuaman en el departamento de Ayacucho. En la plaza del pueblo reunieron a todos los habitantes, separaron a los hombres de las mujeres y los encerraron en tres viviendas. Después de violar a todas las mujeres, incluyendo a tres embarazadas, mataron a balazos a los 30 niños, 27 mujeres y 12 varones. Luego lanzaron granadas sobre sus cuerpos y prendieron fuego a las casas.

La dimensión y la brutalidad de la matanza se supo desde el primer momento, tanto así que tres días después el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado señalando que se había encontrado responsabilidad en un suboficial y fueron pasados al retiro tanto el comandante general de la zona de seguridad, el General Wilfredo Mori, así como el jefe político de la subzona. El comunicado disponía además “que se realice una exhaustiva investigación para determinar a quienes resulten responsables de dicho genocidio, sean estos oficiales o subalternos, los mismos que serán puestos a disposición de la justicia militar”. El Peruano, El Comercio y Expreso reportaron a un mes de lo ocurrido que el culpable era Telmo Hurtado.

Si bien desde el inicio se supo quién era el responsable, no se hizo mucho por alcanzar justicia y el caso le sirvió a Alan García para hacer cambios en el Comando Conjunto.  Se empezó a hablar incluso sobre la necesidad de un cambio de estrategia en la guerra contra la subversión. Generales reconocidos en ese momento, como Edgardo Mercado Jarrín y Luis Cisneros, declararon que se trataba de una guerra que solo podía ser ganada con una estrategia adecuada y en las Fuerzas Armadas cundió el nerviosismo ante la comisión de derechos humanos establecida en el Senado. Meses más tarde, en diciembre de 1985  y en el contexto de los juicios a las juntas militares en la Argentina, el exministro del Interior, el general retirado Oscar Brush, declaró a El Diario que la sentencia a los militares argentinos por la muerte y desaparición de miles de personas era un triunfo del comunismo internacional y se preguntó “¿qué nos va a pasar ahora a nosotros?”.

Inicialmente, no fue mucho lo que pasó. Si bien Telmo Hurtado fue denunciado ante el Poder Judicial, y su caso llegó a juicio en 1993 y, además, fue condenado a seis años de prisión por abuso de autoridad y por dar falso testimonio, fue absuelto de los cargos de homicidio, negligencia y desobediencia. Al final solo estuvo preso dos años, porque en 1995 se acogió a la ley de amnistía otorgada por Alberto Fujimori: su condena fue anulada, fue condecorado y ascendido al grado de mayor. Tras la caída de Fujimori en 2002 el caso fue reabierto por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Hurtado huyó a los Estados Unidos.

Durante el nuevo caso judicial sus compañeros lo acusaron en su ausencia de ser el único responsable y fue apresado en Miami por violar las leyes migratorias. Al ingresar a Estados Unidos, como a todos, le habían preguntado si alguna vez había violado derechos humanos, a lo que obviamente respondió que no. Al probarse que mentía, la suya fue considerada una falta grave para los estadounidenses. Mientras estaba detenido y en pleno proceso de extradición, los familiares de las victimas le abrieron un nuevo proceso y después de muchas demoras, ligadas a que en su segundo gobierno Alan García no tenía interés por la celeridad, fue extraditado al Perú a enfrentar el juicio en 2011.

Desde el penal Castro Castro Telmo Hurtado reconoció su responsabilidad, algo que venía haciendo en solitario desde 1986, cuando tuvo que enfrentar la justicia por primera vez. Dijo haberlo hecho por decisión propia, pero en 2012 dijo que fue conminado a dar esa versión de los hechos, “hacerse el loco”, asumir toda la responsabilidad para proteger a la cadena de mando. Declaró que “si daba la versión real, iba a perjudicar a los oficiales que planearon la operación y al personal de tropa”. Si bien admitió su responsabilidad, se negó a pedir perdón aduciendo que seguía órdenes, y aseguró que los que debían pedir perdón a las familias debían ser quienes habían dado las órdenes.

En el 2016 fueron condenados a 25 años de prisión sus superiores, el general Wilfredo Mori, que había pasado al retiro tras los hechos, y el teniente Juan Rivera Rondón. Hurtado fue sentenciado a 24 años, otros dos hombres a 25, y cinco más a 10 por haber sido quienes llevaron a cabo la masacre. Con esto se cumplió parte de la reparación por parte del Estado peruano en el proceso de llevar a los culpables a la justicia. 

Sin embargo, faltaba algo muy importante: la recuperación de los cuerpos de las 69 personas asesinadas de la manera más brutal imaginable. Deudas como esa, aún quedan muchísimas: se estima que actualmente se buscan los cuerpos de entre 15.000 y 20.000 peruanas y peruanos. La justicia y la reparación siguen tardando en llegar.

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