Y su deseo de atacar la libertad de expresión y a las industrias culturales
Hace apenas veinte años, el Perú producía un promedio de tres a cuatro películas comerciales al año, y con suerte. Casi todas eran de productoras basadas en Lima, y en español. Si hubiera que compararnos en la región latinoamericana, estábamos en condiciones similares a las de Centroamérica y, por supuesto, muy lejos de contextos como los de México, Chile o Argentina. De pronto, hoy el Congreso quiere que retrocedamos en el tiempo.
Pero antes, un poco de contexto: décadas atrás, una interesante combinación de factores contribuyó favorablemente a una pujante creatividad audiovisual en el Perú. Por un lado, el avance de la era digital, queya no obligaba a requerir presupuestos tan grandes para grabar y producir películas. Pero también un gran aporte lo hicieron las políticas públicas para promover y cofinanciar el cine nacional, a veces directamente, o con asesoramiento de organizaciones internacionales. A esto se sumó la mejora en los canales de distribución de películas latinoamericanas: antes era mucho más fácil ver la última película de Hollywood en Perú que una película del boliviano Jorge Sanjinés.
Este avance no fue gratuito. Además del trabajo pionero de diferentes cineastas, también fue crucial el activismo de gestores culturales como el Grupo Chaski, que luego de haber generado importantes películas de cine comunitario como Gregorio (1984) y Juliana (1988), a inicios del año 2000 optaron por incursionar en la educación y difusión del cine: abrieron redes de microcine por diferentes partes del país para la distribución de películas latinoamericanas, en donde además ofrecen talleres comunitarios de cine participativo en zonas urbano-periféricas y también con comunidades indígenas. Al mismo tiempo que estos esfuerzos ocurrían en el espacio de lo local, producciones como La Teta Asustada (2009) llegaban a la Berlinale, uno de los festivales más importantes del mundo.
Como ya ocurría con otras industrias —minería, energía, comunicaciones—, desde el Estado se promovieron estímulos para la cultura vía el Ministerio de Cultura y se propuso una ley de promoción del cine. Con todos sus retos y limitaciones, estos apoyos han contribuido a que la producción audiovisual crezca de manera exponencial y, sobre todo, a que se diversifique, ya que mucho cine fuera de Lima y en lenguas oficiales distintas al español es parte de sus resultados. Aquí algunos ejemplos: Retablo (2017) fue la primera película en quecha incluida en Netflix (ahora en Amazon Prime), Los Ojos del Camino (2016) fue exitosamente presentada en el prestigioso Instituto Smithsonian; Willaq Pirqa (2022) fue ovacionada en París, y Wiñay Pacha (2017) fue considerada para su nominación al Oscar por Perú. Pero lo más importante: facilitó plataformas para conocer diversas voces y experiencias de nuestro país, y también para construir carreras artísticas que la televisión y cine limeños difícilmente permiten en personas indígenas y afrodescendientes. Muchas otras películas se cuentan en su haber, y también varios cortometrajes fueron beneficiados con fondos públicos. Hace apenas unos meses las películas Reinas (2024) y Raiz (2024) fueron seleccionadas para los festivales Sundance y Berlinale, respectivamente.
Sin embargo, el Congreso peruano, atrapado en sus miopes batallas por el poder, dirige hoy una cruzada en contra de un exitoso camino hacia la concreción de una industria nacional del cine. ¿Por qué? Al parecer, no les gusta que el cine exponga un país que varios desean obviar: multicultural, multilingüístico, y con diferentes lecturas de nuestra realidad e historia. En varias entrevistas, algunos congresistas han expresado su molestia por la existencia de películas en lenguas originarias, o que no todas sus tramas sean alegres y desproblematizadas. La ley que buscan aprobar indica que:
“No pueden beneficiarse de los estímulos económicos aquellas obras cinematográficas que atenten contra el Estado de derecho y afecten la defensa de los intereses del Estado peruano, así como aquellas que contravengan la Política de Seguridad y Defensa Nacional, o vulneren la Constitución Política del Perú…”.
¿Quién decidirá que es ofensivo o qué temas ‘vulneran la Constitución’?
Si una ley así estuviera en ejercicio en otros países ¿le bajarían el dedo a Día de la Independencia por exponer un ataque a la capital del país, o también a la saga de El Padrino por mostrar una ‘negativa’ violencia en las calles de Nueva York?
El influyente pensador francés del siglo XX Pierre Bourdieu indicaba que los grupos de poder económico buscan legitimarse a través del campo cultural. Esto, debido al rol que tiene la cultura en la reproducción de las estructuras sociales. El Congreso, consciente de ello y sin importarle la industria cultural que se ha gestado en los últimos años, busca imponer censura. No lo permitamos.
