Un genocidio en cámara lenta

Dos estudios nos confirman la estupidez de matar un árbol

Hace un par de años, a unos pasos de mi casa, había tres ficus que le otorgaban un refugio sombreado a los transeúntes y a decenas de pajarillos. Su suerte cambió luego de que un edificio fuera levantado junto a ellos: hoy quedan tres palos muertos, como cruces en un calvario. Es claro que las excavaciones de la construcción cercenaron sus raíces y la Municipalidad de Miraflores hasta ahora no ha tomado acciones para compensar lo que era un reducto de vida. 

En las ciudades peruanas los árboles no tienen asegurados la longevidad y, como consecuencia de ello, sus habitantes tampoco: hace dos meses, un estudio de la Universidad de Chicago que mide la calidad del aire reveló que los habitantes de Lima, en promedio, ven reducidos en 4.7 años su expectativa de vida a causa del aire que respiran. Casi cinco años. Suena escandaloso, pero tiene lógica: ¿cuánto menos puede vivir un pez que respira agua contaminada?

¿Cuántas alegrías de un futuro probable se pierden los limeños por el solo hecho de haberse afincado en esta ciudad? Si usted acaba de ser abuelo, ¿cuántas risas se perderá de sus nietos? ¿Cuántas celebraciones con amigos se esfumarán en ese tiempo? Si usted es futbolero o futbolera, ¿qué mundiales de fútbol se perderá irremediablemente?

Erradicar árboles es erradicar nuestras vidas a la larga. La trampa está en ese “a la larga”: los árboles son tanques de oxígeno y nuestra desgracia ­es que no los cuidamos con la urgencia con que un buzo los atesora en sus espaldas: un astronauta puede morir a bocanadas en cuestión de segundos, pero aquí, en Lima, en este espacio también hostil, la muerte se ralentiza hasta disfrazarse de cotidianidad.

El informe más reciente de The Lancet Countdown refrenda a su modo el estudio que ya he mencionado: Lima es una de las seis capitales con menos cobertura vegetal del planeta. Un podio de índole mortal si consideramos que, según el mismo informe, los árboles pueden rebajar en 10.9% el estrés térmico.

Es evidente que la ausencia de áreas verdes no es la única responsable de todos los años que nos son mutilados: a ella se suma una estupidez organizada para que el dióxodo de carbono se apropie de nuestras calles. Un acumulado de conceptos, normas y actividades entre los que podemos contar un desbalance endémico a favor de los autos en desmedro de los peatones, el petardeo a un sistema integrado de transporte público –incluidos las licencias a unidades destartaladas y el déficit de ciclovías–, un sistema fallido de revisiones técnicas, una semaforización deficiente que provoca atascos y acumulación de gases y, por supuesto, miles de conductores que se lanzan a esta selva sin respetar las reglas de circulación.

Creo, sin embargo, que dejar morir un árbol –o no preocuparse por su reemplazo– debería tener incluso más sanción moral y económica que las que consideramos para las infracciones de movilidad: dejar morir árboles es un delito contra la vida, solo que de repercusiones no inmediatas. Un crimen en el que todos terminamos como cómplices: cuando planificamos una construcción y ponemos a la vegetación al final de las prioridades, cuando los gobiernos dejan que nuestras aguas usadas se pierdan en el mar, cuando vemos antiguas fotos de nuestras ciudades arboladas y no nos indignamos al compararlas con nuestros actuales pasajes de concreto.

Cuando, en suma, nos dan náuseas las hachas que se hunden en la carne viva y no nos conmueven las hachas que hacen lo mismo en los brazos vegetales.