Un Congreso que odia el cine  


Y su deseo de atacar la libertad de expresión y a las industrias culturales


Hace apenas veinte años, el Perú producía un promedio de tres a cuatro películas comerciales al año, y con suerte. Casi todas eran de productoras basadas en Lima, y en español. Si hubiera que compararnos en la región latinoamericana, estábamos en condiciones similares a las de Centroamérica y, por supuesto, muy lejos de contextos como los de México, Chile o Argentina. De pronto, hoy el Congreso quiere que retrocedamos en el tiempo.

Pero antes, un poco de contexto: décadas atrás, una interesante combinación de factores contribuyó favorablemente a una pujante creatividad audiovisual en el Perú. Por un lado, el avance de la era digital, queya no obligaba a requerir presupuestos tan grandes para grabar y producir películas. Pero también un gran aporte lo hicieron las políticas públicas para promover y cofinanciar el cine nacional, a veces directamente, o con asesoramiento de organizaciones internacionales. A esto se sumó la mejora en los canales de distribución de películas latinoamericanas: antes era mucho más fácil ver la última película de Hollywood en Perú que una película del boliviano Jorge Sanjinés. 

Este avance no fue gratuito. Además del trabajo pionero de diferentes cineastas, también fue crucial el activismo de gestores culturales como el Grupo Chaski, que luego de haber generado importantes películas de cine comunitario como Gregorio (1984) y Juliana (1988), a inicios del año 2000 optaron por incursionar en la educación y difusión del cine: abrieron redes de microcine por diferentes partes del país para la distribución de películas latinoamericanas, en donde además ofrecen talleres comunitarios de cine participativo en zonas urbano-periféricas y también con comunidades indígenas. Al mismo tiempo que estos esfuerzos ocurrían en el espacio de lo local, producciones como La Teta Asustada (2009) llegaban a la Berlinale, uno de los festivales más importantes del mundo.

Como ya ocurría con otras industrias —minería, energía, comunicaciones—, desde el Estado se promovieron estímulos para la cultura vía el Ministerio de Cultura y se propuso una ley de promoción del cine. Con todos sus retos y limitaciones, estos apoyos han contribuido a que la producción audiovisual crezca de manera exponencial y, sobre todo, a que se diversifique, ya que mucho cine fuera de Lima y en lenguas oficiales distintas al español es parte de sus resultados. Aquí algunos ejemplos: Retablo (2017) fue la primera película en quecha incluida en Netflix (ahora en Amazon Prime), Los Ojos del Camino (2016) fue exitosamente presentada en el prestigioso Instituto Smithsonian; Willaq Pirqa (2022) fue ovacionada en París, y Wiñay Pacha (2017) fue considerada para su nominación al Oscar por Perú. Pero lo más importante: facilitó plataformas para conocer diversas voces y experiencias de nuestro país, y también para construir carreras artísticas que la televisión y cine limeños difícilmente permiten en personas indígenas y afrodescendientes. Muchas otras películas se cuentan en su haber, y también varios cortometrajes fueron beneficiados con fondos públicos. Hace apenas unos meses las películas Reinas (2024) Raiz (2024) fueron seleccionadas para los festivales Sundance y Berlinale, respectivamente.

Sin embargo, el Congreso peruano, atrapado en sus miopes batallas por el poder, dirige hoy una cruzada en contra de un exitoso camino hacia la concreción de una industria nacional del cine. ¿Por qué? Al parecer, no les gusta que el cine exponga un país que varios desean obviar: multicultural, multilingüístico, y con diferentes lecturas de nuestra realidad e historia. En varias entrevistas, algunos congresistas han expresado su molestia por la existencia de películas en lenguas originarias, o que no todas sus tramas sean alegres y desproblematizadas. La ley que buscan aprobar indica que:

“No pueden beneficiarse de los estímulos económicos aquellas obras cinematográficas que atenten contra el Estado de derecho y afecten la defensa de los intereses del Estado peruano, así como aquellas que contravengan la Política de Seguridad y Defensa Nacional, o vulneren la Constitución Política del Perú…”. 

¿Quién decidirá que es ofensivo o qué temas ‘vulneran la Constitución’? 

Si una ley así estuviera en ejercicio en otros países ¿le bajarían el dedo a Día de la Independencia por exponer un ataque a la capital del país, o también a la saga de El Padrino por mostrar una ‘negativa’ violencia en las calles de Nueva York? 

El influyente pensador francés del siglo XX Pierre Bourdieu indicaba que los grupos de poder económico buscan legitimarse a través del campo cultural. Esto, debido al rol que tiene la cultura en la reproducción de las estructuras sociales. El Congreso, consciente de ello y sin importarle la industria cultural que se ha gestado en los últimos años, busca imponer censura. No lo permitamos. 

Nota al pie:

Este 11 de junio, 2024 a las 8 p.m., en el Martes de Jugo en Casa Rebara (Miraflores-Lima), los cineastas Rossana Díaz Costa y Joel Calero conversarán con Gustavo Rodríguez sobre estos temas y otros asuntos quizá más felices.

Los esperamos con canchita y cerveza.


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1 comentario

  1. Ricardo

    Y porqué el cine tiene que ser materia de política pública ? Que corona tiene para que los impuestos de todos los peruanos, vaya a financiar una actividad intrascendente y de pésima categoría,, con peliculas que nadie ve??????? hagan esos bodrios infumables con su dinero, no es necesidad púbica ni nada que justifique por ningún lado ese privilegio. El congreso debería eliminar por completo este subsidio improductivo que solo es tirar la plata de todos los peruanos a la basura.

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