Nota al pie:
Este 11 de junio, 2024 a las 8 p.m., en el Martes de Jugo en Casa Rebara (Miraflores-Lima), los cineastas Rossana Díaz Costa y Joel Calero conversarán con Gustavo Rodríguez sobre estos temas y otros asuntos quizá más felices.
Los esperamos con canchita y cerveza.
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Y porqué el cine tiene que ser materia de política pública ? Que corona tiene para que los impuestos de todos los peruanos, vaya a financiar una actividad intrascendente y de pésima categoría,, con peliculas que nadie ve??????? hagan esos bodrios infumables con su dinero, no es necesidad púbica ni nada que justifique por ningún lado ese privilegio. El congreso debería eliminar por completo este subsidio improductivo que solo es tirar la plata de todos los peruanos a la basura.
El artículo de Rossana de hoy es la respuesta:
(Respuesta de Rossana Díaz Costa):
Estimado Ricardo, no sé si habrás tenido una infancia difícil, o si algo pasó a lo largo de tu vida que no te haya permitido amar el cine. Es difícil conversar con personas a quienes no les gusta ver películas, y menos películas de su propio país, películas que han sido reconocidas internacionalmente, que han dado la vuelta al mundo, que han enseñado a muchas personas a conocer y valorar el Perú. Tal vez, Ricardo, tu opinión está formada por alguna mala película que viste alguna vez y generalizas a partir de ahí al cine peruano que se ha hecho con estímulos económicos. Tal vez no te gusta ver un Perú que no se parece al Perú en el que tú vives, o tal vez no te gusta ver películas en las cuales se habla de nuestras desigualdades, injusticias y conflictos sociales, o tal vez no te gusta que una película te incomode o interpele, o bien que genere algún tipo de pensamiento crítico acerca del país en el que vivimos. O, sencillamente, no toleras las formas de pensar que son distintas de la tuya. Todas estas son posibilidades que se me vienen a la mente en este momento para entender tu rechazo hacia un cine peruano más comprometido con nuestros problemas.
Pues, tratando de entender esto y centrándome en la economía, que es tu principal preocupación, te contaré lo siguiente: los estímulos económicos que han permitido que se hagan muchas películas en nuestro país en los últimos años no son dinero regalado que no se devuelve al Estado. Por cada sol que el Estado peruano invierte en el cine a través de estos estímulos, se le devuelve 1.8 soles. Esto es algo que no me estoy inventando o que estoy suponiendo. Te invito a que busques un estudio de la Universidad del Pacífico en el cual se estudia la “economía naranja” a profundidad —aquella que se crea a partir de las industrias culturales— y donde aparecen estas cifras tan reveladoras.
Para que se entienda de dónde sale esta devolución hay que entender cómo se hace una película. En el rodaje de un largometraje de ficción trabajan, por lo menos, 50 o 60 personas, entre el equipo técnico y artístico. Muchas veces hay más personas si es que hay muchos personajes en la película. Cada una de estas personas gana un sueldo y paga sus impuestos. También se emplean diversos servicios, como catering, restaurantes, transportes, hoteles, entre otros, con lo cual se dinamiza la economía del país. Todas las personas y empresas que ofrecen estos servicios también pagan sus impuestos. Son varios los meses de trabajo entre la preproducción y la producción de una película, y al finalizar el rodaje se sigue trabajando en la etapa de postproducción y entran nuevos técnicos, con lo cual se sigue dinamizando la economía a través de, por lo menos, unos seis meses más. Pero esto no termina aquí. Al momento de distribuir y exhibir la película también se necesita de un equipo que trabajará en el estreno del film y se siguen creando puestos de trabajo, manteniendo a muchas familias que viven del cine y se siguen pagando impuestos al Estado. Son procesos de un año o de hasta un año y medio. Es así como se termina devolviéndole al Estado 1.8 soles por cada sol que se nos dio.
Pero no solo es eso. En el caso de personas como yo, que no vivo de ser técnica, sino que soy guionista, directora y productora ejecutiva, podemos estar años empujando el proyecto de una película, desde que es solo una idea hasta que se convierte en un guion, buscando el financiamiento no solo a través de los estímulos económicos de nuestro país, sino también a través de coproducciones internacionales. No es nada fácil encontrar una coproducción con otro país, toma años llegar a acuerdos, pagándole a abogados, notarios, firmando contratos complejos. Y para que confíen en nosotros es casi obligatorio tener el aval de tu propio país, es decir, es necesario haber obtenido estos estímulos.
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